Mejorar la vida de los policías municipales es una prioridad ciudadana
Por Elsy Alcalá | Animal Político
En nuestra entrega anterior activamos un tema desdibujado en la agenda pública: la necesidad de fortalecer a las policías municipales. Presentamos evidencia de que la mayoría de las corporaciones de policías municipales del país no cuentan con las prestaciones laborales mínimas establecidas en la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC). Una muestra: 50% de los policías reciben sólo bono anual, vacaciones, bono vacacional y seguro de vida; el 22% goza de beneficios médicos institucionales y menos del 10% cuenta con crédito a la vivienda y pensión de jubilación, todo eso con un sueldo promedio de menos de 13,639 pesos.
La anterior circunstancia nos motivó a proponer un estándar básico y uno complementario de las condiciones de trabajo mínimas que deberían tener los agentes de estas corporaciones, con el fin de mejorar su vida, promover el engrosamiento de sus filas y, sobre todo, regenerar su capacidad de prevenir y atender la violencia en el país.
Sin embargo, no hay estándar ambicioso que pueda cumplirse si no averiguamos primero cuánto cuesta hacerlo realidad, y si no se incrementa –y se sostiene en el largo plazo– el presupuesto de estas policías.
Actualmente, los recursos que financian a las corporaciones policiales municipales provienen de las secretarías de Seguridad de los municipios, fondeadas con recursos municipales y estatales, así como por fondos federales. Pues bien, estos recursos en la mayoría de los municipios no son suficientes, y menos para dar a los policías las prestaciones establecidas en la ley. Una muestra más: los recursos provenientes de la Federación destinados a seguridad estatal y municipal han pasado de 36,100 millones en 2012 a 25,500 millones en 2022, caída que ha afectado particularmente a los municipios, ya que algunos dependen en gran medida de estos recursos.
En México Evalúa consideramos que se pueden diversificar las fuentes de financiamiento y ampliar los montos disponibles si se logra una mayor recaudación de impuestos y derechos municipales y estatales. Allí está la gran área de oportunidad, junto con la colaboración del sector privado y la sociedad.
El área con mayor potencial está en el cobro del predial, ya que la mayoría de los municipios se encuentran muy lejos de su potencial recaudatorio en este sentido. Mientras que en unos pocos municipios 80% de las propiedades de bienes raíces pagan su predial, como Zapopan, hay otros, como Mexicali, en los que menos del 50% de ellas lo pagan. Adicionalmente, los valores catastrales de las propiedades se encuentran lejos de los valores comerciales actuales; por ejemplo, San Pedro Garza García tiene valores catastrales equivalentes al 70% del valor comercial, pero Hermosillo tan sólo de 10%.
Se puede instrumentar una variedad de cambios para maximizar el potencial recaudatorio del predial (sin subir la tasa impositiva). Entre los más evidentes están la actualización del valor catastral, la formalización de propiedades, la implementación de un programa de inspecciones, la mejora de la infraestructura pública y la diversificación de los métodos de pago del impuesto. Además, serían conveniente minimizar la captura política de las juntas catastrales, las cuales impiden la evolución del cobro del predial al limitar cambios tendientes a incrementar la recaudación.
Otra oportunidad para obtener fondos adicionales está en la sobretasa al Impuesto Sobre la Nómina (ISN). Este impuesto estatal, que actualmente va desde 2% al 4% en el conjunto de entidades, podría incrementarse a través de una sobretasa en las entidades que tengan margen para hacerlo. Una empresa pequeña promedio, por ejemplo, pagaría cerca de 10 mil pesos al año con un incremento de 0.5 puntos porcentuales al ISN. En todo caso, es recomendable que la sobretasa se destine a un fideicomiso que incluya un porcentaje específico para el mejoramiento de las condiciones de los policías municipales. Allí está el ejemplo exitoso de Chihuahua, donde se creó el Ficosec, un fideicomiso apartidario y sin fines de lucro fondeado por el incremento al ISN, cuya finalidad es impulsar la competitividad y la seguridad locales. Una de las características más importantes de Ficosec es la transparencia y la participación del sector privado en la decisión sobre el uso de los recursos.
Implementar un Derecho de Protección Policial, propuesto en el MNPJC vigente, a través del cobro de una cuota fija a los negocios (dependiendo de su tamaño), es también una prometedora fuente de ingresos municipales. Para hacer realidad esta propuesta se requeriría de un diálogo cercano y cuidadoso con la comunidad de empresarios, cuyas necesidades y preocupaciones deben ser consideradas a la hora de definir los lineamientos de operación de los ingresos colectados.
Desde México Evalúa proponemos a los municipios grandes la creación de fundaciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad a través de la mejora de las condiciones de los policías. Este tipo de fundaciones deberían poder recibir donativos, a partir de los cuales se financiarían con toda transparencia programas que impacten en el bienestar de los policías municipales. Este tipo de esquemas son muy capaces estrechar la relación entre la policía y las comunidades.
Independientemente de las formas de financiamiento elegidas, lo más importante para lograr la sostenibilidad en el largo plazo es la creación de instrumentos que garanticen que los recursos se invierten en el mejoramiento de las condiciones de los policías; que sean transparentes, fiscalizables y que consideren las necesidades de los empresarios y de la ciudadanía.
Es relevante preguntarnos: ¿cómo cuidamos a las personas en cuyas manos ponemos nuestra seguridad e, incluso, nuestra vida? ¿Estamos todos de acuerdo en que un policía debería poder comprar una casa o tener una pensión? ¿Estamos dispuestos a hacer algo al respecto?
Esperen pronto los detalles de nuestras propuestas.