Una reforma anticorrupción es mucho más amplia que la creación de un órgano de estado autónomo encargado de lidiar con el problema. Es un asunto de cómo se estructura el sistema político no sólo en el aspecto formal sino también en el real.

Me impacta el sentido de realidad a partir del cual se forjó el sistema político de Estados Unidos. Partieron de la premisa correcta respecto a la condición humana. Los hombres no somos ángeles, afirmaba James Madison en los debates que le dieron estructura a la Constitución de aquel país. Como no lo somos, necesitamos al Estado para regular nuestras conductas a través de la ley. Y como el Estado lo integran personas que tampoco son benditas, se necesita de entidades internas y externas que vigilen su comportamiento. El sistema político de aquel país está estructurado a partir de contrapesos, de instancias que se vigilan entre sí. Por eso, las más bajas pasiones humanas se contienen, porque encuentran en distintos mecanismos los controles y la vigilancia necesaria. Cuando fallan, las consecuencias se dejan sentir. Esa es la diferencia que moldea las conductas de un estadunidense y un mexicano. No es la cultura, son los límites al poder.

Estas reflexiones son relevantes ahora que en el país discutimos respecto a un órgano anticorrupción. Los interesados en el tema nos hemos preguntado qué estructura debiera tener dicho órgano para que sea efectivo, cuáles debieran de ser sus atributos y alcances y quiénes podrían conformarlo. En realidad debemos ser muy precavidos con nuestras expectativas. Un órgano anticorrupción, el más potente que imaginemos, no puede hacer las veces de esos finos mecanismo de contrapeso que deben existir en cada esfera del ejercicio de poder.

Para ilustrar el punto, permítanme poner como ejemplo el tema presupuestal, ahora que el paquete 2015 está a discusión en el Legislativo. En trabajos de México Evalúa hemos podido documentar  los débiles  mecanismos de contrapeso que se ejercitan desde el Legislativo para el control del ingreso, el gasto y la deuda, siendo que éstas son de las funciones más importantes entre las asignadas a este Poder.

Una pieza evidencia fuerte de esta debilidad es la existencia de un presupuesto suplementario: ingresos y gastos que se reciben y se ejecutan sin aprobación legislativa y sin su vigilancia, o con una vigilancia tan débil que no hacen una diferencia. En particular las adecuaciones y ampliaciones que se realizan al presupuesto aprobado durante el ejercicio del gasto. En el estudio de México Evalúa al que hago referencia se calcula que en el periodo de estudio (2005-2013) se hicieron ampliaciones al gasto por casi 900 mil millones de presos en promedio al año, reducciones de alrededor de 600 mil millones, siendo el incremento neto de más de 250 mil millones. Estos movimientos modifican sustancialmente lo originalmente aprobado por los diputados.

Es entendible que la autoridad hacendaria requiera de margen para ajustar el gasto ante eventualidades que se puedan presentan durante el ejercicio. No puedo imaginar cómo se entorpecería el ejercicio de gobierno si cada ajuste requiriera de anuencia legislativa. Las magnitudes con las que se hacen el país, sin embargo, superan las prácticas internacionales. Y deberían llamar la atención de los legisladores.

Sin embargo, nunca he escuchado a diputados expresando preocupación por el tema. Tampoco a senadores extrañados por los ingresos excedentes que sistemáticamente el gobierno recibe, mismos que permiten las ampliaciones mencionadas, y cuyas fuentes no son del todo transparentes. Tampoco hay un esfuerzo por seguir el ejercicio del gasto en tiempo real, por desmenuzar los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda para pedir cuentas  en los aspectos que llamen la atención. El Poder Legislativo, como contrapeso en este tema está diluido, quizá por capacidades insuficientes, quizá por componendas por debajo de la mesa en el que a todos les toca un cachito del botín.

El punto es que un esfuerzo anticorrupción en esquemas de gobierno en los que los contrapesos son débiles, difícilmente puede funcionar. ¿Cómo enmendaría el órgano anticorrupción el trabajo que no se realiza en otros puntos de poder y de control? Pensemos en el tema presupuestal que use como ejemplo.  Además un planteamiento anticorrupción en un país que se dirige a la recentralización y reconcentración del poder se antoja cuando menos complicado.

Una reforma anticorrupción es mucho más amplia que la creación de un órgano de estado autónomo encargado de lidiar con el problema. Es un asunto de cómo se estructura el sistema político no sólo en el aspecto formal sino también en el real, a manera de crear mecanismos de vigilancia y contrapesos efectivos en todos los ámbitos de ejercicio del poder.

Difícil saber cuándo el país podrá estar frente a la oportunidad de colocar su sistema político en esta dirección. El reto por ahora es no permitir retrocesos. Que las instancias de control y contrapeso de nuestra democracia se mantengan vigentes y no se debiliten. Y que nuestra discusión en materia anticorrupción se inspire en una visión más amplia, una que como Madison, reconozca la naturaleza humana.