Ante la ausencia del Estado mexicano para atender de manera efectiva el derecho a la salud, el efecto es que tenemos la mayor mortalidad evitable de 45 países.

El primer debate entre candidatos presidenciales sucedió en pleno Día Internacional de la Salud, pero ninguno logró describir los problemas estructurales del sistema sanitario en México. Tampoco hablaron de cómo el derecho a servicios médicos se ha descompuesto a un nivel trágico en el presente sexenio. Sus propuestas fueron ideas “por encima”. Las soluciones, en cambio, requieren hablar de impuestos y financiación privada, temas políticamente complicados.

Un solo indicador pinta de cuerpo entero el problema. Según el informe “Panorama de la Salud 2023 – Indicadores OCDE”, México registró la tasa más alta de mortalidad evitable de una lista de 45 países: 665 fallecimientos por cada 100,000 habitantes. El promedio de la OCDE se ubicó en 237 muertes. Comparativamente, tenemos un índice de letalidad 180.5% por encima de la norma. 

Aquí les platico de cómo veo que se entrelazan los retos. Partimos de que la incidencia de las enfermedades crónicas es muy alta. 85% de la población adulta en México (entre 30 y 60 años) presenta sobrepeso y obesidad, por lo que se encuentra en riesgo de tener o contraer el síndrome metabólico que favorece la aparición de enfermedades crónicas. Además, el gasto público en salud de 2023 representó sólo 2.5% —muy por debajo del 6% que recomienda la OMS—. Esta baja inversión pública en salud es histórica y en el presente sexenio no se resolvió. Comparado con América Latina, el gasto público en este rubro como porcentaje del PIB es de 6.6% en Argentina, Colombia de 6.1%, Chile de 5.6%, Costa Rica de 5.3%, Brasil, 4.5%; Perú, 4.3%.

Este problema no es nuevo, pero en este momento tiene todo en contra para resolverse desde el sector público. En el sector empresarial, la reacción se antoja lenta. Como contexto, apenas 11% de la población tiene seguro privado. En los últimos años observamos un notable achicamiento de la atención en los centros de salud del Estado, especialmente para personas sin seguridad social. El aumento dramático en la población que no cuenta con acceso a la salud, desde luego es parte toral del problema. Consistentemente, se desplomó el nivel de consultas médicas en los centros que atienden sin seguridad social. Aunque este indicador mejoró en 2023 con respecto al año anterior, aún se observa una caída de 74% en relación al nivel observado al cierre de 2018.

El bajo nivel de consulta médica se traduce en la falta de prevención en pacientes sanos o de diagnóstico en pacientes que ignoran sus padecimientos. También han aumentado las personas que abandonan el seguimiento de sus enfermedades. A futuro podemos esperar una mayor incidencia y complicación de estos males.

Ante la ausencia del Estado mexicano para atender de manera efectiva el derecho a la salud, las personas están demandando más servicios al sector privado. Aunque en el actual gobierno se rechaza la participación empresarial para atender a personas financiadas con recursos públicos, la evidencia señala que en este sexenio ha sucedido una privatización de facto, pero se paga con gasto de bolsillo. En 2022, el 60% de los hogares demandaron servicios de salud en el sector privado; el indicador fue 46% en 2018 y su gasto de bolsillo aumentó más de 30%.

Abriremos el nuevo sexenio con pocas posibilidades de que el erario haga inversiones en el sector salud, pues se prevé la mayor brecha entre ingresos y gastos que se haya visto en los últimos 30 años y con el menor crecimiento de los ingresos públicos en décadas, así como la necesidad de hacer gran recorte al gasto. No es conveniente, es necesaria la colaboración privada. Pero quizás lo más difícil será aceptar en dónde estamos y qué tipo de tratamiento requerimos para sanar.