Los pendientes que deja Irma Eréndira Sandoval y los retos en la Secretaría de la Función Pública
Por Marco A. Fernández y Roberto de la Rosa *
El presidente de la República ha despedido a Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. Con rostro duro, el mandatario escuchó el mensaje de despedida de su excolaboradora. La otrora autodenominada Zarina contra la corrupción deja múltiples pendientes e innumerables sinsabores en su paso por la Secretaría de la Función Pública. Como señaló su sustituto, Roberto Salcedo Aquino, en el nombre propio de la institución está claro cuál es el propósito de la dependencia: garantizar que lo público funcione bien y, para ello, el hasta ahora subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción, deberá atender y corregir las omisiones que deja Sandoval Ballesteros:
- Revisar el marco de atribuciones de la SFP, valorarlo con los recursos financieros y humanos disponibles, para maximizar el impacto de la SFP como instancia normativa (acompañamiento) y de contraloría interna (vigilancia).
- Colaborar horizontalmente, sin visos de captura, en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
- Profundizar la colaboración con la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que los controles, interno y externo, se sincronicen de manera estratégica para acotar los espacios de la corrupción y garantizar el uso adecuado de los presupuestos públicos.
- Promover ante el SNA un nuevo formato de declaraciones patrimoniales guiado por los principios de máxima publicidad. La ex secretaria impulsó reservar la información patrimonial que estuviera en copropiedad.
- Establecer principios rectores del sistema de evolución de declaraciones patrimoniales, así como diseñar e implementar mecanismos y herramientas para verificar la consistencia de la información patrimonial. Para prevenir y sancionar actos de corrupción no basta una mayor cantidad de sujetos obligados a presentar declaraciones patrimoniales, sino requiere mayores capacidades institucionales y técnicas de la SFP.
- Conceptualizar con fines operativos en el control de la corrupción –junto con la sociedad civil organizada– el problema del conflicto de interés y promover su incorporación en el marco normativo mexicano.
- Proponer al ejecutivo federal un proyecto de ley de protección a denunciantes de actos de corrupción para su discusión en el Congreso de la Unión. Esta ley permitirá cumplir con los compromisos asumidos por México en el T-MEC.
- Impulsar junto con la SHCP una nueva política de contrataciones públicas. En la gestión de Sandoval Ballesteros la excepción se hizo regla. En 2018, el 36.1% de los contratos se adjudicaron de manera directa y para 2020 esta cifra aumentó a 42.2%, ubicándose como la principal forma de contratar en la Administración Pública Federal. Asimismo, deberá revisarse la opacidad de las denominadas “otras contrataciones” que en 2019 y 2020 sumaron cerca de $75 mil millones de pesos.
- Mayor transparencia en los trabajos de fiscalización de la SFP. Aún no ha sido publicado el Informe de Fiscalización de la Función Pública 2020. Es necesario que los criterios para integrar el Programa Anual de Auditorías, su planeación, ejecución, resultados (cédulas e informes de auditoría) y seguimiento sean de conocimiento público y sistematizados bajo el estándar de datos abiertos.
- Conducir las labores de fiscalización sin la lógica del escándalo mediático y el halago propio y más enfocados a concretar las consecuencias de las auditorías. El Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019 determinó afectaciones patrimoniales por 544.8 mil mdp. Sin embargo, de acuerdo al mismo informe, sólo se habían recuperado 1,041.7 mdp, es decir, menos del 0.2%.
- Revisar el programa de auditorías del ejercicio 2020 y 2021 para incorporar revisiones especiales a la aplicación de recursos en la atención de la pandemia de COVID-19, específicamente en la adquisición de equipo técnico fundamental y adquisición de vacunas.
- Transparencia en la gestión de riesgos institucionales de la Administración Pública Federal en materia de corrupción y del ejercicio de la función pública. Es de la mayor relevancia hacer del conocimiento público la evaluación y mapa de riesgos de corrupción, la valoración de estrategias y acciones de control para su contención, así como los resultados trimestrales.
- Guiar con certeza y sin sumisión al Ejecutivo Federal en la “política de austeridad”. El nuevo titular de la SFP debe precisar que los supuestos ahorros generados por la austeridad no son equivalentes a ahorros generados por el combate a la corrupción. Por el contrario, debe advertir que la “política de austeridad” se ha implementado a costa de garantizar derechos fundamentales, tales como el de la salud, educación y en demérito de las condiciones laborales de los servidores públicos.
- Publicar de manera trimestral informes de avances (físico y financieros) de los principales proyectos de infraestructura y asociados: cancelación del NAICM-Texcoco, construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, Tren Maya, Refinería de Dos Bocas, Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y proyectos de desarrollo carretero.
- Revisar la estructura y nombramientos de los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) y áreas clave (Auditoría Interna, Quejas y Responsabilidades) en todas las dependencias de la APF para evaluar su desempeño en la detección y substanciación de faltas administrativas graves. Hasta ahora no se cuenta con una evaluación de dichos órganos a cargo de Función Pública y sus resultados para contribuir a un mejor control de la corrupción.
- Fortalecer y transparentar la presencia de la SFP en los órganos colegiados que participa (juntas de gobierno, comités técnicos, comités de control y desempeño institucional). La SFP debe evaluar y mejorar el desempeño de sus representantes y comisarios a efecto de asegurar que la función pública se ejerza de manera correcta.
- Transparencia y apertura en los expedientes de faltas administrativas identificadas por los OIC y áreas centrales de la SFP. Debe impulsarse la claridad y publicidad de los criterios para clasificar las faltas administrativas como graves y no graves. Esto acotará espacios de discrecionalidad y posible corrupción en la determinación de la gravedad de las faltas administrativas cometidas por funcionarios públicos y particulares y que son detectadas por la dependencia.
- Transparencia en la relación institucional de la SFP con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la substanciación y sanción final de faltas administrativas graves.
- Apertura de las carpetas y expedientes de investigación que impliquen la operación con recursos de procedencia ilícita y que requieren de la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la Fiscalía General de la República en caso de delitos de corrupción.
- Dar a conocer con antelación las acciones que la SFP llevará para el cierre de la administración 2018-2024.
Múltiples han sido las promesas del gobierno del presidente López Obrador en materia de la detección, investigación y castigo de la corrupción. Para su cumplimiento ha habido expectativas sobre el papel que la SFP está llamada a jugar. Sin embargo, hasta ahora los resultados de dicha dependencia están lejos de honrarlas. No ha habido acciones contundentes en el desmantelamiento de redes de corrupción ni tampoco en la recuperación efectiva de recursos ni mucho menos en la reparación del daño de las víctimas de la corrupción. ¿Qué propone Salcedo Aquino para que este panorama sea distinto y se logre que, a partir de fomentar un funcionamiento adecuado de lo público, con transparencia, rendición de cuentas y castigo a la impunidad se cumplan las promesas presidenciales en esta materia? ¿Desempeñará a cabalidad las funciones de la SFP o seguirá la agenda de su jefe para pauperizar el servicio público y “diseñar una reforma administrativa” que, por dichos del propio presidente, implica que el Ejecutivo absorba las funciones de los constitucionales autónomos?
*Investigadores de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey y México Evalúa
