Paridad en la SCJN: ¿dónde están los avances?
Por Laurence Pantin (@lpantin), Adriana Aguilar (@adi_aguiarias) y Ramiro Suárez (@SuarezGalan) | Proceso
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el año con la toma de posesión de Loretta Ortiz, la sexta mujer en ostentar el cargo de ministra desde la reforma constitucional de 1995. Con ella, cuatro mujeres integran actualmente el Pleno de la Corte: la cifra más elevada en la historia de la institución.
Este avance en la democracia paritaria se ha generado, en buena medida, a partir de las reformas constitucionales y legales que en los últimos años han dictado el incremento en la representación de las mujeres en todos los Poderes y organismos autónomos del país. La última reforma constitucional en esta materia fue en 2019, y para el caso del Poder Judicial de la Federación (PJF), la Constitución le mandata a observar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos jurisdiccionales. Sin embargo, hay que ir más allá de las señales externas. ¿Qué nos dicen los datos sobre el resto de los puestos altos del PJF? ¿Persiste la brecha en ellos?
El contexto del arribo de Loretta Ortiz
Sin duda, la llegada de la ministra Loretta Ortiz a la Corte no fue tersa: se dio después de dos intentos en los que el Senado prefirió otros candidatos.
Por otro lado, a lo largo de todo el camino que la llevó a la Corte Loretta Ortiz fue señalada por su cercanía con el titular del Ejecutivo federal, ya que participó en su equipo de transición como organizadora de los Foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional, además de haber sido fundadora de Morena y representante del partido en la Cámara de Diputados. Muchos consideraron que esta afiliación política podía poner en cuestión su independencia como juzgadora, lo que la hacía una candidata poco idónea, pues, de acuerdo con los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, la justicia no sólo debe ser independiente, sino también parecerlo.
La preocupación expresada por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados en su informe sobre la participación de la mujer en la administración de justicia, en el sentido de que “bajo la apariencia de nombramientos fundamentados en un enfoque de género pueden esconderse nombramientos políticos que no son compatibles con los requisitos de autonomía, independencia e idoneidad”, parecía poder aplicarse al caso de Loretta Ortiz. Y más cuando se recuerda el proceso fast track que llevó a su nombramiento, pues pasaron apenas ocho días entre el envío de la terna al Senado por el presidente López Obrador y la designación por las dos terceras partes de este órgano legislativo.
Aunado a lo anterior, la participación de la sociedad civil en el proceso de selección fue nula: solamente se dieron unas horas para enviar preguntas a las y el integrante de la terna –cuestionamientos que, por cierto, no se hicieron durante las comparecencias–. Asimismo, Loretta Ortiz y otra candidata, Verónica de Gyvés, ignoraron la convocatoria a un diálogo ciudadano en el que se buscaba que respondieran preguntas enviadas por la ciudadanía a través del hashtag #LePreguntaríaALaTerna[1].
Con todo y este contexto enrarecido, es importante reconocer el avance en materia de paridad de género que representa la llegada de una nueva ministra a la Corte y darle el beneficio de la duda. Con sus sentencias podrá demostrar su independencia y su compromiso con el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres. Ahora vayamos a la cuestión principal…
¿Hay paridad en los equipos de las ministras y los ministros de la Suprema Corte?
Es un buen momento para analizar si este avance se replica en otros espacios de la Corte y en los altos cargos de los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito.
Dos puestos relevantes dentro de las ponencias[2] de las y los ministros son ocupados por las personas que designan para coordinarlas, así como las y los secretarios de estudios y cuenta, cuya función más destacada es la redacción de proyectos de sentencias.
Una revisión al directorio de servidores públicos de la SCJN[3] arrojó que solamente 33% de las personas titulares de las coordinaciones de las secretarías de estudio y cuenta[4] son mujeres –es el caso en las ponencias de los ministros Aguilar y Pérez Dayán y de la ministra Piña–[5]. Por otro lado, de las 108 personas con el puesto de secretario o secretaria de estudio y cuenta en alguna de las ponencias de las y los ministros, sólo 44 (equivalente al 41%) son mujeres.
Es importante advertir que únicamente dos de las secretarías de estudio y cuenta presentan una mayoría de mujeres y dos más cuentan con una paridad exacta. De hecho, la que tiene mayor proporción de mujeres es la del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. A su vez, las secretarías de estudio y cuenta de tres de las cuatro ministras –Yasmín Esquivel, Norma Piña y Ana Margarita Ríos Farjat– están integradas mayoritariamente por hombres e incluso son de las secretarías con mayor cantidad de hombres. Loretta Ortiz es la única ministra cuya secretaría cuenta con más mujeres que hombres, aunque con la información disponible en el directorio no es posible saber si su equipo fue heredado por el ministro Franco o elegido por ella.
El ministro Zaldívar ya no tiene una ponencia como tal, ya que, por ser presidente, desempeña funciones distintas a sus colegas. Por ello no está incluido en la gráfica anterior. Sin embargo, se encontró que la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la SCJN comprende 10 secretarías de estudio y cuenta, de las cuales seis son ocupadas por hombres y cuatro por mujeres.
Si ampliamos la fotografía al Poder Judicial de la Federación en general, podemos observar que estos patrones se mantienen. Los datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2021 (CNIJF), arrojan que, a pesar de que las mujeres representan el 51% del personal de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, el personal femenino en los puestos con los salarios más altos (más de 70 mil pesos) en estos órganos solamente alcanza el 40%. Y, aunque representan el 50% del personal total del PJF –incluyendo órganos jurisdiccionales y unidades administrativas–, ellas sólo representan el 44% de los mandos superiores.
Ante esta realidad, el ministro Zaldívar ha impulsado acciones que favorecen la reducción de las brechas de género en los altos cargos de los órganos jurisdiccionales, entre las cuales podemos citar la realización de concursos exclusivos para juezas de distrito y magistradas, los acuerdos para garantizar la integración paritaria de todos los órganos jurisdiccionales, los concursos paritarios para designar a todo el personal de los nuevos tribunales laborales y, más recientemente, el proceso de selección exclusivo para magistradas de circuito para cubrir la vacante de consejero/a del Consejo de la Judicatura Federal. Como resultado de estas políticas, de 2018 a 2020, el número de juezas de distrito aumentó 21%, mientras que el número de jueces de distrito sólo creció en un 4%, de acuerdo con datos del CNIJF.
Aunque este tipo de acciones son positivas para acercarnos al principio de paridad de género, aún son insuficientes, pues la brecha sigue siendo muy grande.
La paridad en las instituciones de justicia es urgente
Más allá de que la paridad es una obligación derivada del cumplimiento del principio de igualdad sustantiva y no discriminación prevista en convenciones internacionales[6] y en la propia Constitución mexicana, ésta impacta directamente en la ‘calidad’ de la justicia, pues enriquece las resoluciones de la Corte con pluralidad de perspectivas, lo que le da mayor legitimidad a la Corte.
Lograr la paridad implica derrocar aquellos obstáculos estructurales que impiden a las mujeres ascender a los altos cargos. Por ello, se requiere de una política de género enfocada no solamente a garantizar mecanismos de selección basados en procesos rigurosos y objetivos que impidan las designaciones fundamentadas en prejuicios y estereotipos, sino también a incidir en las condiciones en las que las mujeres desarrollan su labor. Esto supone reconocer la existencia de la doble o triple jornada que muchas de ellas cubren y que forma parte de una división sexual del trabajo que, a menudo, inhibe su participación en los procesos de selección para obtener puestos de mayor jerarquía.
En una sociedad donde el presidente de un Poder Judicial local puede decir impunemente que el recorte al presupuesto del Tribunal se debe a la “pendejada de una mecanógrafa” que seguramente se estaba pintando las uñas, y donde el magistrado de otro Poder Judicial es denunciado por presunto abuso sexual en contra de una menor de edad, la participación de las mujeres en los órganos de impartición de justicia es más importante que nunca.
Las ministras cargan con la gran
responsabilidad de reivindicar el papel de las mujeres en estas instituciones.
Es una oportunidad histórica que no deben desaprovechar para que sigamos avanzando
hacia una sociedad con menos violencia de género, mayor pluralidad y una justicia
fundada en el respeto a los derechos humanos, la perspectiva de género y el
enfoque interseccional.
[1] Bernardo Bátiz también fue invitado, pero informó que no acudiría, lo cual no siquiera hicieron las otras dos integrantes de la terna.
[2] Se suele referir al equipo de trabajo de cada ministro como “ponencia”.
[3] Consultado el 5 de enero de 2022.
[4] Las secretarías de estudio y cuenta son conformadas por las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta, quienes son las personas encargadas de analizar los asuntos turnados a la ponencia de cada ministro y de proponer y redactar los proyectos de resolución de los mismos.
[5] A la fecha de consulta, esta información no aparecía para la ponencia de la ministra Loretta Ortiz.
[6] Entre ellas, podemos citar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
