Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Qué noticia tan fuerte y triste la del juez federal Uriel Villegas y su esposa Verónica Barajas, asesinados en su propia casa el pasado martes 16. La primer reacción de muchos fue la de señalar al Gobierno como responsable indirecto de los hechos, porque muchos supusimos que por razones de austeridad se le había negado protección al juez. Ahora sabemos que él mismo la rechazó por considerarla innecesaria. No obstante, vale mucho la pena hacer una reflexión sobre lo que esto implica. Me refiero a la austeridad llevada al extremo, y a los riesgos de seguir debilitando a la administración pública y a las instituciones del Estado mexicano que, ya vulnerables, pueden ser intimidadas o capturadas con más facilidad. ¿Y quiénes son los captores? Llamémosles poderes fácticos. Los que se pueden apropiar del país si no encuentran contención.

Lo primero es la austeridad. Parto de un hecho: siempre ha sido necesario hacer recortes en gastos superfluos, en programas con poca efectividad, en estructuras duplicadas, con el propósito de lograr mayor racionalidad en la administración pública y de generar más valor por cada peso invertido. Este gobierno entendió la austeridad de otra manera: como una vía para liberar recursos que financien los proyectos prioritarios del presidente, sin importar el costo.

Me es muy importante poner el blanco y negro lo que los ahorros producto de la austeridad representan, frente a los costos que pueden generar. En México Evalúa hicimos un análisis de los recursos que podrían liberarse a partir de la ‘segunda ola’ de austeridad implantada por el gobierno. El recorte del 25% de los sueldos y de aguinaldos de mandos superiores en la administración pública dan al erario un ahorro de 3 mil millones de pesos. El presidente dice que sus proyectos necesitan 622 mil millones. Son cacahuates que, sin embargo, pegan fuerte al ingreso de directores y subdirectores, los que a diario se arremangan la camisa para hacer que el aparato público funcione. Los héroes anónimos que, como el juez que lamentablemente perdió la vida, hacen que las cosas pasen.

En los próximos meses es esperable que estos ingresos se debiliten todavía más. ¿Qué nos propondrá el presidente? Muy probablemente una tercera ola de austeridad…

En esta segunda ola también se propone una reducción de hasta 75% en algunos rubros del gasto operativo de las entidades públicas. Muchas de ellas han manifestado que su operación se vería comprometida si se efectuara el recorte. En el mejor de los escenarios esto aportaría un 11% al monto de recursos requeridos para sostener los proyectos del presidente, así como están.

Pero hay asuntos más graves. El paro de la actividad económica a causa de la pandemina ya está ocasionando una merma en la recaudación de ingresos tributarios (por no hablar del desplome de los petroleros). En abril la recaudación por ISR se rezagó 10% respecto a la meta planteada en la Ley de Ingresos; el IVA, en un 2.3%. En los próximos meses es esperable que estos ingresos se debiliten todavía más. ¿Qué nos propondrá el presidente? Muy probablemente una tercera ola de austeridad, que justificará diciendo que los servidores públicos son esos depredadores del erario que no entienden la honrosa medianía de quien sirve a la nación. Esos servidores públicos, los más afectados por sus recortes, ganan entre 23 mil y 38 mil pesos —me refieron al nivel subdirector—. Ellos, sugiere, medran de los mexicanos.

La pregunta es hasta dónde pretende llegar el presidente. Ni los ahorros, ni la extinción de fideicomisos, ni el uso de los fondos de ahorro, ni la venta de patrimonio o activos del Estado van a poder sostener financieramente los planes del presidente frente a una caída de ingresos que se anticipa muy pronunciada. Para que el presidente pueda servir realmente a los mexicanos en este contexto, debe ‘mover’ sus certezas. La ruta de la austeridad al estilo AMLO, hoy, puede ser mortal.

Por lo que he podido leer en las últimas horas, la trayectoria del juez era muy limpia, lo que nos habla de un compromiso serio con la impartición de justicia. El asesinato de un representante del Estado de esa envergadura exige una respuesta del Estado de magnitud correspondiente. No atenderlo con todos los instrumentos a su disposición mandaría una señal de profunda debilidad. Pero la respuesta que esperamos quizá no se dé, justo por esa razón. Porque el aparato de inteligencia está fracturado y en mal estado; porque la fiscalía está en una transición que en realidad no lo es y la investigación criminal es tan deficiente como siempre. Porque la cabeza del Estado mexicano no tiene a estas instituciones en su radar.

El asesinato del juez es una señal ominosa. Cuando el crimen o poderes fácticos se atreven a cruzar las líneas, es porque sienten que pueden. Ven tan débil a la contraparte que asumen no habrá consecuencias.

Y con cada día que transcurre entre la austeridad y el abandono, el aparato burocrático se debilita, las instituciones también. Nos queda el líder carismático que no va a poder gobernar al país sólo con el poder de su palabra. Está perdiendo los instrumentos para sostener la gobernabilidad. Y, sin ellos, se anticipa una calamidad.