De los riesgos a las oportunidades en la FGR

María Novoa @marianovoacv | El Universal

Todo proceso de transformación presupone el reconocimiento sobre lo que busca cambiarse y la definición del resultado esperado. Para ello, es vital contar con una brújula que oriente el rumbo y con herramientas que acompañen el proceso. Sin duda se requiere tanta comprensión sobre el punto de partida, como claridad sobre el punto de llegada. La transición de la Procuraduría General de la República (PGR) hacia una Fiscalía (FGR) no escapa de dicha lógica.

Después de un largo camino de discusión pública y trabajo legislativo, en los meses recientes tomaron lugar acontecimientos que detonaron la transición. Los principales, la eliminación del pase automático en agosto de 2018, para evitar al llamado #FiscalCarnal; la publicación de la Ley Orgánica (la Ley) en diciembre del mismo año, con la participación activa de la sociedad civil desde los Colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás y, finalmente, la designación de Alejandro Gertz Manero como primer Fiscal General en enero de 2019.

A partir de ahí comenzó la cuenta regresiva. Muchas de las fechas clave del proceso, están definidas en los artículos transitorios de la Ley, incluso para algunas su periodo de cumplimiento ya venció o está próximo a vencer. No obstante, el rostro que adquirirá la transición y la manera en que se buscará atender cada rubro es aún incierta, aun cuando su relevancia es de la mayor trascendencia para el país.

Cabe recordar que México presenta una deuda en materia de justicia, que toca inevitablemente a la investigación y persecución de los delitos. En un país en el que 93.2% de los delitos no son denunciados o investigados, en buena parte por desconfianza en la autoridad, como también por la nula expectativa de eficacia, no puede hablarse de justicia. Ante el desolador panorama, reconozcamos también que de los delitos conocidos por la autoridad, sólo seis de cada 10 reciben alguna resolución. Resoluciones sin duda legales, pero posiblemente ilegítimas: de las seis, tres serán “resueltas” mediante el archivo temporal –la figura que apuesta a la prescripción de los delitos–, mientras que el resto recibirá una resolución de no ejercicio de la acción penal.  En ambos casos la legalidad no necesariamente significa una respuesta a la expectativa del denunciante.

Aunado a esto, la transición de la Fiscalía General tiene como antecedente las transiciones de más de dos tercios de las instancias de procuración de justicia locales, mismas que han modificado su naturaleza para convertirse en fiscalías. Sin embargo, estos procesos resultan aleccionadores sobre los riesgos y falencias que no pueden tomar lugar en el proceso federal. Casi todas las “transiciones” han tomado lugar en automático, sin análisis de fondo, lo que genera cambios estrictamente nominales y estéticos, sin transformar las reglas, la forma de trabajo y mucho menos, sus resultados. Con fiscalías en plena operación, el índice de impunidad a nivel local asciende a 87.3%, sólo para darse una idea.

Con la transición de la Fiscalía General se tiene la oportunidad de transformar el corazón de la justicia, primero para el ámbito federal, pero con un modelo nacional se impactarían directamente los roles, competencias y mecanismos de colaboración entre instancias. Sin embargo, el actual proceso no está exento de riesgos y focos rojos. El principal de ellos, que el proceso se reduzca a un efecto Lampedusa, cambiar todo en apariencia para mantener las cosas en su estado actual.

Ante el desafío, desde México Evalúa desarrollamos unos Lineamientos hacia la transición que buscan apoyar la discusión y el proceso en su conjunto. Éstos no imponen fórmulas ni rutas, tampoco buscar descubrir el hilo negro. Su objetivo es  servir de brújula, clarificar los aspectos que requieren transformarse, establecer los puntos mínimos de destino e identificar riesgos potenciales para la toma de decisiones. Los Lineamientos son eso, una herramienta para la planeación en una cuenta regresiva que ha comenzado.

Algunos de los aspectos que no quedan resueltos en la Ley y que podrían representar un riesgo en el proceso de transición son los siguientes:

• Del modelo de investigación criminal. La forma en la que quedó en la Ley podría resultar contraproducente para la dinámica propia del sistema acusatorio por dos razones, la ambigüedad respecto a la adscripción del personal de investigación y su probable subordinación jerárquica y operativa con los fiscales. Esto incidiría en la pulverización del cuerpo de investigadores, en la falta de planeación para su desarrollo y afectaría la lógica de contrapesos que garantice la independencia técnica de los operadores.
• Del despliegue territorial. Si bien se establecieron criterios para su distribución geográfica buscando privilegiar una lógica minimalista –apartada de la burocracia rígida característica de la PGR–, su simple lectura no impide que cobren vida dos posibles escenarios. Primero, que se replique el actual despliegue por delegaciones con sus conocidas deficiencias. Segundo, que se desplieguen unidades en el país, sin que éstas cuenten con los recursos y apoyos logísticos necesarios para su operación.
• Del rol de las coordinaciones. Su creación atiende a la centralización de las políticas institucionales para regular los procesos torales; sin embargo, se les atribuyeron facultades tanto sustantivas como administrativas, lo que puede generar problemáticas internas. Las coordinaciones podrían operar como una especie de fiscalías, provocando –entre otros– problemas de competencias. Por ejemplo, la Coordinación de investigación y persecución penal podría terminar operando como una Fiscalía Especializada para Delincuencia Organizada.
• Del modelo de gestión. Se observa que ciertos aspectos de la Ley podrían repercutir negativamente si no se establecen las definiciones adecuadas del más alto nivel. Un inadecuado modelo podría derivar en mecanismos deficientes de recepción de denuncia o incluso en la permisividad de que una gran parte de los casos sean “resueltos” a través de figuras legales que no solucionan de fondo los casos, como lo es el archivo temporal.

Esto obliga a vigilar no sólo la integralidad del proceso de transición sino cada sub-proceso involucrado. Cuidar que lo logrado en Ley no se pierda al amparo de ambigüedades o indefiniciones, sino por el contrario, se transforme a profundidad la actual institución. Estamos a tiempo para que los posibles riesgos sean aún oportunidades para la toma de decisiones. El proceso de transición a FGR debe constituirse como uno de los mayores espacios de observación pública en los próximos años.