Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Nos falta mucho para contar con un marco de gobernanza presupuestal que nos asegure no sólo la sostenibilidad de las finanzas públicas, sino también el buen uso de los recursos. Tal como lo establece el artículo 134 de nuestra Constitución. A pesar de que hemos legislado y construido los controles para reducir los márgenes de discrecionalidad, hoy nos damos cuenta de que lo que edificamos eran castillos de naipes, que se derrumban con el paso de una aplanadora legislativa.

La propuesta de extinguir 109 fideicomisos es reflejo de los extremos a los que podemos llegar cuando no hay un blindaje institucional suficiente para contener los excesos del poder. Es cierto que no se nos va la vida con esta decisión, aunque las afectaciones para instituciones y personas concretas serán enormes. Hay centros de investigación, por ejemplo, que no aguantarán el efecto acumulado de tanto sablazo. Pero de eso hablaré en otra ocasión. Ahora me interesa poner en perspectiva lo que estos 109 fideicomisos significan en términos de dinero. El saldo del conjunto asciende a 68.5 mil millones de pesos (mmdp), el 1.2% del total de ingresos presupuestarios del Sector Público o el 1.1 % del gasto neto total. En los grandes números de las cuentas públicas, estos recursos no pintan tanto.

Aunque no podemos minimizar la importancia de cada peso cuando los ingresos no alcanzan —y los ingresos de 2021 no van a alcanzar porque se proyectaron con base en premisas poco realistas—, la bolsa en los fideicomisos de la que se disponga no será suficiente para tapar el boquete. La necedad del presidente de destinar casi 21 por ciento del gasto programable a Pemex Y CFE compromete el balance de 2021 y la sostenibilidad de las finanzas públicas en su conjunto. Éste es el origen del problema, pero también podría serlo de la solución, si la sensatez privara en las decisiones de Palacio Nacional.

Lo que es casi seguro es que estos recursos “recuperados” no llegarán a sus destinatarios originales. Quien lo afirma falta a la verdad. Es tan sencillo como ver el vacío de propuestas para la reasignación de esos recursos.

Pero la decisión del presidente es más que una cuestión de aritmética. Es una manera particular de ejercer el poder que ansía la centralización y el control de todo. Permítanme hacer un paréntesis: supongo que ese impulso por el control es lo que también le lleva a detestar a organizaciones de sociedad civil que pudieran rivalizar con su interpretación de la realidad, y a todo aquel que le recuerde que cada quien ocupa el lugar que le corresponde en el espacio de lo público. Fuera de ese paréntesis, el hecho de que los recursos de los fideicomisos se transfieran a la Tesorería de la Federación —donde el Ejecutivo decide su destino— es un acto de control, que da vuelo a esa noción de que el presidente es el “autorizado” para decidir lo que es correcto.

Lo que es casi seguro es que estos recursos “recuperados” no llegarán a sus destinatarios originales. Quien lo afirma falta a la verdad. Es tan sencillo como ver el vacío de propuestas para la reasignación de esos recursos. Las preguntas deben ser directas: ¿a qué programas presupuestarios se destinarán? ¿Existen los mecanismos para hacer llegar los recursos a los destinatarios? ¿Con qué criterios de transparencia? No hay respuestas. No contamos con nada de información. Al extinguirse esos fideicomisos, los recursos irán a parar a la Tesofe, y no hay más. Y será como esos juegos de ‘dónde quedó la bolita’ en un escenario donde todo es tan abrumador que es imposible dar con ella. No será fácil rastrear esos recursos.

En el pasado, los gobiernos solían subestimar los ingresos, supongo que con premeditación. Los ingresos excedentes permitían construir un presupuesto paralelo, que no se ceñía a la instrucción de los legisladores plasmada en el presupuesto aprobado. Por años tuvimos estas prácticas, que ya de por sí nos mostraban las limitaciones de nuestro marco normativo y la debilidad de nuestros contrapesos institucionales en materia presupuestal. El Legislativo, los diputados en concreto, nunca se ocuparon de poner luz sobre ese presupuesto paralelo sostenido por ingresos excedentes.

Por lo expuesto, es un hecho que no venimos del Nirvana, pero ningún otro presidente se había atrevido a tanto como el actual. En el pasado había maestría en la simulación, pero también había entendimiento sobre algunos límites. No defiendo lo que fue, pero lo que tenemos es peor. Porque la pretensión de detentar un poder incontestable no es buena, aunque quien la tenga sea un ángel. Los hombres no somos ángeles, sostenía James Madison, y necesitamos de instituciones que moldeen nuestros instintos. Sin contención la naturaleza humana puede destruir.

Lo que atestiguo en México en estos momentos es destrucción sin alternativa. Lo que veo es destrucción a secas. La propuesta de extinción de 109 fideicomisos es una muestra. El elemento más en un patrón que nos debería preocupar. En materia presupuestal se trata de una señal que nos ‘recuerda’ quién es el dueño; en materia de proyecto de país, un signo ominoso para quienes creemos que las decisiones públicas se deben adoptar en un espacio de pluralidad, donde la descentralización y la competencia de ideas genera las mejores soluciones.

Nunca nadie se atrevió a tanto, me permito afirmar. ¿Será que nuestras instituciones aguanten tanta osadía?