Lo más importante: desmantelar el orden templario, en su aspecto criminal y en su faceta de sistema de arbitraje, de institucionalidad paralela. Estos son retos que todavía no se abordan de manera cabal, quizá todavía ni si quiera se entiendan.

El historiador especialista del Oriente Medio Henry Laurens comentó en 1982 que “Si usted entendió algo del Líbano, es porque le han explicado mal.” Esta observación se podría aplicar igualmente a Michoacán. Con esta reflexión Romain Le Cour Grandmaison, un joven analista en materia de seguridad internacional, abre su análisis sobre la situación que se vive en el estado. Romain invirtió semanas haciendo trabajo de campo en las zonas más conflictivas y violentas de la entidad, entrevistó a personajes de los distintos bandos y concluyó que Michoacán no es uno sino muchos y que restablecer la paz trasciende las acciones policiaco militares de esta primera fase de la intervención federal.

Tuve la oportunidad de conversar con Romain y de ahí surgió la idea de plasmar en un documento sus apuntes, aprendizajes y hallazgos de lo que en la entidad sucede. También establecer algunos parámetros para evaluar los resultados de la intervención gubernamental.

De todas las ideas que se exponen en el documento, escojo tres que me parecen muy potentes. La primera es reconocer que lo que el gobierno federal despliega en la entidad es táctica, todavía no una estrategia. Lidia con la violencia y con los grupos que la detentan en el estado (autodefensas, grupos criminales) en una lógica amigo-enemigo cambiante, pero no hay plan para la transformación institucional o por lo menos, éste no se conoce. Y no me refiero sólo a las instituciones de seguridad y justicia sino a todas aquellas con que se funda un contrato social. Eso es lo que Michoacán necesita hoy. (*)

Estrechamente ligado con lo anterior está el hecho de que la intervención federal está centrada en la dimensión de la seguridad y descuida otras que son igual de importantes. En las comunidades que se dicen “liberadas” del yugo criminal existen brotes de organización política que podrían ser el sedimento de procesos de reconstrucción institucional y social. Esta dimensión de la realidad michoacana simplemente no se atiende, quizá tampoco se entienda. El gobierno federal y el comisionado dialogan con el Michoacán armado, pero no con el resto. De ahí la necesidad de hacer visible estas otras dimensiones, lo que hace el documento con acierto.

Por último, y no menos importante, son las propias autodefensas. La narración que se hace en este documento del tránsito del monopolio de la violencia detentado por un grupo criminal, a su dilución en grupos de autodefensas, es particularmente interesante. Michoacán es un estado armado hasta los dientes y los michoacanos ya mostraron que están dispuestos a usar esas armas.

El 10 de mayo de 2014 el comisionado federal en la entidad anunció el primer logro de su intervención: el desarme de los grupos civiles y su integración a un nuevo cuerpo de seguridad, la policía rural. No están claros los asideros legales que dan sustento a dicho cuerpo, ni que el comisionado pueda tener control sobre él. Podemos estar frente a un nuevo grupo armado que ahora detenta la etiqueta de legítimo, pero que no se somete a la autoridad formal y persigue sus propios objetivos. Había premura, y se entiende, por mostrar control y un retorno a la legalidad. Pronto sabremos si es fachada o efectivamente un cambio en la dirección correcta para encauzar a estos grupos hacia una nueva institucionalidad.

Los siguientes pasos no son sencillos para el gobierno federal, precisamente porque debe transitar de la táctica a la estrategia. De la inmediatez y la necesidad de control, al planteamiento de un proyecto que implica un entendimiento muy profundo de las problemáticas que ahí se enfrentan.

Aun si la dimensión de seguridad y la fragmentación de la violencia estuviera en vías de resolverse, quedan muchos otros pendientes. Un primero y vital es retornar a la normalidad. Lo que implica involucrar a las autoridades locales, devolverles su autoridad. Proceso complejo por la complicidad de muchas de ellas con el crimen. La proximidad de las elecciones abre una ventana de oportunidad, si lo que prevalece es una visión de Estado y no de partido.

De la misma manera, se debe atender y dialogar con los actores políticos no armados que gozan de respaldo y legitimidad y que, hasta ahora, han permanecido marginados. Y lo más importante: desmantelar el orden templario, en su aspecto criminal y en su faceta de sistema de arbitraje, de institucionalidad paralela. Estos son retos que todavía no se abordan de manera cabal, quizá todavía ni siquiera se entiendan. Mientras esto no suceda, los cambios serán de fachada, pero no reales.

Es difícil entender a Michoacán en medio del festín interpretativo que prevalece. El documento que México Evalúa publica ofrece algunas claves. Michoacán necesita entendimiento y liderazgos que comprendan el tamaño del reto.