Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Me siento muy conmovida por la carta que la jueza Sonia Hernández Orozco hizo llegar a una niña que no ha recibido oportunamente su medicamento contra el cáncer que padece. Su padre promovió un amparo, mismo que procedió. Y la jueza se dio a la tarea de escribir la misiva para explicarle a la niña en qué consistía tal procedimiento y los elementos en nuestra Constitución que protegen su derecho a la salud. Porque el Estado mexicano le tiene que responder.

La carta comienza así: “Hola pequeña, te escribe la juez que conoce del problema que ha existido para que en el hospital al que acudes te hagan entrega de las medicinas que necesitas para tu tratamiento…”, y continúa con un tono didáctico y hasta dulce.

“Déjame platicarte que uno de los muchos derechos con los que cuentas es recibir las medicinas y la atención médica que necesitas, pues así lo señala el artículo 4 de la Constitución. Además, quiero decirte que como pequeñita que eres, las autoridades tenemos que respetar tus derechos.”

Esta carta y esta historia que, reitero, me conmueven, se dieron a conocer al tiempo en que en México Evalúa cerrábamos una edición más de Hallazgos, documento que hace una evaluación muy completa de la situación que guarda nuestro sistema de justicia penal. No es el ámbito de la justicia sobre el que la jueza actuó en el caso que narro, ciertamente, pero sí es un ejemplo de lo que la justicia debería ser: justa, expedita, cercana… humana.

En cada eslabón de la justicia hay brechas entre lo que hay y lo que debería haber. Y nos quedamos esperando a que la generación espontánea de repente nos haga el favor.

Apenas ayer hicimos la presentación del documento. En Hallazgos 2019 no hay sorpresas, ni indicadores con cambios notorios. Esto es, la presente edición reporta resultados parecidos a los de 2018 y con esa apreciación nos podríamos ir años atrás. Nuestros avances no son de zancos, sino de tímidos pasos hacia adelante, cuando no de pasos para atrás. Confiados como somos (a pesar de la abrumadora evidencia) de que los cambios legales tienen poder transformador por sí mismos, pensábamos que a golpe de legislación transformaríamos la justicia. Y pues no, no sucedió así.

La construcción de capacidades en las instituciones del sistema, para adecuarlas a los estándares del nuevo modelo de justicia, está demostrando ser muy difícil. Como ejemplo pongo las capacidades de investigación de nuestras fiscalías. En la mayoría no se tienen los modelos de gestión de casos, no se prioriza, y no hay personal suficientemente capacitado ni los elementos técnicos para hacer trabajo de investigación profesional. En nuestra tubería procesal se queda muchas veces atascado el proceso. Y nos quedamos sin conocer la verdad y sin hacer justicia.

En cada eslabón de la justicia hay brechas entre lo que hay y lo que debería haber. Y nos quedamos esperando a que la generación espontánea de repente nos haga el favor. Digo lo anterior porque no parece haber un esfuerzo integral, coordinado y sistémico para permitir que las capacidades se construyan y las brechas se cierren. Tuvimos la pretensión de hacerlo con la puesta en marcha de la reforma con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), cuyo mandato (en papel, porque en la realidad su desempeño se quedó corto) era precisamente lograr una implementación exitosa. Cuando finalizó el plazo legal para la implementación y la SETEC desapareció, perdimos una instancia necesaria que podía conducir un proceso complejísimo de manera ordenada. Hoy existe una unidad en la Segob cuya existencia es más bien desconocida, por su poca relevancia. No parece que esté haciendo una diferencia en el reto que le toca afrontar, porque su mandato es muy corto y sus recursos limitados. ¿Qué nos queda? Como decía, encomendarnos al espíritu santo o a la generación espontánea, porque no están puestas las condiciones para crear Estado en este ámbito.

Hay que decir, sin embargo, que algunas entidades federativas lo hacen bastante bien. Tenemos un grupo de estados que sobresalen porque comenzaron el esfuerzo antes, y lo han sostenido a lo largo del tiempo. Estos casos nos muestran que, a pesar de todo, avanzar y destacar es posible.

Desde mi perspectiva nuestro problema de justicia está hecho de debilidad institucional. Aquí está el corazón del nudo, y su solución. Políticos y legisladores piensan distinto. Sostienen que es la protección a delincuentes lo que el sistema fomenta, lo que nos tiene en el hoyo. Esta noción falaz nos la creemos la mayoría sin reparar que es la protección simultánea de derechos y del debido proceso legal el único camino para conocer la verdad y para hacer justicia. Lamento que haya quienes medren políticamente, mintiéndole a la gente.

Hay que mirar el problema con honestidad, hay que entenderlo, ponernos de acuerdo en torno a su naturaleza y encontrar los mecanismos políticos y técnicos para resolverlo. Los políticos y legisladores nos querrán dar pirotecnia y con ella sólo vamos a tener show, no solución.

Yo me quedo con la imagen de la jueza de Aguascalientes, que dio un fallo para que una niña reciba lo que por derecho le corresponde. Es esa aspiración la que nos debe sostener con el ánimo alto para lograr la transformación que necesitamos en nuestra justicia penal.