Edna Jaime (@EdnaJaime) / El Financiero

En un lapso de 12 horas (lo que duró el periodo extraordinario en el legislativo), el país erosionó sus posibilidades de consolidar un estado de derecho democrático. En un, dos, tres, los diputados aprobaron la creación de una Guardia Nacional que entra en franca colisión con los esfuerzos por construir un marco de gobernanza para la seguridad, sustentado en instituciones civiles y en esquemas de cooperación entre ámbitos de gobierno.

En un tronar de dedos, se violenta uno de los principios rectores del nuevo sistema de justicia penal, al pretender ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La presunción de inocencia, eje de la justicia que queríamos construir, se quiere tirar al cesto de basura.

También en cuestión de horas, el Senado mandó la lista de diez candidatos al Cargo de Fiscal General y con la misma celeridad el presidente regresó la terna con sus favoritos. Proceso que no pasa la prueba de las buenas prácticas en designaciones clave y que formaliza una decisión previamente tomada por el ejecutivo. A la fiscalía va un carnal.

Con una pieza legislativa que ya está en la lista de asuntos a tratar en el próximo periodo ordinario de sesiones, se busca dar más poder al director de Pemex vis a vis su Consejo de Administración. En unos cuantos días podría quedar derruido el proyecto de convertir a Pemex en una empresa capaz de generar valor para los mexicanos, con un esquema de gobierno corporativo que la hiciera una entidad con el mandato de generar valor, de profesionalizar sus decisiones y de abstraerla de la lógica política que la ha llevado a la ruina.

En unos cuantos meses quedará enterrada la noción de que podíamos construir un país con instituciones mejor dotadas, con gobiernos más acotados, en un esquema federal que arreglaríamos con el paso del tiempo. Las decisiones de los últimos días implica una ruptura con el modelo y visión de país que algunos albergábamos y que se iba construyendo por aproximaciones sucesivas.

El asunto es que se le dio oportunidad por un largo periodo. Y nunca llegamos al punto deseado.

La militarización de la seguridad responde a un modelo de gobernanza civil fallido. Desde el sexenio de Ernesto Zedillo cuando apenas se manifestaban los primeros brotes de la crisis de inseguridad que estalló años después, se planteó un sistema de seguridad pública que permitiera coordinación y políticas compartidas entre ámbitos de gobierno. 25 años después el modelo no funciona.

Para la justicia penal, se emprendió un reforma de enorme alcance con ejes rectores realmente transformadores. Años después de su implementación, la justicia en la mayor parte del país sigue siendo de baja calidad y sigue generando impunidad.

Podríamos hacer un recuento largo de nuestros afanes reformadores y sus resultados. En la mayor parte son esfuerzos fallidos. Hay fracaso en el intento por transformar al país. Y la mayoría de mexicanos no quisieron darle una nueva oportunidad.

La pregunta es hacia dónde va el país. ¿Dónde vamos a estar en 6 años? Porque este no es un gobierno que sólo quiera imprimir un énfasis distinto a las políticas públicas, ni sólo impactar los mecanismos redistributivos del estado para hacerlos más eficaces. Este es un gobierno que está cambiando el rumbo del país y no en el sentido de darle celeridad y liderazgo a las reformas democráticas pendientes, sino a un orden distinto, que se puede descifrar con las decisiones tomadas en los últimos días.

El modelo político del presidente no es el democrático, no el de la democracia liberal.

Tendremos a militares haciendo tareas de seguridad. Y su presencia en la vida pública se estará extendiendo, como lo ha hecho saber el presidente con algunos anuncios.

Tendremos mano dura con contrapesos y controles hasta ahora indefinidos.

Tendremos prisión automática, que vulnera el derecho a la presunción de inocencia.

Tendremos control político de las empresas productivas del estado, aunque hay que decir que en su estado actual son más un fardo que un activo en términos de poder.

Al ritmo que en que se están tomando decisiones en esta administración, en 6 años es posible que el país no se parezca mucho a lo que es hoy.  Una colección de intentos fallidos por hacerlo una democracia con controles. ¿Qué seremos en 6 años?