Los riesgos económicos de la reforma judicial
El mandatario afirma que la reforma al Poder Judicial acercará la justicia al pueblo y reducirá la impunidad. En realidad, dañaría la economía del país.
Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) | Programa de Regulación y Competencia
¿Cuáles serían las implicaciones para la economía nacional de la reforma al Poder Judicial impulsada por la 4T? El mandatario afirma que acercará la justicia al pueblo y reducirá la impunidad. En realidad, alinear los ciclos político-electorales con la designación de jueces, magistrados y ministros comprometería la estabilidad e independencia judiciales y dañaría la economía del país.
La reforma debe considerar su impacto en el crecimiento económico y evitar la erosión de la confianza pública, así lo ha subrayado el Ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Destacó que la independencia judicial es crucial en la economía al asegurar la imparcialidad y equidad en los tribunales.
Estabilidad judicial y económica van de la mano
Se ha demostrado empíricamente que la estabilidad judicial —medida como el tiempo promedio de los jueces en sus cargos— tiene un efecto positivo en el crecimiento, la confianza de los inversionistas y la atracción de capital. Así lo indica un análisis de la dinámica económica entre 1900 y 2009 en varios países de Latinoamérica.
Al respecto, un estudio publicado por el Banco de México en 2017, evalúa cómo el estado de Derecho influye en el crecimiento económico de México. Los autores demostraron que disminuir 100 días el tiempo promedio de resolución de disputas comerciales, se asocia con un incremento de 0.6% en el crecimiento del PIB per cápita estatal. Aunque la reforma plantea plazos máximos para la resolución de asuntos para atajar el problema de la morosidad judicial —so pena de sanciones—, imponer tales plazos podría perjudicar a los juzgadores en sus derechos laborales, y afectar seriamente a los usuarios.
La ley actual establece que la etapa de juicio oral debe ser atendida y resuelta por la misma persona juzgadora de inicio a fin, sin poder delegar ninguna de sus funciones. Sin embargo, la reforma plantea destituir, una vez puesta en marcha, a todas las personas juzgadoras federales. La consecuencia sería detener o cancelar los juicios vigentes. En el ámbito penal, para las personas privadas de su libertad, implicaría la pérdida de garantía del debido proceso.
Consecuencias de perder la independencia judicial
En 2012, cuatro magistrados hondureños fueron destituidos al considerar que sus decisiones judiciales eran desfavorables al entonces presidente. En abril de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras, sentenció que tal destitución fue arbitraria y vulneró la independencia judicial consagrada en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Este precedente es muy relevante para México, pues la reforma propuesta incluye un Tribunal disciplinario con el poder de sancionar y destituir discrecionalmente a los jueces por sus fallos. Ello expondría a México a sanciones internacionales diplomáticas y pecuniarias.
Por último, de ser aprobada, la reforma podría transgredir el Artículo 14.6 del T-MEC. Quedarían comprometidos los principios de “trato justo y equitativo” y “protección y seguridad plenas” que garantizan el acceso a la justicia para los inversionistas y la celeridad en la resolución de conflictos mediante tribunales capaces e imparciales.
En sus “100 pasos para la transformación”, Claudia Sheinbaum apoya la reforma judicial. Sin embargo, abre una ventana al reconocer que el diseño institucional debe concordar con las mejores prácticas internacionales. Por la inseguridad jurídica que podría resultar, es imperativo reflexionar con responsabilidad sobre las posibles consecuencias de esta iniciativa, y no exponer al Estado mexicano a nuevas y costosas disputas.
(Un agradecimiento a Miguel del Valle y Hugo Flores por su apoyo como investigadores.)
