Nuestras ‘Niñas Héroes’
Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero
La semana pasada fue mala para algunas de las mujeres del Gabinete federal. Con diferencia de algunas horas, las titulares del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Mónica Maccise, y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez, junto con la subsecretaria de Salud, Asa Cristina Laurell, renunciaron. O las obligaron a hacerlo.
Sabíamos de lo difícil que es dirigir algunas de estas instituciones. A la par de llevar agendas súper complejas, en ellas se tiene que lidiar con recortes presupuestales que complican la operación cotidiana y la consecución de los mandatos. No obstante, como mujeres comprometidas que son —y sus trayectorias de vida lo constatan—, hicieron lo que pudieron… con lo que tenían. Hasta que no pudieron más. Merecen nuestro reconocimiento.
Mención especial merece mi querida Katia D´Artigues. Conapred es (¿era?) su vida. Dedicó su empeño, su talento y su corazón a una institución que tiene la difícil tarea de visibilizar algo que teníamos (tenemos) muy enterrado: la discriminación. El capricho de la pareja presidencial ahora tiene en vilo a un organismo que ya se quedó sin integrantes valiosísimos en su Asamblea Consultiva. En un acto de mucha dignidad algunos de ellos le dijeron al presidente: “Así, no”.
Esta semana otras dos mexicanas de primera usaron los instrumentos que la ley les confiere para avanzar el mandato de los órganos que representan. Alejandra Palacios, de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), interpuso ante la Corte una controversia constitucional contra la “Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, publicada por la Secretaría de Energía. Considera la Cofece que dicha política violenta principios fundamentales de competencia y libre concurrencia, asuntos que le corresponde a la Comisión proteger con el fin último de beneficiar al consumidor. Para eso existe.
Jana, como la conocemos, está haciendo su chamba con mucho valor, porque no es difícil que a uno le tiemble la mano cuando debe contravenir a un presidente fuerte por el mandato que ganó en las urnas, y sin mucho pudor para usar el púlpito mañanero para denostar a personas e instituciones. Pero es justamente por esos resortes que se activan, por esas personas que se toman en serio su papel, que el presidente podrá reconocer dónde están sus límites. El país no le pertenece.
Esos límites también los está trazando la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, quien haciendo uso de las atribuciones que le confiere la Ley, presentó una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial del pasado 11 de mayo con el que se pretende regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Ese acuerdo es bastante limitado respecto a lo que establece el V transitorio de la reforma constitucional que dio vida a la Guardia Nacional.
Pero es justamente por esos resortes que se activan, por esas personas que se toman en serio su papel, que el presidente podrá reconocer dónde están sus límites.
Es muy importante recordar los contenidos de dicha reforma porque plasman un acuerdo legislativo amplio —un consenso entre las fuerzas políticas, para ser precisa— sobre un nuevo modelo de seguridad basado en la construcción de capacidades civiles, siendo el pivote del modelo la Guardia Nacional concebida como una policía civil.
En este modelo se precisaba el tiempo y las condiciones de la participación de las Fuerzas Armadas, definiciones sustantivas de los que habíamos carecido en los años anteriores y que era muy necesario precisar. Lo aprobado en 2019 no era óptimo, porque permanecieron ambigüedades que resultaron ser nocivas con el paso del tiempo, pero parecía lo mejor logrado, dado el contexto.
A un año y meses de distancia de la aprobación de dichas reformas, las acciones tomadas no se han ajustado a la letra de la ley. La Guardia Nacional no es un cuerpo de seguridad civil, y la participación de las Fuerzas Armadas en áreas de seguridad no cuentan con un marco de regulación cabal. El acuerdo presidencial que pretende dárselo es insuficiente y no se ajusta a lo que los legisladores plantearon en el V transitorio. Se rompe con el espíritu de aquella reforma. Nos están tomando el pelo, en otras palabras.
Laura Rojas presentó la controversia constitucional en su calidad de presidenta de la Cámara de Diputados. Su decisión se sustenta en la ley. Algunos de sus compañeros, desde la bancada de Morena, no tardaron en acorralarla argumentando cosas insensatas, como que estaba perpetrando un golpe de Estado. La legisladora puso a consideración de la Corte si el acuerdo presidencial se inscribía en lo que todos los legisladores, incluidos los que vociferaron en su contra, habían aprobado un año atrás. No hay ningún pecado, sólo virtud, en la decisión de la legisladora.
A mí sólo me queda expresarles mi apoyo a estas mujeres que están poniendo su resto por el país. Estas ‘Niñas Héroes’ que se envuelven en la bandera nacional de una manera elegantísima, usando la ley y el mandato que juraron impulsar.