Edna Jaime

En la cresta de popularidad de Enrique Peña Nieto en el periodo de campañas, más de uno nos preguntamos qué podría suceder en México en caso de que el PRI recuperara una presencia hegemónica: mayoría en las Cámaras, mayoría en los gobiernos estatales y locales. Había el temor de que esta nueva hegemonía barriera con los contrapesos existentes en nuestro sistema político. Junto con el temor, existían opiniones que resaltaban las virtudes de las mayorías. Un mandato claro, mayoritario, podría echar a andar con más vigor una agenda y un proyecto favorable al desarrollo del país.

Al final, la contienda arrojó una ventaja por EPN y su partido, pero no tan grande como para hacerlos autosuficientes. La configuración política resultante obliga al partido mayoritario a acercarse a otras fuerzas políticas, idealmente para construir un proyecto de manera compartida. Varios observadores de la política nacional ven en esta configuración una oportunidad y ciertamente lo es: no tenemos los riesgos de una mayoría aplastante y sí los espacios y convergencias para conformar una coalición ganadora en torno a temas importantes de la agenda nacional.

El PAN actuará como una oposición responsable, creo que se puede anticipar. Mientras fue gobierno postuló reiteradamente la necesidad de emprender ciertas reformas legislativas y sería mezquino que ahora como oposición las desconociera. Además, han existido periodos en nuestra historia reciente en las que el PAN ha acompañado al PRI en coaliciones legislativas que han hecho posibles cambios importantes para México. Los antecedentes existen y fueron productivos.

Me parece, sin embargo, que hay otra arena que debemos observar y que será igual o más importante que la legislativa y de la cual pueden surgir cambios profundos en la estructura institucional y de gobierno del país. También puede representar el talón de Aquiles de la próxima administración. Me refiero a la relación del Ejecutivo federal con los gobernadores.

En este espacio, la interacción predominante no será entre el Revolucionario Institucional y otros partidos, sino entre priistas entre sí. Peña Nieto tendrá que decidir qué camino adopta en la relación con sus correligionarios en las jefaturas estatales, porque es un hecho que el éxito de su gestión está prendido del desempeño de éstos, otras órdenes de gobierno.

El reencuentro entre un Ejecutivo federal priista y sus gobernadores no será fácil. Todos los mecanismos que hacían posible el sometimiento de los ejecutivos estatales al federal están casi extintos. Los gobernadores han disfrutado de un margen de acción cada vez más amplio. Su única limitación ha sido su capacidad para endeudarse: cuando alcanzan el tope es cuando frenan. La mayoría de ejecutivos estatales no rinden cuentas ni para arriba ni para abajo, y esa situación ha menguado en buena medida los resultados de programas y políticas que ellos ejecutan, la mayoría de las veces con recursos federales o recaudados en este nivel. Ciertamente existen gobernadores con desempeño notable, pero realmente son los menos.

Las últimas dos administraciones buscaron mecanismos para ordenar la relación de la federación con los estados. Desde candados impuestos a los programas de gasto hasta el impulso de reformas contables que armonizan criterios y estándares en lo más elemental. Pero todo ello ha sido claramente insuficiente. En realidad nuestro federalismo requiere replanteamientos muy profundos y quizá estemos frente a la oportunidad de poder avanzarlos.

Todo cambio institucional necesita de la conjunción de ciertas condiciones para poder operarse. Me parece que estamos ante una singular coyuntura que hace propicia dicha transformación.

Si partimos de la premisa de que EPN tiene proyecto y lo quiere impulsar con convicción, necesitará socios en el legislativo y el alineamiento de las otras órdenes de gobierno. Porque no hay manera de tener una gestión exitosa con el desastre que hoy son algunos gobiernos en los estados y con los incentivos que hoy se desprenden de nuestro particular arreglo federal.

Por eso está en el interés del próximo Presidente: el limitar el margen de arbitrariedad con la que actúan sus contrapartes estatales, el activar mecanismos de contrapeso y rendición de cuentas que les aten de manos. Una opción es el intentar restaurar mecanismos verticales de control: que los gobernadores se sometan al Presidente restaurando mecanismos informales. Otra: la activación de pesos y contrapesos formales y de mecanismos de rendición de cuentas en el ámbito estatal y local. Ciertamente existen dinámicas locales sobre las que el ejecutivo federal no tiene control, pero otras que sí puede afectar desde la federación. Esto lo sabía el presidente Calderón y también el presidente Fox, pero sólo ahora el Ejecutivo federal tendrá un verdadero ascendente sobre sus contraparte en las entidades federativas. Estos dos elementos pueden dar impulso a los cambios institucionales que México necesita.

Lo que nos queda por probar es que Enrique Peña Nieto, efectivamente, tiene proyecto y quiere avanzar en esa dirección.