¿Por qué no damos seguimiento a los estudiantes del sistema educativo mexicano?

México aún no cuenta con un sistema para analizar la trayectoria educativa de las y los estudiantes: cuándo hay dificultades; cuándo obtienen los mejores resultados; por qué cambian entre opciones educativas; o por qué desertan.

Marco Antonio Fernández (@marco_fdezm) y Pablo Moreno | Programa de Anticorrupción y Educación

Monitorear el progreso de algún o alguna estudiante por los distintos niveles educativos del Sistema Educativo Nacional (SEN) resulta tan fácil como encontrar una aguja en un pajar. A pesar de múltiples esfuerzos, México aún no cuenta con un sistema efectivo para saber en qué momento de la trayectoria educativa las y los estudiantes se encuentran con dificultades; cuándo se obtienen los mejores resultados de aprendizaje; o incluso, por qué las y los jóvenes cambian entre opciones educativas o salen del SEN. Y no se trata solamente de un dato agregado estadístico, sino del seguimiento individual puntual de cada estudiante.

A lo largo de los distintos tramos escolares, algunas entidades federativas o subsistemas hacen buenos esfuerzos, pero se encuentran dispersos y fracturados. El Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), administrado por el gobierno federal, tampoco cuenta con un registro eficiente ni suficiente de los elementos necesarios para el seguimiento de aprendizajes y otros factores que amenazan la continuidad de trayectorias educativas. Una vez más, nos enfrentamos a la falta de información y articulación que representa un problema para el acompañamiento a estudiantes y, también, para la evaluación del impacto de las políticas educativas.

¿Por qué es prioritario seguir las trayectorias educativas?

En México, el recorrido por el sistema educativo empieza tarde y termina muy temprano. Únicamente 7.1 % de infantes reciben atención educativa durante sus primeros tres años de vida y 62.4 % durante la edad preescolar. Además, sólo 28 de cada 100 personas que inician sus estudios de primaria, terminan la educación superior. Es en el tramo de bachillerato donde más estudiantes dejan de estudiar: de cada 84 que ingresan, sólo 52 concluyen la media superior.

La interrupción de los estudios o “desvinculación escolar” es el resultado de un largo proceso de desconexión entre un estudiante y el sistema educativo que puede limitar las oportunidades laborales, provocar vulnerabilidad económica y menor autonomía para desarrollarse como persona y ejercer la ciudadanía.

Sin embargo, no se cuenta con información completa y actualizada para identificar de manera oportuna los factores más importantes en el proceso de desvinculación de la escuela en nuestro país. La Encuesta Nacional de Acceso y Permanencia Escolar (2021) ofrece pistas sobre las razones que llevan a las y los jóvenes de 12 a 22 años a dejar de estudiar. Destacan la falta de interés o apatía por la escuela, y en algunos casos la falta de dinero o recursos. Adicionalmente, se suman elementos como bajas calificaciones, aprendizajes deficientes, repetición de cursos, inasistencia, cursar un nivel educativo fuera de la edad ideal (extraedad), entre otros eventos que van acumulándose poco a poco.

Esta encuesta sería clave para fundamentar el diseño de políticas públicas. Además, otras fuentes de evidencia confirman que “la interrupción de trayectorias educativas no es simplemente un fenómeno económico”. Es cierto que la falta de recursos y las dificultades sociales asociadas son factores agravantes que contribuyen a empeorar este fenómeno. No obstante, enfocar las políticas correctivas solamente en la distribución de becas para atender las carencias monetarias es contraproducente, pues deja de lado otras variables que son igual o incluso más importantes en la desvinculación escolar. Un enfoque tan estrecho impide visualizar todo el panorama y —en consecuencia— da fruto a iniciativas ineficientes que no logran atacar efectivamente las raíces del problema.

SAASIL, una propuesta de alerta y acompañamiento

En el contexto de los cambios de gobierno a nivel federal y de nueve entidades federativas, y ante la urgencia de extender las trayectorias educativas, las nuevas autoridades deben allegarse de información y evidencia que permitan tomar decisiones e implementar políticas pertinentes y oportunas.

Para contribuir a la agenda educativa, desde la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad, de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, y México Evalúa, proponemos un Sistema de alerta y acompañamiento (SAASIL) destinado a mejorar el seguimiento de estudiantes y la identificación de sus logros durante sus trayectorias educativas.

Dicho sistema permitiría a las autoridades y comunidades educativas contar con una guía para la implementación de políticas preventivas, de recuperación y de acompañamiento que ayuden al estudiantado a fortalecer su vinculación con el SEN, permanecer en la escuela y completar su recorrido por todos los niveles escolares de manera satisfactoria.

Para lograr estos objetivos, se plantea que el SAASIL tenga una funcionalidad dual. En primera instancia, debe servir como un sistema de alerta temprana para identificar a estudiantes en riesgo de abandonar la escuela. Recordemos que la desvinculación —deserción o abandono escolar— no es producto de un evento adverso que orilla a una persona a dejar sus estudios, sino del resultado de un largo proceso en el que progresivamente el o la estudiante va sintiéndose ajeno a lo que la escuela le ofrece.

El SAASIL debería servir para identificar “banderas rojas” que adviertan a directores y docentes, y, por supuesto, a las autoridades educativas, sobre el riesgo de deserción escolar. Esto daría a autoridades y actores locales (desde directivos hasta desvinculación, personal administrativo y familias) la oportunidad de colaborar para focalizar las medidas más efectivas de acuerdo con las necesidades de cada estudiante o el contexto de las escuelas. Por ejemplo, fortalecer aprendizajes fundamentales o atender desafíos emocionales, o bien, buscar apoyos económicos para evitar que estudiantes específicos abandonen la escuela.

En segunda instancia, el SAASIL debería cumplir una función transversal como un sistema de acompañamiento. Esta dimensión se centra en el monitoreo de los logros individuales y de las comunidades escolares, y la recopilación de buenas prácticas escolares a lo largo del país. El componente de monitoreo permitirá atender a alumnas y alumnos en riesgo de dejar la escuela y, a su vez, tener información que sirva para cuidar del resto del estudiantado.

Evidencia y flexibilidad: lecciones de la experiencia internacional

En décadas previas, nuestro país experimentó este seguimiento con el Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas (Rename) y con el Sistema de Alerta Temprana (SisAT). El Rename permitió adelantar los cimientos de estadística educativa que ahora se incluyen en el SIGED, aunque no logró unificar las múltiples fuentes y formatos que se utilizan en las entidades federativas para recopilar información de los actores y el contexto de las escuelas.

El SisAT, por su parte, dependía de espacios de trabajo en los Consejos Técnicos Escolares en los que se recopilaban y revisaban datos académicos de educación básica; y aunque la práctica de monitoreo de indicadores continúa realizándose durante los espacios de trabajo colegiado docente, la información no permea hacia los sistemas educativos estatales o el federal para tomar decisiones coordinadas y articular acciones con otros niveles educativos.

SAASIL podría aprovechar los avances en la inteligencia artificial y las telecomunicaciones para homologar información, y considerar diferentes datos y la diversidad de contextos en que se mueven las y los estudiantes.

Ahora bien, reconocer la naturaleza multifacética de un problema como la desvinculación escolar es un buen inicio, pero devela otras dificultades. Si hay tantos factores por considerar, ¿cómo sopesar las acciones y una ruta efectiva para atender la problemática?

Una primera estrategia para dirigir los esfuerzos de política pública es recurrir a modelos o experiencias que cuenten con evidencia de efectividad. Estos modelos deben ser factibles o posibles de implementar, y lo suficientemente flexibles para ajustarse conforme se avanza en su operación.

Encontramos tres ejemplos con lecciones que podrían ser recuperadas por las nuevas autoridades educativas si estuvieran interesadas en diseñar y operar un sistema como el que aquí proponemos:

• La metodología ABC del National Center for Education Evaluation and Regional Assistance (NCEE) que consiste en enviar alertas a las escuelas cuando se identifican datos atípicos en alguno de tres indicadores: asistencia escolar (attendance), conducta en el aula (behavior in the classroom) y calificaciones o resultados de desempeño (course performance). Por ejemplo, se considera a un o una estudiante en peligro si presenta: inasistencia igual o mayor a un 10 % en un periodo, o dos faltas injustificadas consecutivas; uno o más cursos reprobados; problemas de comportamiento como suspensiones y reportes de conducta. Si algún o alguna estudiante supera estos umbrales, se implementan medidas correctivas para revincularle con el sistema. Es cierto que pueden existir otros indicadores adicionales para identificar los riesgos, por lo que la metodología permite que cada escuela pueda sumarlos a partir de su experiencia y considerando su contexto. Este procedimiento lo usamos en las recomendaciones para prevenir abandono escolar en las secundarias públicas de Guanajuato.
• El modelo de seguimiento de Guatemala, que depende de estadísticas que rutinariamente recopilan las escuelas, como códigos de identificación de estudiantes, asistencia, desempeño académico, conducta, datos demográficos, entre otros. En vez de crear nuevos indicadores, se identificaron aquellos que ya eran conocidos y manejados por directivos y docentes para facilitar la apropiación del sistema de monitoreo. Esto es fundamental para la operación correcta del modelo y evitar incrementar las cargas administrativas que ya padecen las comunidades escolares. Otra fortaleza del sistema de Guatemala es que se acompaña de sesiones de formación en las que todas las personas involucradas reciben materiales que explican la importancia de contar con datos para orientar acciones y lograr que las y los estudiantes permanezcan más y aprendan más en sus escuelas.
• Uruguay probó por varios años una herramienta de seguimiento de estudiantes que hoy se basa en modelos predictivos apoyados por inteligencia artificial. Previamente se incorporaron componentes tecnológicos menos complejos, como una matriculación digital única para preinscribir y monitorear estudiantes en los siguientes niveles escolares, que se fueron ajustando de acuerdo con sus hallazgos y su efectividad.

Dados los cambios a los que se somete constantemente a los sistemas educativos estatales en México, nuestra estrategia de monitoreo deberá ser adaptable, y constantemente evaluada para asegurar que los datos sean útiles para cumplir su propósito final: seguir y salvaguardar las trayectorias educativas del estudiantado.

Esto también implica que progresivamente se puedan incluir elementos tecnológicos para la recopilación oportuna de información, como el aprendizaje automático, y así incorporar modelos que puedan analizar más datos y realizar estimaciones más certeras. En el caso nacional, el Sistema de Actuación Temprana para la Permanencia Escolar (SATPE) para la educación básica del estado de Guanajuato puede contribuir con su experiencia ya probada al respecto.

Una consideración final

La propuesta de SAASIL —que en maya significa claridad— pretende llamar la atención sobre la importancia de contar con un sistema para proteger y acompañar las trayectorias educativas del estudiantado mexicano. No sólo buscaría atender la deserción escolar, sino también fortalecer los vínculos entre actores del SEN. El filósofo romano Séneca afirmó que “para el que ignora el puerto al que encaminarse, ningún viento le es propicio”. Empero, ¿cómo saber a dónde dirigirse sin saber dónde se está parado? SAASIL buscaría acompañar el paso de todas y todos los estudiantes mexicanos por la escuela, a la vez que ofrecería pistas para que la autoridad reconozca cuáles apoyos y políticas necesita implementar, dentro y fuera de las comunidades escolares.

Los datos disponibles nos indican que la recuperación de trayectorias implica, prioritariamente, la implementación de acciones remediales y de refuerzo de aprendizajes, ayudando a que las y los estudiantes se sientan preparados para la escuela. Además, es importante la búsqueda intencionada y orientación de las y los jóvenes que han dejado la escuela, mediante los contactos que tienen los centros escolares.

La información debe ser recopilada a lo largo de toda la trayectoria educativa, desde la educación básica hasta la media superior, prestando especial atención a las transiciones críticas, por ejemplo, de secundaria a media superior o en el primer año de media superior donde se presenta la mayor pérdida de estudiantes en el sistema educativo. Asimismo, es esencial capacitar técnicamente a los actores educativos para aprovechar un Sistema de Alerta y Acompañamiento, con el objetivo común de asegurar el derecho de todas y todos los mexicanos a #AprenderParejo.

Es común encontrar en el sistema educativo estadísticas que se compilan pero que poco se utilizan para focalizar políticas para atender las problemáticas que ocurren en los planteles: información que llega a los directores pero que no se acompaña de explicaciones suficientes de cómo aprovecharla o adolecen del seguimiento necesario para saber cómo se traduce en acciones que se llevan a cabo en sus centros educativos; información fragmentada entre niveles educativos y subsistemas escolares que no comparten estadísticas y complican aún más una adecuada coordinación entre las autoridades educativas federal y de los estados; información fundamental, como el estado que guarda la infraestructura escolar, que está desactualizada, etc.

En el desprecio a la información educativa sistematizada, donde el país no puede siquiera dar seguimiento puntual a sus estudiantes, se retrata la poca relevancia que le damos a garantizar la equidad de oportunidades educativas y que éstas sean de excelencia, como señala nuestro marco constitucional. En la transición de gobiernos en los próximos meses hay una oportunidad para que comencemos a corregir estas omisiones, que permita mejorar la gestión del sistema educativo, cuyas debilidades van más allá de estadísticas incompletas o inexistentes. Es un paso necesario que ya no debe postergarse dentro de los esfuerzos para impulsar las trayectorias educativas y los aprendizajes de millones de estudiantes en nuestro país.

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Los autores agradecen los comentarios técnicos y editoriales de Sandra Reyes Lüscher, Daniel Hernández, Karla Contreras Pascual y Stephany Cisneros.