Edna Jaime / El Financiero

Según los últimos datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron en México 26 mil 573 homicidios dolosos entre enero y noviembre de 2017. De éstos, 18 mil 96 se cometieron con armas de fuego, un 68 por ciento del total. Las mismas armas provocaron 8 mil 875 lesiones dolosas. En total son 35 mil 448 eventos con armas de fuego en los primeros once meses de 2017, el ya famoso “año más violento de la historia de México”.

Son muchos eventos. Es mucha gente. Y, sin embargo, el tema de las armas de fuego aparece poco o nada en el debate nacional acerca de la seguridad pública. Me parece que es momento de poner este tema en la agenda de las campañas presidenciales.

La posesión de armas en el país se extiende escandalosamente, no es secreto para nadie.

Dos estudios de México Evalúa, publicados en junio 2016 y septiembre 2017, indicaban que el número de hogares que adquirieron un arma de fuego aumentó un 60 por ciento en los últimos cinco años.

Varios casos durante este sexenio han ilustrado no solamente la proliferación de armas de fuego en el país, sino también la carrera armamentista que siguen grupos armados y criminales del país. El caso de las autodefensas en Michoacán puede ser uno de los más evidentes. Las fotos y los videos que difundieron los medios durante los dos años de movilización, dejaron ver armas de guerra, rifles de asalto, chalecos antibalas y material más propio de un soldado moderno que de un ranchero terracalenteño.

El 5 de mayo de 2015 nos dejó otra huella de los desafíos que plantean las armas en el país. Ese día, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) derribó un helicóptero militar en el estado del mismo nombre, usando un lanzacohetes apodado “el cazahelicóptero”.

Por lo expuesto, considero muy necesario abrir una discusión sobre el tema. Reconocer el tema de las armas como una dimensión más del fenómeno de violencia que vivimos. Planteo seis temas/realidades para contribuir a un debate.

1.- La proporción de ciudadanos armados en México no para de crecer. Sean individuos que adquieren las armas legalmente “para protegerse de la delincuencia”, o movimientos armados de gran escala como las autodefensas, queda evidente que la compra de armas es un fenómeno en expansión.

2.- Si bien es importante monitorear mejor la adquisición legal de armas, controlada por Sedena, es imprescindible atender la compra ilegal de armas pesadas, en particular las armas “de uso exclusivo del Ejército”. Las mismas que exhibían orgullosamente las autodefensas y que, según la gran mayoría de los testimonios, siguen en circulación en Michoacán, a pesar de las campañas de registro y desarme que se llevaron a cabo en la entidad.

3.- Como lo reveló el ejemplo del CJNG y el derribo del helicóptero, la lucha contra el tráfico de armas de guerra debe ser un componente de la estrategia de combate a grupos criminales. Si las Fuerzas Armadas mexicanas usan el mismo armamento que los grupos que están combatiendo, resulta evidente que pierden mucha ventaja táctica a la hora de enfrentarlo. En este ámbito, resulta penoso mencionar a las policías municipales y en algunos casos las estatales, que no cuentan, en absoluto, con el material adecuado para luchar con los grupos criminales más organizados y equipados.

4.- El uso de armas de guerra, tanto por parte de los grupos criminales como de las Fuerzas Armadas, provocan más lesiones dolosas, tanto en las personas que participan en los enfrentamientos, como en la población que vive en las zonas donde se producen. Para decirlo de otra manera, la exposición de la población “civil” a enfrentamientos cada vez más violentos, sigue aumentando, así como los riesgos a los cuales se exponen en su vida cotidiana.

5.- Resulta crucial promover iniciativas con el fin de sensibilizar a la población acerca de los riesgos que implica adquirir un arma de fuego.

6.- Y, dada la amplitud del problema, es imprescindible lanzar una campaña de desarme en las regiones más expuestas a la violencia, así como pensar un programa nacional que refuerce las capacidades de monitoreo y lucha contra el contrabando de armas, especialmente de armas de guerra.

Estas cuestiones piden propuestas concretas por parte de los candidatos a la Presidencia.

Resulta asombroso que en un país donde se asesinan con armas de fuego a casi 20 mil personas por año, el tema siga tan escondido.