Los míticos 140 mil mdp en prevención social
Manejar una cifra imprecisa trae consigo al menos dos riesgos a considerar: el primero, sobreestimar la relevancia que en términos reales, pesos y centavos, tiene este tema para el Gobierno Federal. El segundo es que genera confusión en torno a lo que es y lo que no es prevención del delito en general, y social en lo particular, cuestión clave en momentos en los que se quieren construir las capacidades institucionales en municipios, entidades federativas y a nivel federal para llevarla a cabo.
Por: Lilian Chapa Koloffon (@cklilian)
El vals de la ambigüedad en torno al peso en el presupuesto federal de la llamada prevención social del delito y la violencia, entendida en el ámbito gubernamental como aquella que se realiza mediante estrategias distintas a las de los jueces y policías, se baila al son de tres fuentes muy distintas entre sí, una cifra y una imprecisión de varios miles de millones de pesos.
Esta trama revela que nos encontramos ya sea frente a una confusión por parte de las autoridades responsables de esta política pública, lo que debería preocuparnos enormemente, o ante la intención, por parte de estas mismas autoridades, de inflar la cifra que realmente se destina a la misma. Dilucidar el asunto es clave entonces para saber si realmente la prevención del delito es una prioridad para el Gobierno Federal, tal y como lo anunció el Presidente en su primer día de gobierno. Hagámoslo por partes, mediante una revisión de lo que las autoridades han dicho, lo que puede observarse al respecto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015 y lo que revelan la herramienta de información en Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y una serie de solicitudes de acceso a la información pública.
Lo que se ha dicho en torno a los recursos para la prevención
Hace un mes, la primera fuente, Arturo Escobar, titular de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, declaró, durante una entrevista centrada en su defensa ante la inconformidad que provocó su nombramiento entre varias organizaciones de la sociedad civil (México Evalúa incluida), que buscaría la vinculación con nueve dependencias “que tienen presupuesto para la prevención del delito, que suman 140 mil millones de pesos” en 2015.
Días antes, un grupo de organizaciones, la segunda fuente, había anunciado la conformación de una coalición contra “las cuotas partidistas en cargos de la administración pública”, iniciativa que no podría ser más pertinente. En el mismo evento, manifestaron su preocupación porque Escobar y su equipo estuvieran a la cabeza de un programa (el Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia) que, mencionaron, involucra 143 mil millones de pesos ejercidos a través de nueve secretarías.
Algo sí está claro: Escobar se refiere a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, conformado por la Secretaría de Gobernación; la de Hacienda y Crédito Público; la de Desarrollo Social; la de Economía; la de Comunicaciones y Transportes; la de Educación Pública; la de Salud; la de Trabajo y Previsión Social y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El enredo empieza al preguntarnos si en verdad éstas nueve dependencias destinan en conjunto 140 mil millones de pesos a acciones de prevención social en el marco del Programa Nacional. ¿Coordina de alguna manera la Subsecretaría de Prevención tal cantidad bajo la lógica de la “prevención social”? Para saberlo, veamos lo que dice el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.
Lo que es (o lo que dice el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 y el reporte del ejercicio del gasto del mismo año, vía Transparencia Presupuestaria)
Hace unos meses, tras la publicación de nuestro estudio Prevención del delito en México: ¿Cuáles son las prioridades? –enfocado en el subsidio del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el Pronapred– preguntamos a la Subsecretaría de Prevención, a la que aún no llegaba Escobar, qué acciones se realizan en el marco de la Comisión Intersecretarial, dónde y con cuánto presupuesto. La Subsecretaría nos remitió al Anexo 19 del PEF 2015, la tercera fuente, donde encontramos, efectivamente, que se asignaron 140 mil millones de pesos a “Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos”.
La decepción empezó cuando, al ver a detalle los rubros que en conjunto suman 140 mil millones, descubrimos que esta suma incluye el presupuesto de acciones que no pueden considerarse de prevención social y que no forman parte de la Intersecretarial.
Recordemos que la legislación en la materia define a la prevención social como“…el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan”. Es relevante tener claro que la prevención social se refiere a la prevención de las causas de la violencia y la delincuencia –es decir, fuera del ámbito de la acción de jueces, policías y soldados, que pueden hacer otros tipos de prevención– porque, según su normatividad, la Intersecretarial tiene por objetivo la coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el diseño y la ejecución de políticas, programas y acciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.
Aclarado el punto, volvamos a las acciones cuyo presupuesto la Subsecretaría y algunas organizaciones de la sociedad civil están contando como parte de las acciones de la Intersecretarial y por lo tanto, como presupuesto para la prevención social (Ver Tabla 1). Por parte del ramo de la Secretaría de Gobernación, tenemos los operativos de la Policía Federal (20 mil 300 mdp) y los de una de sus divisiones, la Gendarmería Nacional (4 mil 500 mdp). También, comprende el monto total del Subsidio en materia de seguridad para entidades y municipios (Subsemun), es decir 4 mil 900 mdp, aunque la normatividad señala que ”por lo menos” 20 por ciento de éste debe destinarse a “prevención social”, y la mayoría del resto se destina normalmente a adquisiciones como equipamiento o tecnología para las corporaciones policiales. Lo mismo sucede con el Subsidio para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal (1 mil mdp). Así, de los 37 mil mdp que aparecen como la aportación de Segob a la prevención social, prácticamente 80 por ciento no corresponde a este ámbito.
Veamos ahora las acciones de dependencias que no solamente no son parte de la Intersecretarial sino que no hacen prevención social ni realizan sus actividades en coordinación con la Subsecretaría. La Secretaría de la Defensa Nacional, con su Sistema educativo militar (mil 600 mdp) y su Programa de Seguridad Pública (2 mil 600 mdp). La Secretaría de Marina-Armada de México, con el programa denominado Emplear el poder naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales (3 mil 500 mdp), y la Procuraduría General de la República, con su programa de Promoción del desarrollo humano y planeación institucional (1 mil 600 mdp).
Tabla 1. Fin y Propósito de cada programa presupuestario del Anexo 19 del PEF 2015
Lo que revelan solicitudes de acceso a la información pública
Al solicitarle a estas tres dependencias por la vía del acceso a la información pública un listado con descripción de sus acciones realizadas en el marco de la Comisión Intersecretarial en 2014 y el presupuesto correspondiente a las mismas, respondieron lo siguiente:
SEDENA[1] declaró que no existe documento alguno que contenga la información requerida “después de haber realizado una exhaustiva búsqueda en sus archivos”. Respuesta estándar cuando simplemente no se cuenta con la información.
SEMAR[2] indicó: “(…) esta Secretaría no está contemplada dentro de esta Comisión, en virtud que el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, esta unificada por 9 Secretarias del Gobierno Federal, (SEGOB, SHCP, SEDESOL, SE, SCT, SEP, SALUD, STPS y SEDATU), con el objetivo prevenir el delito, por lo que es de entenderse que esta dependencia no recibe recursos del subsidio Pronapred”. (sic) Por ello, declaró formalmente la inexistencia de la información requerida. Puede observarse además que la Sedena confunde las acciones de la Comisión Intersecretarial con aquellas que reciben el subsidio del Pronapred.
Por su parte la PGR[3] resolvió que la información solicitada “no se encuentra dentro del ámbito de competencia de esta Dependencia”, destacando –con todo y negritas y subrayado– que de acuerdo con la Constitución “tiene entre sus funciones la de investigación y persecución de diversos delitos a nivel federal(…)”. También, que “no participa activamente en la generación de la programación generada por la comisión en sus reuniones periódicas”, donde ocupa un lugar como invitada permanente, con voz pero sin voto.
En este punto, podemos concluir en que los 140 mil millones del Anexo 19 del PEF 2015 agrupan programas presupuestarios que pueden tener relación con la prevención social, pero también varios otros que se clasifican de mejor manera bajo otras estrategias o enfoques de prevención y otros finalmente sin relación con ninguna de las anteriores. Por ello, la cifra que aparece desde 2013 en el PEF en el anexo bajo el nombre de “Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos” no puede considerarse como el presupuesto federal, el peso específico pues, de la llamada prevención social de la violencia y la delincuencia.
Manejar una cifra imprecisa trae consigo al menos dos riesgos a considerar: el primero, sobreestimar la relevancia que en términos reales, pesos y centavos, tiene este tema para el Gobierno Federal. El segundo, importante en términos del futuro de esta política pública, es que genera confusión en torno a lo que es y lo que no es prevención del delito en general, y social en lo particular, cuestión clave en momentos en los que se quieren construir las capacidades institucionales en municipios, entidades federativas y a nivel federal para llevarla a cabo.
Urge tener mucho más claridad sobre las acciones y programas que la administración federal implementa en el marco del PNPSVD, fuera del subsidio Pronapred. Es decir, no puede continuar siendo una política tan difícil de definir y delimitar. Como pudimos observar tres dependencias federales descartan tener participación en esta política pública, lo que se entiende dada la naturaleza de sus misiones institucionales, aunque esto parece no estar claro en Gobernación, dependencia encargada de coordinarla.
* Lilian Chapa Koloffon es investigadora del programa de Seguridad Pública de México Evalúa (@mexevalua).
[1] Folio 0000700139415
[2] Folio 0001300050115
[3] Folio 0001700259515
