Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma

México llevó a cabo innumerables reformas –tanto económicas como políticas– a lo largo de las últimas cuatro décadas y, sin embargo, los resultados fueron insuficientes o, al menos, muy desiguales. Algunos sectores y regiones del país crecieron y se beneficiaron, otros se estancaron y no han podido salir de su letargo. Pero incluso en donde los avances han sido notables, otros factores, como la inseguridad y el desempeño educativo, impidieron mejores resultados. En esto México contrasta notablemente con otras naciones que emprendieron una ruta reformadora en las mismas décadas pero que, con todos sus avatares, lograron mayores beneficios. La pregunta es por qué.

Cada país tiene sus características, historia, cultura y condiciones particulares. Algunos viven en un contexto geopolítico que les impone urgencia y reduce latitud en lo que pueden hacer, como podría pensarse de Taiwán, nación sobre la cual pende una enorme presión por parte del dragón asiático y le lleva a subordinar intereses pequeños sobre su viabilidad más fundamental. Otras naciones experimentaron rompimientos bruscos con su pasado debido, por ejemplo, al fin de una dictadura, como fue el caso de España, Chile y Corea, lo que, por un lado, abrió la oportunidad de transformarse, a la vez que generó una gran presión social para lograrlo. En Colombia, la recuperación de la nación como entidad viable luego de la era de las mafias del narco –proceso que llevó décadas– obligó a la transformación general de su país.

El común denominador de todas esas naciones es que rompieron con el pasado. Algunas lo hicieron por la existencia de un gran liderazgo, otras porque las circunstancias así lo provocaron o porque la sociedad no permitió que se dieran desviaciones y tuvo la fortaleza para lograrlo. Algunas encontraron anclas que les obligaron a seguir un camino, como fue el caso de España y Portugal frente al imán que representaba la entonces Comunidad Europea. Todas, sin embargo, han procurado una transformación integral, todo ello dentro de las naturales y lógicas restricciones que toda nación enfrenta y que recuerda la famosa frase de Otto von Bismarck de que las leyes y las salchichas siguen un proceso similar de manufactura y lo que sale no es lo más perfecto, sino lo posible.

México ha sido un gran reformador en unos ámbitos y muy pobre en otros. La razón es doble y explica parte de la razón por la cual el electorado actuó como lo hizo en 2018. Para comenzar, el país no ha experimentado un cambio de régimen desde que inició el gobierno posrevolucionario en la década de los veinte del siglo pasado. Aunque por supuesto ha habido toda clase de cambios y alteraciones en la forma de gobernar –y sobre todo elegir– a los gobernantes, la esencia del régimen sigue siendo la misma. Los dos gobiernos panistas no llevaron a cabo modificaciones sustantivas a esa estructura y el gobierno actual va corriendo a la revitalización del viejo sistema centralista y unipersonal.

En ese contexto, es claro que las reformas que México emprendió –muchas de ellas sumamente ambiciosas y trascendentes– ocurrieron en un contexto muy distinto al de las naciones que mencioné en los párrafos anteriores y otras similares. En México las reformas fueron promovidas por el propio régimen y su vector principal era el de transformar la actividad económica para recuperar elevadas tasas de crecimiento y los beneficios que de ello se derivaran. Pero el objetivo del régimen no era, no podía ser, su desmantelamiento, como sí ocurrió en países en que hubo una ruptura real y definitiva, esencialmente por el fin de una dictadura.

Adolfo Suárez, y luego Felipe González, rompieron con el régimen franquista y se abocaron a construir uno nuevo, democrático y representativo, con una economía moderna. Su objetivo era una reforma integral tanto económica como política y, aunque en el transcurso del tiempo experimentaron crisis y retrocesos de diversa índole, su brújula era clara y persistieron en el camino, como ocurrió en las otras naciones reformadoras.

En México, el objetivo era reactivar la economía, pero siempre sin afectar los intereses nodales cercanos al régimen. Esto produjo situaciones peculiares que distinguieron al proceso respecto a otras latitudes: por ejemplo, las privatizaciones se concibieron como medio para generarle ingresos al gobierno, no como un vehículo para provocar crecimientos súbitos de productividad a la economía. De la misma forma, se liberalizaron algunos sectores –sobre todo la industria– pero se preservó la protección para los servicios (bancos, seguros, comunicaciones), provocando ardua competencia para los industriales mexicanos, sin servicios competitivos que los asistieran. En algunos casos, notablemente en el sur del país, el gobierno no sólo toleró (y más ahora), sino que ha protegido a sindicatos perniciosos como la CNTE, cerrándole la puerta tanto al desarrollo de los educandos que requieren otro tipo de educación para salir avante en este mundo hipercompetitivo, a la vez que acendró impedimentos para la instalación de nuevas inversiones, altamente productivas, en la región.

A nadie debería sorprender el atraso que persiste, la desigualdad regional o el resultado electoral.