Edna Jaime (@EdnaJaime) | El Financiero

El presidente asegura que sus programas sociales contribuirán a contener la violencia. Basa su expectativa en una convicción: estos programas ofrecerán a sus beneficiarios una alternativa a la carrera criminal. No suena mal esta propuesta en boca del presidente y, por lo que sus niveles de aprobación pública nos permiten intuir, tampoco le suena mal a la mayoría de los mexicanos. Pero en este planteamiento se asumen cosas que pueden no ser realistas. El gobierno se arriesga a fallar si deja desatendidos a los muchos mexicanos que se debaten entre la legalidad y la ilegalidad.

Las políticas de prevención del delito y la violencia son bastante complejas. Básicamente, porque su diseño e implementación requieren de información muy fina. La prevención, a diferencia de la reacción, requiere de diagnósticos muy bien hechos para poder identificar cuándo y dónde hay riesgos de conductas o eventos criminales. Esta identificación permite diseñar intervenciones partiendo del supuesto (porque la experiencia o la literatura así lo sugiere) de que éstas mitigarán los factores de riesgo reconocidos.

Es difícil hacer buena política de prevención, sobre todo desde el ámbito federal. Los ensayos no muy exitosos que se llevaron a cabo en los dos sexenios anteriores lo demuestran. En la administración pasada, el presidente y el secretario de Hacienda en turno decidieron cortar los recursos del principal subsidio diseñado para promover acciones preventivas en estados y municipios, el Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred). Con esta decisión presupuestaria reconocieron, de alguna manera, el fracaso.

Sin embargo, en esto no podemos caer en el desánimo o la dejadez. Estoy convencida de que avanzar en materia de seguridad requiere de prevención. Este país lo necesita a gritos. A la prevención de las violencias y del crimen yo le daría la etiqueta de primerísima prioridad nacional. Se trata de salvar a niños y jóvenes de su ingreso a una carrera criminal que puede terminar con el encierro o la muerte –y hoy es mucho más probable lo segundo que lo primero–.

Por eso el presidente acierta en referirse a ella, no con el lenguaje técnico de lo que la prevención implica, pero sí con una gran intuición de que por ahí va parte de la solución. Pero las buenas intuiciones e intenciones no hacen política pública. Creo que los cercanos al presidente, los que tienen capacidades de diseño de políticas, lo deben ayudar a alinear objetivos con instrumentos.

Digo lo anterior porque los principales programas del presidente, los que él dice que tendrán el efecto de reducir las conductas antisociales, quizá no tengan tal impacto porque su diseño no está hecho para eso. En todo caso, si alcanzaran todo su potencial de éxito, quizá modificarían algunas condicionantes a nivel muy primario o básico. Sin embargo, la prevención secundaria y terciaria, la que debe atender a personas que ya están en situación de riesgo, seguiría tan desatendida en el ámbito federal como ahora.

Algunos de los programas del presidente, con un twist, podrían atender a población vulnerable y tener así un impacto preventivo más directo. Me refiero particularmente a Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa diseñado para darle oportunidades de empleo y de capacitación en el trabajo a jóvenes que no estudian ni trabajan. No conozco todavía una evaluación minuciosa del programa, en buena medida porque es difícil hacerla con la información disponible, pero cambios en el mismo podrían tener un efecto importante en jóvenes en riesgo. Tal como está ahora diseñado, es difícil que “enganche” a quienes más ayuda necesitan. Entiendo que para 2020 el programa tendrá algunos ajustes para llegar a los grupos vulnerables que señalo. Si es así, realmente lo celebro.

Pero ¿cómo saberlo, realmente? Aquí se revela la importancia de que los programas insignia de esta administración elaboren y publiquen sus reglas de operación. Que en el Presupuesto 2020 terminaran con reglas 11 programas sociales que a nivel proyecto no estaban obligados a tenerlas es una gran victoria de legisladores y un grupo de organizaciones que pugnamos porque no se prescindiera de este elemento básico de cualquier programa gubernamental. En las próximas semanas conoceremos estas reglas de operación y su calidad. Los interesados en la política pública podremos conocer aspectos del diseño, de la población objetivo, de la operación y los resultados esperados de estos programas emblemáticos. Con esta información podremos hacer un juicio informado sobre si la apuesta del presidente tiene algún sentido o si será necesario convencerlo de hacer otra cosa, algo sustantivo en pos de la prevención.

Si esto falla, no tendremos realmente una estrategia de seguridad. Sin prevención no habrá manera de rescatar a jóvenes en situación de riesgo. Y el presidente no podrá devolverle la paz a los mexicanos. Suena dramático, pero ya en estas etapas tan tempranas del sexenio podría estar pasando nuestro último tren para transformar al país.