Por cada agresión a candidatos baja 1.3% la asistencia a votar, revela Votar Entre Balas

• Data Cívica, México Evalúa y Animal Político presentan una nueva etapa del proyecto “Votar Entre Balas” para entender la violencia político-criminal.
• El informe “Democracia vulnerada” detectó que la violencia contra todo tipo de actores políticos hace caer 3 puntos porcentuales la participación ciudadana.
• Por cada ataque a candidatos sube casi 1% la ausencia de funcionarios de casilla el día de la elección y su sustitución por alguien de la fila para votar.

16 de abril de 2024

Por cada agresión a una persona candidata se registró una disminución de 1.3% en promedio en la asistencia de la ciudadanía a votar entre las elecciones de 2018 y 2021, y por cada persona que desempeñaba un puesto en la función pública la caída fue de 3 puntos porcentuales, de acuerdo con el informe “Democracia vulnerada: El crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México”, publicado como parte del proyecto Votar Entre Balas.

En alianza entre las organizaciones sociales Data Cívica, México Evalúa y el medio informativo Animal Político se relanzó este martes el sitio votar-entre-balas.datacivica.org con nuevos y más detallados contenidos para ahondar en la comprensión del fenómeno de la violencia político-criminal en México. Esto incluye un mapa interactivo con datos a nivel municipal, gráficas, estudios estadísticos y reportajes que ponen rostro a las cifras de agresiones contra las y los candidatos, explicó la coordinadora del proyecto, Itzel Soto.

Durante la presentación, la coordinadora del programa de seguridad de México Evalúa, Sandra Ley, señaló que además de afectar la asistencia de la ciudadanía a votar, la violencia también provoca que las personas que habían sido seleccionadas y capacitadas para ser funcionarias de casilla no se presenten y, como marca la ley, sean sustituidas por las primeras que se forman en la fila para ejercer su voto. En ese sentido, por cada persona candidata o militante de partido atacada, hay un aumento de casi 1% de sustitución.

Un ejemplo de estas situaciones es San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, donde la participación electoral bajó de 54% a 21% después de que durante el periodo electoral de 2018 hubo un ataque contra un regidor, pero en el de 2021 sumaron tres, contra la presidenta municipal y dos exfuncionarios de seguridad. Además,  la sustitución de funcionarios de casilla fue de 8.6% en 2021 —por arriba del promedio nacional, de 3.9%—.

Otro caso es Apaseo el Grande, Guanajuato, que tuvo una caída de la participación de 50% a 39% tras el asesinato de un candidato a regidor y dos militantes de partidos en 2021, y la sustitución de funcionarios de casilla subió de 12% a 19%.

“¿Qué es lo que nos dicen estos ataques? Con un menor número de funcionarios capacitados para contar votos, si hay un mayor número de sustituciones, entonces estamos desdibujando ese elemento ciudadano del que nos hemos enorgullecido por décadas en la construcción de la democracia mexicana. Y segundo elemento: conforme se desvanece la participación ciudadana en las elecciones, entonces el crimen organizado tiene aún más posibilidades de afianzar sus lazos con el aparato estatal y con el gobierno”, enfatizó Ley.

Las investigadoras subrayaron la importancia de analizar no sólo las agresiones en periodos electorales, sino también durante la trayectoria de las personas ya como autoridades, ya que la violencia continúa y tiene efectos en el contexto municipal que también se analizaron.

En ese sentido, otro de los hallazgos fue que por cada ataque a funcionarios públicos, al año siguiente aumenta cinco puntos la tasa de homicidios en el municipio. Como ejemplo, en Atoyac, Veracruz, el presidente municipal suplente fue secuestrado y posteriormente asesinado a principios de 2019, después de lo cual se disparó casi cinco veces la tasa de homicidios.

De nivel municipal, 77% de las víctimas de violencia político-criminal

La importancia de hacer este tipo de análisis a nivel municipal está en que es donde más se presenta la violencia político-criminal: el 77% de víctimas aspiraban o tenían un cargo de ese orden de gobierno. De hecho, de las casi 1,400 víctimas registradas por Votar Entre Balas en el periodo de 2018 a 2023, un tercio han sido alcaldías, sindicaturas y regidurías.

“El interés de las organizaciones criminales está en el nivel local, ya que así es como construyen su controles territoriales: localidad por localidad, para consecuentemente controlar municipios y regiones enteras”, señala el informe presentado.

Por partidos políticos, un cuarto de las víctimas eran de administraciones de Morena, lo cual es lógico dado que es el partido que más ayuntamientos ha ganado en las últimas elecciones; sin embargo, si se considera que PAN, PRI y PRD han competido como coalición en la mayor parte de los municipios, este grupo de oposición concentra más del 40% de los ataques.

Durante la presentación, Ernesto Núñez, subdirector de Animal Político, presentó el primer reportaje que a partir de estos datos se publica, “La democracia en Guerrero está secuestrada por el narco”, con testimonios de candidatas de ese estado que pidieron anonimato, han tenido familiares ya asesinados y contaron que prefirieron dejar de hacer campaña por seguridad, entre otros casos, o incluso capacitadores electorales que reconocen que sin permiso del crimen organizado no se puede entrar al territorio.

“Ahí es donde uno se pregunta si realmentesi eso realmente es una democracia válida, donde va a predominar el voto libre y secreto. Seguramente no”, lamentó.

Como recomendaciones de política pública, se propusieron acciones como fortalecer la profesionalización de las corporaciones de seguridad municipales, desde adecuadas condiciones laborales hasta su capacitación y certificación; que se garantice por parte de las autoridades judiciales el puntual seguimiento a la investigación y sanción de los culpables, para dar una señal clara del compromiso y desmantelar redes de protección existentes; que los partidos políticos asuman su responsabilidad y no postulen candidatos cuyas trayectorias y vínculos abonan a procesos de violencia, colusión e impunidad; y que autoridades electorales utilicen los datos disponibles para identificar tendencias y objetivos y se puedan generar planes de prevención y protección, entre otras medidas.