Nuestro derecho fundamental a emprender
Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero
Emprender. Dígame, estimado lector, hace cuánto que no escucha esa palabra. Pareciera que se desterró de nuestro vocabulario, y lo que no se nombra se debilita en los hechos. El emprendimiento es parte de la naturaleza humana. Nuestra cabeza produce ideas, las ideas en un entorno adecuado pueden ensayarse y en algunos casos generan tanto valor a la sociedad que la transforman, y quien la generó recibe una recompensa del tamaño de su aportación. Porque las sociedades premian a quienes las transforman.
Schumpeter la llamaba la destrucción creativa. Siempre hay mejores ideas que otras, lo nuevo reemplaza a lo viejo y así las sociedades evolucionan. Una sociedad se estanca cuando adormece o mata a sus emprendedores. Cuando no les deja espacio porque los privilegios que logran para sí quienes llegaron primero son tan grandes, que ya no hay lugar para sucesores. Pienso en la actividad económica, pero permítanme también hablar de la política. Los partidos de siempre no emprenden, no ofrecen algo mejor al ciudadano porque al establecerse, cerraron las puertas o elevaron las barreras que impiden que concurran nuevos participantes. Quienes gozan de ese privilegio, un mercado protegido, se hacen perezosos, desentendidos. Matan el progreso.
Emprender en México no es un concepto de moda. Hoy no hay nada en materia de políticas públicas para fomentar el emprendimiento. Porque el emprendimiento es el anatema del control. Quien emprende rompe, no se somete. Quien emprende desafía. Quien desafía no puede ser sumiso. Por eso las palabras de moda en este sexenio son transferencias, clientelas, control… No emprendimiento.
Esta reflexión surge por trabajos recientes de México Evalúa. El primero es un Índice de Burocracia en América Latina, en el que participamos junto con otras organizaciones de la región, bajo el liderazgo de Ana Lilia Moreno para el capítulo de México, y el de Roberto Salinas y Sary Levy-Carciente para la visión del conjunto de países. El estudio se puede encontrar en nuestro sitio web. Lo que ofrece es una descripción y análisis de lo que implica ser empresario en la región. Un microempresario. El que tiene fiebre de hacer algo, por el simple hecho de ganarse la vida o por algo más, pero encuentra el hielo de la realidad. En el estudio es patente que la capacidad de Estado existe para imponer obstáculos. Y es paradójico: no está presente para construir certidumbre, sino para imponer una carga regulatoria de tal magnitud, que puede implicar 500 horas de trabajo al año, en promedio, para las empresas pequeñas de la región. No quiero hacer un argumento de desregulación total, porque estoy convencida de que el Estado tiene deberes que cumplir, como el de dar garantía a los derechos de los consumidores, a la protección del ambiente o a la salud. En fin, externalidades positivas a partir de intervenciones inteligentes.
El Índice al que hago referencia describe los excesos a partir de testimonios de personas de carne y hueso. Quienes se atrevieron a dar rienda a sus impulsos de emprender y que encontraron muchas dificultades. Sobrevivientes de trabas regulatorias que quedan exhaustos, y luego los llamamos improductivos.
Esto por sí mismo disuade a quien quiere emprender, porque implica escalar una pendiente pronunciada que no siempre deja ver la cima. Pero hay otra faceta del Estado que tiene implicaciones más profundas. No es su intrusión desmedida, sino su ausencia la que lastima. Cuando el Estado es incapaz de ejercer su autoridad para hacerse presente, para ofrecer certezas y protección, se abre un flanco que nos regresa al estado de naturaleza. A la ley del más fuerte o, más bien, del más violento. Me refiero al fenómeno del cobro de derecho de piso. Un esquema de protección que surge cuando el Estado se retrae o cuando es incapaz de proveer esa protección.
Describo un estado de indefensión en el que quedan quienes desean ejercer su libertad de elección y de emprender. Mi colega Teresa Martínez sostiene, con base en sus estudios sobre el tema, que cuando el Estado abandona el ‘monopolio’ de la protección, abre la puerta a un mercado para tal función. Quien hace la amenaza de daño más creíble en un territorio, se queda con el negocio. Teresa dice que es una ‘protección que inquieta’, porque quien la ofrece a la vez amenaza, y se puede generar una relación de largo plazo en la que el criminal extrae un impuesto. Sí, un impuesto criminal (por cierto, así se llama el micrositio donde pueden encontrar todo lo que hemos investigado sobre el tema).
Imagínese, estimado lector, la situación: un Estado desmedido y un Estado ausente, simultáneamente. Los dos son muestras de debilidad.
¿Somos emprendedores? Quiero pensar que sí. Pienso que es parte de nuestra naturaleza. El emprendedor no es el empresario supergrande. Es la persona que bajo ciertas condiciones puede desarrollar sus ideas hasta generar valor para él y la sociedad. Es un mundo en el que todos ganamos. En él hay dignidad y valor. Yo lo proclamaría como un derecho fundamental. En México pocos pueden hacerlo efectivo. Emprender es un privilegio más, accesible para el grupo exclusivo. Demos un vistazo a nuestras calles, escuchemos a quienes tienen sueños e ideas por desarrollar. Es una manera de acercarnos a la naturaleza humana. Un eje para construir el futuro del país. Emprender para progresar.