¿Por qué Claudia, Jorge y Xóchitl deben hablar de las cárceles en México?
Quien encabece el siguiente gobierno deberá abordar el tema de las prisiones en México como parte de su estrategia en materia de seguridad y justicia.
Por Susana Camacho
susana.camacho@mexicoevalua.org
En pleno periodo electoral, la violencia y la inseguridad son de los temas que más expectativas generan en las promesas de campaña por la presidencia. En particular, ha llamado la atención la propuesta de la candidata Xóchitl Gálvez, sobre “la construcción de un penal de alta seguridad con tecnología de punta para los peores criminales”. Esta idea generó reacciones inmediatas de sus contrincantes. El candidato Jórge Álvarez Máynez respondió que, en vez de construir una mega cárcel, se tiene que invertir en la construcción de academias de policía. Por su parte, la candidata Claudia Sheimbaum, propuso la creación de universidades para jóvenes, en vez de más prisiones.
Campañas electorales aparte, quien encabece el siguiente gobierno deberá abordar el tema de las prisiones en México como parte de su estrategia en materia de seguridad y justicia. La prisión comúnmente se plantea como el último eslabón entre las instituciones que integran el sistema de seguridad y justicia para castigar a quienes cometen delitos. El castigo de prisión se presenta como la solución más natural contra la impunidad. ¿Pero es así?
La mega-cárcel de El Salvador, bajo el pretexto de un estado de excepción
En el ámbito internacional, tenemos el ejemplo de la mega cárcel más publicitada del mundo: el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Este Centro fue inaugurado el 31 de enero de 2023 por el presidente Nayib Bukele en el contexto de la aplicación de un estado de excepción. Sólo se sabe que la mega-cárcel tiene capacidad para 40,000 internos, y que desde marzo de 2022 han sido detenidas 68,000 personas.
El argumento más utilizado por Bukele es que el homicidio disminuyó de una tasa de 106.3 homicidios por cada 100 mil habitantes a 7.8. No obstante, de acuerdo a la organización salvadoreña Cristosal, esta política de Estado ha estado rodeada de cuestionamientos en materia de transparencia, acusaciones de violaciones a derechos humanos y debilitamiento del sistema de justicia.
Muchos son los testimonios de mujeres y familiares que dan cuenta cómo sus hijos, esposos y padres fueron sacados a la fuerza de sus casas o trabajos para apresarlos. Las personas encarceladas en el CECOT coinciden en ser hombres, jóvenes y de barrios pobres. Sus encarcelamientos, envueltos en total opacidad, no siempre son resultado de procesos justos, y llega a ser independiente de si los condenados cometieron o no un delito, o si participaban o no en bandas criminales.
El caso mexicano: de la pretendida readaptación social al punitivismo
Hasta el momento no se ha logrado demostrar con datos que, en México, construir más cárceles —y la consecuente privación de la libertad a más personas— haya tenido un impacto directo en la disminución en la incidencia delictiva. Tampoco se han conseguido los fines de readaptación social, prometidos como finalidad de la prisión.
Hemos experimentado en las últimas décadas políticas públicas y legislación que han fluctuado entre el populismo punitivo y sistemas penales más racionales, sin rumbo definido y constante. Por populismo punitivo nos referimos a propuestas como la construcción de más cárceles, cárceles de alta seguridad, prisión automática, detenciones arbitrarias, uso de fuerza represiva, aumento de penas o incrementar delitos en los códigos penales.
Por otra parte, en un sentido más racional de las sanciones penales o respuestas del Estado frente al delito en México, también encontramos ejemplos. Uno de ellos son los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que privilegian el acuerdo entre personas y la reparación del daño, antes que la cárcel como castigo. Otro ejemplo es la suspensión condicional, que permite que la persona procesada cumpla una serie de obligaciones o condiciones en vez de ser privada de su libertad. La disminución de la prisión preventiva es otro mecanismo que busca atender caso a caso, de manera que sólo procede el encarcelamiento cuando la libertad de la persona implica algún riesgo para las víctimas o el proceso. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentará en breve un proyecto para eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa, que impone cárcel sin presunción de inocencia. Por último, podemos mencionar los llamados beneficios preliberacionales y las sanciones que no son privativas de libertad.
Tres sexenios de indecisión con respecto a las políticas penitenciarias
En el gobierno de Felipe Calderón se impulsó el modelo de cárceles federales público-privadas. Sin embargo, ha sido seriamente cuestionada la transparencia de los recursos destinados a este sistema. De acuerdo con el “Informe sobre la situación de las prisiones privadas”, de México Evalúa y Documenta, 4 de cada 5 pesos invertidos en estas prisiones se ha destinado al pago de servicios contratados a entidades privadas. A su vez, el estudio Hallazgos 2022, también de México Evalúa con datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión, revela que en estos Centros se reporta un 85.7% de insuficiencia o carencia de actividades laborales.
Durante el gobierno de Peña Nieto continuó esta política de construcción y administración de prisiones bajo un modelo público-privado. Ese sexenio continuó con la ambivalencia de criterios gubernamentales con respecto a los presidios. En junio de 2016 se publicó la Ley Nacional de Ejecución de Penas que buscaba medidas menos punitivas y más alternativas a la sanción de prisión. Por otra parte —cargado hacia una postura punitivista— se aumentó el catálogo de delitos de prisión preventiva automática u oficiosa, es decir, la cárcel sin sentencia.
En el actual gobierno de Andres Manuel López Obrador la indecisión hacia las políticas carcelarias persiste. Por la parte racional, se pusieron en marcha mecanismos para acabar con el modelo de prisiones público-privadas, al cuestionarse la transparencia de recursos. En este periodo también fue anunciada la expedición de una Ley de Amnistía que permitiría despresurizar las cárceles de personas pobres. Pero esa medida ha resultado muy limitada. De acuerdo con la Secretaría Técnica de la Comisión de Amnistía, a la fecha esta ley ha beneficiado únicamente a 371 personas a nivel nacional, lo que representa un 0.16% del total de personas encarceladas en México.
En la visión punitiva, también en este gobierno se aumentó considerablemente el catálogo de delitos de prisión preventiva automática. El resultado es que en 2018 empezamos con 197,988 personas encarceladas en México, y para 2024 —según los Censos de Población Carcelaria— estamos en 226,077. Es decir, un aumento de 12.5% de población penitenciaria. Mientras tanto, la incidencia delictiva ha aumentado, y la reinserción social sigue siendo una tarea pendiente.
9 propuestas para un sistema penitenciario más racional en México
Los datos recabados por México Evalúa y otras organizaciones de la sociedad civil, cuestionan la sanción de prisión como la solución unívoca a la situación de impunidad, violencia e injusticia que se vive en nuestro país. Lo cierto es que la respuesta a la situación actual es compleja, tanto en causas como efectos. De esa respuesta, el sistema penitenciario es apenas uno de sus aspectos.
Enfocándonos solamente en ese sistema penitenciario, es posible hacerlo más racional y con efectos medibles si se llevan a cabo las siguientes propuestas:
1. Revisar las alternativas a la prisión y establecer planes y programas para su implementación y seguimiento.
2. Que la sanción de prisión sea impuesta sólo en casos que lo ameriten y que tengan como objetivo la resocialización de las personas.
3. Que las personas que cometen los delitos de más impacto en las comunidades sean efectivamente juzgadas y sancionadas.
4. Que dichas sanciones sean impuestas producto de juicios abiertos y ágiles que den certeza a las personas encarceladas.
5. Eliminar la figura de prisión preventiva automática u oficiosa en términos de los tratados internacionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe pronunciarse a la brevedad sobre la validez de dicha figura, y planear la implementación de la eliminación de esta medida a nivel nacional.
6. Incluir en los estudios del sistema carcelario mexicano, el impacto en las condiciones de vida de las familias de las personas recluidas.
7. Establecer mecanismos de evaluación constante e indicadores claros sobre las condiciones carcelarias.
8. Implementar y dar seguimiento a medidas procesales y sancionatorias distintas a la prisión.
9. Fortalecer las capacidades y facultades del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y sus homólogos en los estados para la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Quien encabece el siguiente gobierno, sea Claudia, Jorge o Xóchitl, tiene como tarea revisar la legislación y las políticas públicas en materia de sanciones y cárceles. La respuesta del Estado frente al delito debe analizarse como parte integral de un sistema de seguridad y justicia que debe considerar metas en el corto, largo y mediano plazo.
