Pemex: un dinosaurio en la era postpetróleo

María Fernanda Ballesteros (@mfballe) | Animal Político

Por Pemex, a pesar de todo, siguen apostando todo. Sin importar que la empresa no cumplió con la producción prometida para este año —al contrario: de acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, alcanzó su nivel más bajo en 40 años— y que ni siquiera haya arrancado la producción en los 20 campos prioritarios que anunció[1]. Y a pesar de que estamos sumergidos en una de las peores crisis económicas y de salud, lo que debería provocar cambios sustanciales en la política de gasto del Sector Público.

Es más: en un contexto en que ya nadie, ni las empresas petroleras, le están apostando al petróleo, este Gobierno está proponiendo que en 2021 se le otorguen a Pemex más recursos del presupuesto que los obtenidos en 2020, y continuar con una refinería que nos costará más que los 10 mil millones de dólares que se anticipaban. 

El Fondo Monetario Internacional lo señaló esta semana, en el contexto del ‘monitoreo’ anual que el organismo realiza a países miembros como parte de la Consulta del Artículo IV: Pemex está utilizando recursos que tendrían que invertirse en satisfacer necesidades básicas de la población, y por eso recomienda posponer los planes de Dos Bocas, una refinería que no es viable en este momento. El FMI condiciona su apoyo al financiamiento de Pemex a que se operen cambios en la estrategia de negocios de la empresa, así como en su gobernanza.

Como mexicanos no nos podemos quedar cruzados de brazos. Se trata del dinero y de las posibilidades de desarrollo de todos. Como dice el propio presidente, el presupuesto es “dinero sagrado” y se tiene que cuidar. Si en nuestra empresa petrolera y en el Gobierno no se están haciendo las grandes preguntas con respecto al futuro de Pemex, nos toca plantearlas nosotros y exigir respuestas.

Los órganos de Gobierno de Pemex deben dar un paso al frente

Esta semana Fundar, RLIC y Lingo organizaron un foro en el que se planteó (planteamos) qué será de Pemex en la era postpetróleo, que ya estamos viviendo. Al parecer, a Morena esto también le preocupa, pues en la agenda legislativa que presentó hace unas semanas incluye diversos puntos dirigidos al sector energético, que incluyen una reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos. La pretensión: que Pemex pueda generar proyectos de energía alterna, diferente a la generada a partir de hidrocarburos, y así adaptarse a la transición energética.

En realidad, muchos de los cambios que permitirían que Pemex se adaptara a la transición energética se pueden y se tendrían que estar dando con el marco normativo actual. El artículo 5 de la Ley de Pemex señala que Pemex puede “llevar a cabo actividades de investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía distintas a las convencionales, que le permitan cumplir con su objetivo, así como la generación y comercialización de energía eléctrica”.No hay que esperar a una reforma legislativa para tomar acciones.

Los órganos de Gobierno de Pemex deberían estar poniendo el tema sobre la mesa. La introducción de elementos de gobierno corporativo en la Ley de Pemex ha pretendido profesionalizar la toma de decisión, lograr una visión estratégica de largo alcance —que no sea cegada por las necesidades políticas inmediatas en turno— y mitigar riesgos financieros y no financieros. Esto es clave para el buen desempeño de la empresa y para poder atraer mayor inversión, que la haga financieramente viable.

Este tema no es sólo ambiental, sino también financiero; y no quita el sueño sólo a Pemex. Con la inminente transición hacia energías limpias, todas las empresas petroleras en el mundo se enfrentan a grandes retos.

Algunas lo han entendido y la pregunta que se están haciendo es: ¿cómo podemos ayudar a acelerar una transición hacia energías limpias? Por eso, tanto esta transición como el cambio climático son elementos que suelen estar en su estrategia de negocios. Empresas estatales como Equinor, no han dudado en modificar sus planes de negocios para generar alianzas e invertir en proyectos que les permitan transitar de fuentes fósiles a energías renovables.

Pemex no lo ha entendido así. Ni en su plan de negocios, ni en las sesiones de su Consejo se aborda el tema, a pesar de que los inversionistas hacen fuertes llamados para frenar emisiones de carbono (cada vez será más difícil obtener inversiones si no se da respuesta a estas preocupaciones). Pemex está más que nunca aferrado a la idea de mantener y explotar lo más posible la “bonanza” de los fósiles. Una muestra clara de ello es el hecho de que Pemex sigue produciendo combustible alto en azufre, al tiempo que presiona al regulador energético para cambiar las normas de calidad de petrolíferos (NOM 16) y así poder seguir vendiendo gasolina de menor calidad.

Ni siquiera en su política de responsabilidad corporativa se vislumbra un camino que lleve a la mitigación del impacto ambiental. Dentro de los instrumentos de inversión social de Pemex, el que mayor peso tiene es el de donaciones en asfalto y gasolina a estados y municipios. En 2020 el Consejo de Administración de la empresa autorizó una partida de 1,441 millones de pesos para este rubro. Ante problemas como los derrames provocados por robo de combustible —Tlahuelilpan— su respuesta se ha limitado a este tipo de donaciones.

Si los órganos de Gobierno de la empresa no avanzan en este sentido, ¿qué está haciendo el Estado, como dueño de esta empresa, para enmendar el camino? La propia Constitución establece que Pemex debe generar valor económico con un sentido de equidad y responsabilidad social ambiental. Es decir, el mandato constitucional reconoce que además de garantizar la rentabilidad de la empresa y de proveer productos y servicios de calidad para los clientes, Pemex necesita responder a las preocupaciones sociales y medioambientales. Bajo esta visión, la generación de valor de las empresas adquiere un sentido amplio. Buscar invertir en innovación y ser más sustentable será la única forma de lograrlo.

En el Mapa de Vigilancia del Estado sobre sus empresas productivas, que desde México Evalúa presentamos recientemente, identificamos cuáles son las entidades del Estado —reiteramos: el dueño y el vigilante de Pemex— que deberían llamar a cuentas a estos órganos de Gobierno. Las 17 entidades del Estado que identificamos también tienen la responsabilidad de mejorar la rendición de cuentas que hace Pemex sobre su manejo y desempeño.

Una de las propuestas enlistadas en el Mapa es que, como parte de una política de propiedad del Estado hacia sus empresas, se incluyan objetivos e indicadores de cumplimiento en relación con aspectos de impacto socio-ambiental, y que se vea el mandato de generación de valor en un sentido amplio, que incluya aspectos socioambientales.

Esperamos que estas entidades del Estado mexicano puedan dar un paso al frente y mejorar sus mecanismos de vigilancia. Las mejoras que proponemos buscan construir un Estado más fuerte y responsable hacia sus empresas, que son de todos los mexicanos.

[1] De acuerdo con los datos presentados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos en Septiembre del 2020, sólo 15 de los 20 campos han comenzado la etapa de producción, mientras que cinco aún se encuentran en fase de exploración. Ver análisis de https://www.bnamericas.com/es/reportajes/la-produccion-de-los-20-campos-prioritarios-de-pemex-en-septiembre