Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Fueron muy importantes los resultados de la elección intermedia de 2021 para este país. Pasada la jornada se hicieron todo tipo de análisis que veían los clarososcuros del desempeño de los partidos de oposición en el Congreso. Yo pienso que la elección fue un parteaguas. Haberle quitado la mayoría calificada al partido del presidente en la Cámara de Diputados está haciendo una diferencia. El presidente no se contiene, por supuesto. Él avanza en su proyecto emitiendo acuerdos, decretos, y proponiendo leyes que son contrarias a la Constitución. Pero no puede cambiar nuestro ordenamiento jurídico más importante. Y aquí está el detalle: lo que el presidente hace y deshace está sujeto al control constitucional. Y la Suprema Corte, eventualmente, se tendrá que manifestar.

Debo confesar que me gustaría ver a nuestra Suprema Corte más decidida a desempeñar su rol de tribunal constitucional. Que fuera más enérgica y expedita para decirle al presidente que así NO, que violar la Constitución no se vale. Por esa impaciencia que a veces nos supera, es que en México Evalúa diseñamos un Observatorio de la Suprema Corte de Justicia, para conocer la ruta procesal y tiempos que toma a un asunto ser resuelto en la Corte. La conclusión de este estudio es que hay discrecionalidad en los tiempos, y poca transparencia en la información sobre las fases del proceso. Y estos elementos ayudan a los amigos del presidente en la Corte a postergar decisiones. A hacer tejes y manejes contrarios al Estado de derecho.

Nuestro Observatorio de la SCJN tendrá una segunda entrega en los próximos meses, en los que analizamos casos puntuales, a lo largo de un periodo amplio, para que no se entienda que este estudio tiene dedicatoria. Debe decirse, sin embargo, que en los últimos sexenios, desde que este país tiene alternancia de partidos en el poder, no habíamos visto un gobierno tan proclive a actuar y legislar al margen de la Constitución. Dice el presidente Lopez Obrador que no son lo mismo. Es cierto: quienes le antecedieron tenían un poco más de pudor, lo que no los exonera, ciertamente. Pero debemos decir que había ciertos entendidos. Pactos de impunidad, seguro, pero también ciertos márgenes de actuación no tan contrarios a la ley para que no levantaran ámpulas. Sólo un poquito, para poder seguir haciéndolo.

La prisión preventiva puede ser intimidante para un presunto delincuente, pero también para cualquier opositor al gobierno. Se hizo el presidente de un gran instrumento para hacer sentir su poder sobre los ciudadanos, sobre todo enemigos políticos reales e imaginarios…

Ese sólo un poquito ya no se respetó con este presidente. La presente administración ha sido tan osada que ha propuesto leyes, acciones de la más diversa índole, que quebrantan el orden constitucional.  Ha sido tan osada, que ha propuesto una Ley de Energía Eléctrica que desafía nuestra Constitución y el T-MEC. Pero no sólo eso: ha quebrantado la leyes de transparencia y rendición de cuentas en obras emblemáticas al catalogarlas de seguridad nacional y, por tanto, no podemos conocer el ejercicio de nuestros recursos aplicados a ellas. Amplió también el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, a sabiendas que la figura es controvertida en un orden jurídico que se ha adherido a convenciones de protección de derechos humanos. Y lo más reciente, ha enviado al Congreso sendas iniciativas de ley que trasladan el control amplio de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, sabiendo, porque fue su propia iniciativa, que la Constitución establece un orden civil para este cuerpo de seguridad.

El presidente ha explorado un método de gobierno que llamaría a ‘palo dado, ni dios lo quita’. No es que el presidente sea un ignorante de las leyes, sino que ha decidido premeditadamente actuar al margen de la ley. Porque puede. Porque en la Corte tiene una mancuerna que ayuda a que los tiempos de resolución de asuntos clave se demoren, y algunos casos de primera relevancia se resuelvan cuando él ya no esté en el poder.

Esta semana se discuten en la Corte sendos asuntos que abordan sobre la constitucionalidad y convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. A instancias de la presidencia de la República se reformó el artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos en los que se puede dictar. Es una lista enorme que ha tenido la consecuencia de ampliar de manera muy importante (casi 30%) el número de personas privadas de la libertad que esperan sentencias. La población de mujeres en esta condición es la que más se ha elevado. Seguramente son personas particularmente desprotegidas y desprovistas de los medios para defenderse.

El Ejecutivo federal emitió un comunicado un tanto intimidante en el que sostiene que revertir esta reforma implicaría desmontar su estrategia de seguridad. Como en otros temas, su estrategia en este ámbito se da a costa del derecho de los mexicanos. La prisión preventiva puede ser intimidante para un presunto delincuente, pero también para cualquier opositor al gobierno. Se hizo el presidente de un gran instrumento para hacer sentir su poder sobre los ciudadanos, sobre todo enemigos políticos reales e imaginarios.

Esta semana veremos una discusión interesantísima y de trascendencia mayúscula, no sólo por la sustancia de la materia: el derecho humano a la presunción de inocencia, sino también porque veremos activarse a la Corte en este tema de la mayor trascendencia.

El presidente es muy poderoso y sigue contando con una base de apoyo muy grande. Pero hay que reconocer que algo de ese poder se fracturó con la elección intermedia. Al no poder cambiar la Constitución, gobierna a base de decretos y leyes que contravienen la Constitución. Y eso se puede corregir. Veo con enorme esperanza el relevo en la presidencia de la Corte, porque podremos cambiar el dicho: a palo dado… la Corte sí lo quita.