Nueve meses sin fiscal general en Nuevo León… y nada sereno
Por Denise González (@dns_glz) y Chrístel Rosales (@Chris_Ros)*
Parece mentira, pero el fiscal general de Nuevo León presentó su renuncia el 5 de octubre del año pasado, y quien fungía como vicefiscal jurídico hoy todavía se desempeña como encargado del despacho al frente de la institución. El procedimiento para la designación del nuevo fiscal se encuentra suspendido por orden judicial desde principios de noviembre, con todo y que el procedimiento de designación fue objeto de una reciente reforma constitucional impulsada por el Congreso local. Este tema ha sido motivo de confrontación constante entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, y aunque diversos actores locales perciben que la vía política sería la más idónea para resolver el impasse, las partes involucradas no logran llegar a un acuerdo.
Desde hace tres años en México Evalúa hemos analizado el desempeño del sistema de justicia penal en Nuevo León a partir de información pública, así como de datos recolectados y proporcionados ex profeso por las autoridades. En el marco de este trabajo y de un proyecto específico para dar seguimiento al nombramiento de fiscales generales en el país, también monitoreamos el procedimiento de designación de fiscal general en Nuevo León, tras la publicación de la convocatoria pública por parte del Congreso local en octubre de 2022. Analizamos la normatividad aplicable al procedimiento y los acuerdos legislativos emitidos. Revisamos con lupa los perfiles de las personas candidatas y observamos las audiencias públicas ante el Congreso. Este acompañamiento al desarrollo de cada una de las etapas del procedimiento, hasta su suspensión, nos permitió identificar deficiencias.
Hoy, con una Fiscalía General que lleva acéfala nueve meses, el diagnóstico es claro: hemos llegado a esto porque tal institución, como en otros estados, sigue siendo un espacio de poder que diversos actores quieren controlar para la protección de sus intereses políticos o partidistas. Un clima político caracterizado por tanto enfrentamiento es la continuación de una historia cuyo antecedente es un procedimiento de designación deficiente, desahogado sólo de manera formal para disimular los intereses que ahora están a la vista de todo mundo. Ya lo sabíamos, pero de pronto cabe decirlo con todas sus letras: el procedimiento de designación fue una total simulación. Y en el corazón de esta historia, como ya habíamos advertido, está la independencia de la que aún carecen las fiscalías, y que es una condición necesaria para procurar justicia de calidad.
Un procedimiento opaco y sin equidad
Como decimos, en términos formales el procedimiento cumplió con lo establecido en el texto constitucional vigente y la legislación secundaria. No obstante, observamos que no cumplió plenamente con los estándares internacionales de objetividad, imparcialidad, transparencia e igualdad necesarios para una designación pública de tal relevancia. Veamos por qué.
En efecto, se emitió una convocatoria pública, y un Comité de Selección ciudadano examinó las candidaturas. Sin embargo, dicho comité no pudo cumplir con su mandato a cabalidad. Y es que tenía la facultad constitucional para analizar los perfiles y, de manera fundada y motivada, decidir quiénes integrarían la lista inicial de personas candidatas, pero se limitó a revisar si éstas habían entregado la documentación completa y a realizar entrevistas públicas. Sólo excluyó a dos de las 65 personas que se postularon. La labor, hay que decirlo, de una mera oficialía de partes.
Luego, de manera sorprendente (¿o no tanto), el Congreso local supuestamente revisó las 63 candidaturas en menos de 48 horas, y definió la lista de cuatro finalistas que habría de ser enviada al Poder Ejecutivo para la selección de una terna. Así, se puso en evidencia que la decisión legislativa sobre quiénes integrarían esta lista fue tomada tras bambalinas, seguramente desde antes de que se emitiera la convocatoria. El procedimiento llegó hasta este punto y fue suspendido luego de las acciones judiciales que algunas de las partes involucradas emprendieron. Cabe subrayar también que, aunque al menos dos de las siete mujeres candidatas que se presentaron a la convocatoria tenían 10 o más años de experiencia en la procuración de justicia, ninguna fue considerada para integrar la lista de cuatro finalistas.
Todo lo anterior ilustra la necesidad de dotar a los procedimientos y a los mecanismos institucionales establecidos para la designación de altos cargos en el sector justicia de verdaderas garantías que favorezcan el escrutinio público y la toma de decisiones basada en altos estándares de competencia e idoneidad para el puesto.
La llave: participación ciudadana
Ante la confrontación política que prevalece en Nuevo León, es necesario volver a colocar al centro del debate la necesidad de asegurar la independencia de las fiscalías. Desde México Evalúa observamos y reconocemos los avances que se han registrado en la operación del sistema de justicia penal en la entidad, y así lo hemos documentado en Hallazgos y Hallazgos desde lo local. De hecho, se coloca entre las entidades con mejores resultados en este ámbito. No obstante, la independencia sigue siendo una agenda pendiente que involucra no sólo a la Fiscalía, sino claramente también al Poder Ejecutivo y al Congreso, como ahora queda evidenciado.
En este contexto, el procedimiento de designación del fiscal general es de enorme relevancia. Si el procedimiento se hubiera desahogado de manera objetiva e imparcial; si la toma de decisiones hubiera sido transparente y con espacios reales para la participación ciudadana, se hubieran ofreciendo condiciones de certidumbre para todos los actores, y Nuevo León tendría fiscal general desde hace meses. Recordemos que las fiscalías son piezas clave en la justicia penal, y sus titulares ejercen un papel fundamental en la definición e implementación de la política criminal en el estado. El clima de confrontación e incertidumbre no hace más que debilitar a la Fiscalía como institución y al sistema de justicia en su conjunto, con lo que ello significa en términos de retrasar la transformación institucional, de no poder responder eficazmente a las principales demandas y reclamos de la ciudadanía, y de no poder potenciar los resultados y la atención que se brinda.
Es verdad que la institución no ha detenido su operación mientras ha contado con una persona encargada del despacho, pero hay que subrayar que la toma de decisiones y el impulso a la política de persecución penal requieren de un entorno de certidumbre, así como de un liderazgo capaz de articular esfuerzos al interior de la institución y de coordinarse y colaborar al exterior con las fuerzas de seguridad pública. Recordemos que el modelo de investigación criminal en el estado tiene como pilar el trabajo conjunto de células conformadas por elementos de la Fiscalía, ministerios públicos y peritos, y también de policías de investigación adscritos a la fuerza civil. La justicia penal no puede concebirse sin ese trabajo sistémico y coordinado.
El llamado
La confrontación entre los principales actores y fuerzas políticas y el impasse institucional debilitan cualquier ejercicio público. Es urgente revitalizar el espacio con la participación de otros actores locales, tales como instituciones académicas, organizaciones civiles y representantes del sector privado, que convoquen a un entorno de civilidad y entendimiento, y que se favorezca una participación y vigilancia real del eventual proceso de designación en la Fiscalía General, a fin de dotar de certidumbre y entendimiento en el sector justicia.
Desde México Evalúa nos honramos de colaborar, a nivel nacional y en Nuevo León, con diversos actores públicos y privados que desean que la justicia penal mejore, que brinde servicios dignos y acordes a la realidad del país, sin discriminación ni distinciones. Como parte de esos esfuerzos y de la necesidad de dialogar más, realizamos una mesa de análisis sobre “Designaciones en las fiscalías, movimientos clave para una justicia independiente”.
