México Evalúa identifica una tendencia al autoritarismo presupuestal
- En su análisis de los principales indicadores de finanzas públicas al primer trimestre del año, México Evalúa observa que el presupuesto ejercido es muy diferente al aprobado por el Congreso en septiembre del año pasado, producto de las decisiones discrecionales de un Ejecutivo sin contrapesos reales.
- Para mantener los balances presupuestales y al mismo tiempo liberar recursos para un gasto que cumple con los intereses políticos del Gobierno, se han cortado importantes programas sociales y de obra pública.
- Al tiempo que demuestra que el gasto público no es el que necesita el país, México Evalúa reafirma su llamado a lograr una mejor gobernanza del erario, mediante mecanismos institucionales de contrapeso y rendición de cuentas.
Ciudad de México, a 25 de mayo de 2022
A través de los Números de Erario, su plataforma de análisis de finanzas públicas con un enfoque ciudadano, México Evalúa ha identificado que el erario garantiza cada vez menos financiamiento a los programas y servicios públicos de primera necesidad –como el de la salud para personas sin seguridad social–, y cada vez más al servicio del grupo en el poder.
Como resultado de un crecimiento insuficiente de los ingresos públicos y una toma de decisión discrecional por parte del Gobierno federal (sin rendición de cuentas ni mecanismos de vigilancia), se han ejecutado recortes sustantivos en diversas áreas del erario: 40% de los programas presupuestarios con presupuesto aprobado. Al parecer se hizo con el fin de adelantar el gasto de los programas de transferencias directas ‘consentidos’ del Ejecutivo, como las Pensiones de Adultos Mayores, el programa de transferencias con el mayor presupuesto (el cual, cabe señalar, es regresivo, porque beneficia más a quienes más tienen).
En efecto, los indicadores de finanzas públicas al primer trimestre del año sugieren un uso político-electoral del erario, muy alejado de los estándares del sistema democrático y, en última instancia, de las más apremiantes necesidades de la sociedad mexicana, México Evalúa observa.
Más allá de que el presupuesto ejercido sea distinto al aprobado por el Congreso a fines del año pasado, sin que se hayan explicado las conveniencias de esto, y de la evidente falla de gobernanza que esto implica, los Números de Erario encontraron indicios preocupantes tanto en el renglón de ingreso como en el de gasto del Sector Público.
Impulso insuficiente de los ingresos, que enciende focos rojos
El análisis muestra que los ingresos totales del Sector Público se han colocado en mejores niveles que en 2019, a pesar de que la economía mexicana no ha recuperado su nivel prepandemia. Los ingresos petroleros han revivido a causa del aumento de precios del crudo; no obstante, la renuncia del Gobierno a cobrar el IEPS de combustibles (que tienen el objetivo de evitar que los precios al consumidor se disparen) han limitado esta ganancia. El mayor impulso a los ingresos proviene de un crecimiento en la recaudación vía Impuesto Sobre la Renta, y esto se ha dado principalmente por una mayor fiscalización de los grandes contribuyentes, no por mayor dinamismo en la economía.
Además, no se verificó la hipótesis de que los ingresos petroleros con sus excedentes iban a alcanzar para cubrir la renuncia del Gobierno federal de cobrar el IEPS. Frente al calendario se debían recaudar 350 mil millones de pesos (mmdp) en el primer trimestre por estos dos conceptos; no obstante, se lleva un retraso o una pérdida de 40 mmdp por la política de subsidios a los combustibles que directamente beneficia más a quienes más tiene.
Conclusión: hay un claro riesgo en el financiamiento público por populismo fiscal, pues el Gobierno mantiene importantes renuncias a cobrar impuestos, la tributación pende de un hilo (de la recaudación secundaria: fiscalización de asalariados y grandes contribuyentes), mientras que la recaudación primaria, la cual es impulsada por la economía, se encuentra debilitada: el IVA muestra una caída de 9.3% (29.9 mmdp).
Gasto público excedido en los rubros con agenda política y abandono de la salud e inversión
El gasto público total está estancado como consecuencia del bajo crecimiento de los ingresos. Aumentó un poco en relación con el año pasado, menos de 1%, pero a diferencia del ingreso, no cumplió con la meta de gasto aprobada para el primer trimestre. Esto significa que en el agregado se observó un subejercicio. Pero al desagregar el gasto México Evalúa identificó aumentos que se concentraron en pocos programas presupuestarios, directamente relacionados con la agenda del Ejecutivo: transferencias a Pemex, algunos programas sociales (Pensión para adultos mayores y Becas para el Bienestar), el Tren Maya y en menor medida el Corredor Interoceánico.
Paralelamente, se confirmó que la salud no es prioridad en el presupuesto. En el agregado ha caído el presupuesto para financiar los subsidios a la atención de la salud para las personas sin seguridad social, ya sea por el Insabi o IMSS-Bienestar. La transición del Insabi al IMSS-Bienestar no tiene el financiamiento necesario como para convertirse en una realidad tangible, lo que anuncia un nuevo fracaso y, por ende, un impacto en el bolsillo de los mexicanos que utilizaban estos servicios, y en el posible deterioro de su salud de quienes no puedan cubrirlos con esquemas alternos.
Ante este panorama, México Evalúa recomienda:
- El Gobierno debe diversificar su recaudación para que su crecimiento no dependa de una sola apuesta, que es la fiscalización de los grandes contribuyentes. Esto requiere, entre otros factores, dejar de impulsar una agenda política sin sentido económico o en contra de la inversión privada y, por el contrario, dar certidumbre jurídica y operar políticas públicas a favor del crecimiento económico.
- No renunciar a cobrar el IEPS. Es recomendable financiar, con los recursos de su cobro, un programa de subsidios a los precios de los alimentos y posiblemente de otros bienes para los hogares económicamente más vulnerables.
- Focalizar adecuadamente los programas sociales, que además deben mejorar su progresividad (que resulten más beneficiados los que menos tienen).
- Impulsar desde la sociedad civil y la oposición mecanismos de contrapeso y rendición de cuentas para que las autoridades puedan hacer adecuaciones al presupuesto durante su ejercicio (ya sea para cambiar su financiamiento o para cambiar las asignaciones presupuestarias, sobre todo entre instituciones), pero sin comprometer el financiamiento a los programas y proyectos que garantizan derechos.
- Despolitizar la agenda de inversión pública: es imperante desarrollar proyectos de infraestructura para el desarrollo económico y la provisión de servicios públicos, así como actualizar y dar mantenimiento a los existentes.
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