El Estado mexicano ante los retos educativos. Parte 1

Marco Antonio Fernández Martínez @marco_fdezm | Animal Político

El Congreso está por aprobar una nueva reforma educativa. En efecto, otra más. Esperemos que nuestros legisladores aprovechen esta oportunidad para combatir, de una vez por todas, el huachicoleo magisterial e impulsar una educación más integral, inclusiva y con mayor equidad. 

Texto adaptado de las ponencias del 13 de febrero pasado ante las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en el contexto del foro de discusión pública ante la iniciativa de reforma constitucional en materia educativa y del foro de análisis sobre la reforma educativa convocado por la Comisión de Educación del Senado el pasado 25 de febrero.

Si es verdad que las condiciones educativas terminan definiendo el destino de un país, las nuestras nos están condenando. Pese a reconocer que todos los mexicanos tienen el derecho a la educación, el acceso a la escuela aún sigue condicionado por el lugar de nacimiento. Por ejemplo, el 36% de los niños que nacieron en una comunidad rural no asiste a la escuela; lo mismo sucede con 36% de los niños indígenas, el 44% que tiene una discapacidad o el 85% que son hijos de jornaleros agrícolas (INEE, 2018). La insuficiencia no es sólo cuantitativa: de los 14 millones de estudiantes que están en la primaria, seis de cada 10 egresarán con grandes deficiencias en matemáticas y español, lo que representa un rezago de tres años con respecto a los alumnos de sistemas educativos con mejor desempeño, como Corea del Sur o Finlandia (OCDE, 2016).

Probablemente siete de cada 10 jóvenes lleguen a media superior y cinco la concluirán. Otros tres ingresarán a la universidad, pero únicamente dos finalizarán sus estudios superiores. Y todos ellos, al terminar sus estudios, se enfrentarán al reto de insertarse en el mercado laboral; pocos contarán con las habilidades y conocimientos necesarios para hacerlo exitosamente.

Éste es el panorama de la educación que enfrenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En efecto, y como acertadamente ha reconocido el ejecutivo en su iniciativa de reforma constitucional en materia educativa, el sistema educativo enfrenta un problema de desigualdad de oportunidades, de inclusión y de bajo aprendizaje, situación aún más dramática entre los sectores más vulnerables de la población.

A la iniciativa del presidente y a otras 15 que han presentado distintos legisladores de diferentes grupos parlamentarios, se ha sumado el esfuerzo de un grupo plural de académicos, especialistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil –todos interesados en contribuir a resolver los problemas que enfrenta el sistema educativo mexicano–, agrupados en el colectivo Red, Educación y Derechos.

En las últimas semanas los integrantes de la red hemos trabajado en una propuesta de reforma constitucional complementaria en materia educativa. Dicha propuesta fue retomada por los grupos parlamentarios del PAN, PRI, MC y PRD en la Cámara de Diputados, los cuales la presentaron hace una semana como iniciativa, destinada a integrarse en el análisis parlamentario que conducirá a las modificaciones de los artículos tercero, 31 y 73 constitucionales.

Nuestra propuesta busca mantener, mejorar e innovar diversos aspectos del marco jurídico constitucional. He aquí sus puntos de partida irreductibles:

1. Mantener la rectoría del Estado sobre el sistema educativo es la condición imprescindible para impulsar la transformación de las escuelas y sus salones de clase.
2. Como lo reconoce la propia iniciativa presidencial, el eje de los esfuerzos de la política educativa tiene que ser el derecho de los estudiantes a recibir una educación que les permita su desarrollo integral. Por tanto, el Estado debe privilegiar el interés supremo de niñas, niños y adolescentes. Ningún interés podrá estar por encima del pleno ejercicio del derecho a la educación. Por esoes preciso incorporar en la educación que imparte el Estado un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que sea garante del respeto a la dignidad de las personas.
3. La iniciativa presidencial plantea una visión con la que también coincidimos plenamente: es fundamental reconocer el papel del docente como agente de transformación del sistema educativo, pues su figura es primordial para alcanzar los buenos aprendizajes y mejorar la calidad de la educación. Los docentes no son el único factor para la buena educación, pero como demuestra una amplia evidencia tanto nacional como internacional, son el más importante.
4. Dado el punto anterior, reconocemos que es necesario eliminar en el marco constitucional las connotaciones percibidas como punitivas –en lo que toca a consecuencias laborales– de la evaluación del desempeño docente, y así acentuar su valor formativo. En efecto, creemos que hay que privilegiar un objetivo de la evaluación: el de guiar los esfuerzos de capacitación continua por parte de las autoridades educativas tanto federales como estatales, dirigidos a todos los maestros del sistema de educación básica, normal y de media superior. Existe evidencia de que los cursos de capacitación a los docentes tienen deficiencias importantes, pues varios de ellos no son pertinentes, no se tiene evidencia de que respondan a las áreas de oportunidad que detectan los diagnósticos, ni tampoco que hayan servido para mejorar la práctica de los profesores al interior de las aulas. Estas deficiencias deben ser atendidas urgentemente, tanto por la autoridad educativa federal como por sus contrapartes en ambos niveles educativos (básica y media superior).
5. Precisamente porque reconocemos a los docentes como los agentes más importantes para la transformación educativa, es indispensable valorarlos como profesionales de la educación. Y si somos consistentes con esa valoración, resulta imprescindible que el Servicio de Desarrollo Profesional del Magisterio (Servicio de Carrera Profesional del Magisterio, en términos de la iniciativa presidencial) sea recogido en el marco constitucional.
6. Este servicio profesional implica que el ingreso y la promoción de los docentes tenga una protección constitucional, y no sólo en el marco de la legislación secundaria.

 Un negocio indigno debe terminar

Al repasar lecciones de la historia del sistema educativo mexicano entendemos por qué es fundamental que el ingreso y promoción de nuestros docentes esté garantizado constitucionalmente, a través de concursos de selección. A los problemas de equidad, inclusión y bajos aprendizajes, se suma un talón de Aquiles que ha mermado profundamente la capacidad del sistema educativo mexicano para combatir la pobreza y la desigualdad: la corrupción.

Ha habido corrupción en el uso de los presupuestos educativos; en la forma en que autoridades han desviado recursos etiquetados para la educación –y que han ido a parar, por ejemplo, al financiamiento de campañas electorales–; en el malgasto de recursos destinados a mejorar la infraestructura de las escuelas; en los sobreprecios que se pagan por material didáctico y tecnológico que no llegan a las aulas. ¿Es preciso recordarlo?

Sí, ahora es preciso, más que nunca, porque dentro del recuento de las irregularidades y malas prácticas en el sistema educativo destaca, por mucho, la venta y herencia de plazas, mediante la cual muchísimos maestros han sido sometidos a un sistema de clientelismo que atentó (atenta) contra su dignidad como profesionales y socava su capacidad de transformación para una mejor educación.

Ésta es la magnitud del problema. Aquí van más recordatorios dolorosos:

En 2009, Elba Esther Gordillo dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola que una plaza docente valía, en el mercado negro, entre 50 mil y 100 mil pesos. Dos años después, el diario La Jornada abundó en la variación de precios de las plazas: según el reportero Arturo Alfaro llegaban a los 300 mil pesos en la ciudad de Puebla para el nivel primaria. mientras que para obtener una promoción dentro del escalafón docente, el costo podía alcanzar hasta los 50 mil pesos.

Pongamos las cosas en perspectiva. Desde que se incorporó el Servicio Profesional Docente al marco constitucional se han realizado diversos concursos tanto para el ingreso como promoción de los docentes. En el caso del ingreso, se asignaron 171 mil 407 plazas definitivas otorgadas por concursos de selección, de las cuales 147 mil 688 fueron para educación básica y 23 mil 719 en media superior.  Suponiendo que los números descritos por la antigua lideresa fueran exagerados y que el cobro por plaza se ‘limitara’ a 10 mil pesos, estamos hablando de que en el caso de educación básica, en el periodo entre 2014 y 2018, se evitó un cobro indebido de al menos mil 476 millones de pesos.

Sigamos. Entre 2014 y 2018 se asignaron 36 mil 383 plazas por concursos de promoción (31 mil 526 en el caso de educación básica; cuatro mil 857 en media superior). Así se frenó, potencialmente, un negocio de mil 576 millones de pesos, tan sólo en educación básica. Pero si la cifra de 50 mil pesos de cobro indebido por escalafón fuera exagerada y la consideráramos ‘apenas’ en 10 mil pesos, con los concursos se evitó un cobro indebido de alrededor de 315 millones de pesos.

En resumen: al lograr que el ingreso y promoción de los docentes de educación básica se hiciera a través de concursos de selección, se evitó un cobro ilegal de al menos mil 792 millones de pesos.

En la siguiente entrega abordaremos la necesidad de reforzar constitucionalmente esa suerte de candado al huachicoleo educativo, la importancia de contar con un centro que evalúe las políticas públicas en materia educativa al que se le reconozca autonomía constitucional, cómo el diablo está en los detalles y por ende los artículos transitorios que se aprueben son fundamentales y las omisiones presupuestales que debe corregir a la brevedad la autoridad federal y los legisladores para tener una idea de cuánto costará la reforma educativa y de qué manera se garantizarán los recursos presupuestales para hacer viable su implementación.