Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

En días recientes el Comité de la ONU contra la Desaparición forzada (CED, por sus siglas en inglés), un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en los Estados partes de la Convención, publicó su informe Desapariciones en México: una impunidad casi absoluta. En él reitera “su profunda preocupación por la situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional”.

En el informe, que es el resultado de una visita del CED a México en noviembre de 2021, afirma que en México la desaparición forzada es “el paradigma del crimen perfecto”, y en muchos casos ocurre con diversos grados de participación u omisión de servidores públicos. Su contexto es la “impunidad casi absoluta y la revictimización”.

También señala que los datos “evidencian la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones y la militarización de la seguridad pública, la cual implica un riesgo en materia de derechos humanos”.

El retrato de nuestra realidad no puede ser más duro. Cifras oficiales de Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas indican que, al 26 de noviembre de 2021, más de 95 mil personas (95,121) estaban registradas como desaparecidas. Poco menos de la mitad de ellas, 40 mil, desaparecieron en los últimos cinco años (8 mil por año, datos del Registro citados por Aristegui Noticias).

Sólo en los 11 días que el CED estuvo en México desaparecieron 112 personas (10 diarias, en promedio).

A partir de 2006 hubo un aumento notable en desapariciones de niños, niñas y adolescentes. Según datos del Registro, citados por la Red Nacional por los Derechos de la Infancia en México (Redim), al 11 de abril de 2022 16,378 niños, niñas y adolescentes no han sido localizados.

El informe contiene tanta información que se podrían escribir muchos artículos sobre él. Habla de impunidad (de casi 100 por ciento, en estos casos), hace recomendaciones de política pública y pone énfasis en lo excepcional de nuestra situación. Formalmente somos una democracia que tiene en el corazón de su orden jurídico la protección de derechos humanos; en la realidad contamos con un Estado profundamente débil e incapaz de ofrecer la certeza de la vida e integridad a sus ciudadanos, esto lo agrego yo. Un país que en su cascarón parece ser moderno (porque tenemos sectores que lo son), pero que en su contenido esencial es profundamente caótico, ‘ordenado’ por reglas que no son de nuestro marco jurídico.

El diagnóstico del CED adquiere un significado muy especial porque coincide en el tiempo con la muerte de Rosario Ibarra. A su lucha le tengo especial aprecio porque convirtió la desaparición de su hijo en un motivo de vida y en una causa por la defensa de los derechos humanos y la democracia en el país. Y fue protagonista de una transformación. Imagino que se habrá lamentado de que su militancia de izquierda y por la causa de los derechos humanos no estuvieran alineadas con las prioridades de esta administración.

En la época de Doña Rosario, las desapariciones en general estaban relacionadas principalmente con la represión política por parte de agentes del gobierno y de las fuerzas armadas contra grupos de oposición.

Hace 45 años, cuando Rosario Ibarra inició su movimiento, había cerca de 500 personas desaparecidas. Ahora son casi 100 mil (cito a Roberto Zamarripa de Reforma).

Hoy hay una gran diversidad de perpetradores, modalidades y víctimas. El Estado de la era priísta reprimía al adversario (algo inaceptable bajo cualquier parámetro) pero tenía bajo control a los factores de poder, incluyendo al crimen de todo tipo. No alabo ni echo de menos esa época, pero sí lamento que hoy estemos en una condición de total impunidad: cualquiera puede hacer o dejar de hacer. Como antes, pero peor. Y acaso lo más lamentable es que desde la cúspide del poder se desprecie el problema.

Tenemos un presidente que le dio dos vueltas completas al país. Que dice que lo conoce a nivel de territorio, lo que le permite tener una interpretación que proviene del contacto directo con la gente y no de fuentes secundarias. Me parece increíble que en sus recorridos no se haya topado con este problema o que se haya insensibilizado con el dolor de las víctimas. Pienso que en sus recorridos, que debieron haberle dado un entendimiento privilegiado, vio lo que quiso ver e ignoró el resto, lo que no empata con su versión de la realidad, una que aunque informada por su visión a ‘nivel cancha’ es tan parcial como la de aquellos frívolos que dicen conocer al país cuando no es así.

Ante el informe del CED AMLO no dejó de ser… AMLO. Se expresó así: “Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados”. (Los expertos del CED) “no tienen toda la información” (y no actúan) “con apego a la verdad”.

“Si estamos actuado con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad, ¿qué pueden hacer? Nada. Inventar, eso sí.”

Ojalá que en la era pos-AMLO podamos encontrar las vías para reparar tanto daño. La ruta no es otra que el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad y justicia. Cualquier proyecto posterior de reconstrucción debe tener este tema como prioridad.