El gobierno debe corregir y basar su comunicación ya no en un dato imperfecto sino en indicadores más robustos de los niveles de la actividad delictiva y la victimización.

01 de Junio de 2013

El gobierno federal ha decidido medir su desempeño en materia de inseguridad con un indicador: los homicidios relacionados con delitos federales, otra etiqueta para llamar lo que algunos medios bautizaron como ejecuciones, o los homicidios vinculados con “presunta rivalidad delincuencial” en la nomenclatura del presidente Calderón. Creamos así una categoría de clasificación diferente, para un fenómeno que de súbito nos explotó en la cara, para el que no tenemos todavía una explicación cabal. Pero independientemente de ésta que es otra discusión, lo que me parece notable es que la administración tome la decisión de medirse justo con esta vara.

Para empezar, esta medición y clasificación es problemática de origen y siempre será arbitraria. En la administración pasada se establecieron una serie de características asociadas a un deceso para clasificarlo como vinculado con rivalidad delincuencial. Las motivaciones para hacerlo pudieron ser diversas, desde establecer una contabilidad oficial que restara centralidad a la que los medios realizaban. Quizá también para quitarse carga de responsabilidad en los hechos: eran los “malos” los que se mataban entre sí. Lo cierto es que fue controvertida desde que se originó y se descontinuó porque según la propia versión oficial, el recuento era endeble al no existir un veredicto e investigación judicial que le diera sustento.

Muy temprano en esta administración, la Secretaría de Gobernación comenzó a emitir regularmente comunicados de prensa con indicadores en materia de seguridad. Y, sorpresa, el indicador estelar es el de homicidios vinculados con crimen organizado junto con otros relativos a decomisos. Con esta decisión en materia de comunicación, la nueva administración se colocó en las mismas coordenadas que la administración anterior, a pesar de que prometía distanciarse de ellas.

Además, la información ofrecida en esta nueva fase presenta agravantes que se suman a los que ya de por sí cargaba: no es pública la base de datos en la que se originan las cifras que se presentan en los comunicados oficiales, tampoco lo es la metodología ni la desagregación por estado o localidad. Una colega presentó una solicitud de información requiriendo aclaración sobre lo anterior y de la respuesta podemos inferir que la metodología es la misma que la empleada por la administración anterior. Me resulta difícil pensar que se opera un cambio de estrategia cuando ni siquiera en la medición puede haber innovación.

No me cabe la menor duda de que un indicador, como el descrito, es crucial para seguir la evolución de la violencia en el país y un componente central en los trabajos de inteligencia y en los diseños de estrategias para mitigarla. Pero por los problemas de su hechura y por la opacidad con que se presenta, no puede ser la medida para evaluar la política de seguridad. Más importante, si queremos cambiar los términos de la conversación en este tema, si las políticas de seguridad han de dirigirse a la protección del ciudadano como una y otra vez lo ha ofrecido este gobierno, tenemos que poner la mirada y el énfasis en otros aspectos del fenómeno.

En el Plan Nacional de Desarrollo, recientemente publicado, se incluyen algunos indicadores para medir los avances en los cinco ejes estratégicos definidos por la administración. En el ámbito de la seguridad ofrecen un indicador que es más consecuente con los objetivos que este gobierno se ha planteado. Ahí se propone como medida la tasa de victimización: el número de personas que fueron víctimas de un delito en un periodo determinado. Si el presidente Peña sostiene sus compromisos en la materia, ésta debe ser el parámetro con que evalúe su desempeño. Si el objetivo es la protección del ciudadano, debe evitar su victimización. Y se debe dar prioridad a los delitos que más afectan su sensación de miedo, aquellos que roban la tranquilidad y merman su bienestar.

Dicho lo anterior, me parece que el gobierno debe corregir y basar su comunicación ya no en un dato imperfecto sino en indicadores más robustos de los niveles de la actividad delictiva y la victimización. Para el homicidio las fuentes de información oficiales (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública e INEGI), para el resto de delitos de alto impacto, los registros de procuradurías y las encuestas de victimización. Esta última es el instrumento más potente para conocer la realidad del fenómeno delictivo del país. La información que arroja debe ser el eje de cualquier esfuerzo de evaluación ciudadana o gubernamental.

Para ordenar nuestro debate en el tema y las propias políticas y estrategias de seguridad que hoy parecen extraviadas, comencemos por el principio: decantando bien los objetivos y los parámetros para medirnos.