Los 360 grados de la justicia abierta

Laurence Pantin (@lpantin) y Alejandra Quezada (@quezada_as) | Animal Político

Después del asesinato de Abril Pérez hace dos semanas, el Poder Judicial de la Ciudad de México anunció su decisión de suspender a dos jueces de control que permitieron la liberación hace menos de un mes de su exesposo, quien en septiembre había sido recluido de manera preventiva por tentativa de feminicidio después de agredirla con un bate de béisbol mientras ella dormía.

Sin embargo, como subrayó Estefanía Vela, si no tenemos acceso a las tres resoluciones de su caso no podemos saber dónde estuvo la falla y, si no tenemos acceso a las sentencias de estos juzgadores en otros casos, no podemos saber si tienen un patrón de resoluciones en detrimento de mujeres víctimas de violencia.

De manera similar, el pasado 20 de noviembre el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y el secretario de Gobierno de la entidad, Pablo Ojeda Cárdenas, acusaron al Poder Judicial del estado de haber liberado “de manera irregular” a 51 personas que estaban siendo procesadas por el delito de secuestro. La prueba de ello, según éste último, es que “se han promovido recursos judiciales de revisión y en las siguientes instancias se ha confirmado que había motivos para vincular a proceso a los presuntos responsables. Sin embargo, éstos ya se habían fugado.”

Dado que el Poder Judicial de Morelos no publica sus sentencias ni sus resoluciones, es imposible saber si el reclamo del Ejecutivo es legítimo.

Más allá de estos casos muy recientes, muchos otros fueron mencionados durante el Foro Internacional para una Justicia Abierta, organizado el 28 y 29 de noviembre por EQUIS Justicia para las Mujeres, México Evalúa, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En él participaron actores de los poderes judiciales federal, locales, y de otros países, así como usuarios del sistema de justicia, representantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas.

Para hablar de justicia abierta se necesitan dos partes. Por un lado, unos poderes judiciales dispuestos a rendir cuentas, y que exploran el uso de las nuevas tecnologías y adoptan prácticas avanzadas de transparencia para hacer la justicia más accesible. Por el otro, ciudadanos y organizaciones interesados en recibir, consultar y analizar estos datos.

Sin uno de estos dos actores, no podemos hablar de una justicia abierta. Lo interesante, como lo comentaron los ponentes del Foro, es que los esfuerzos para llegar allí no siempre surgen del mismo lugar.

En ocasiones, provienen de “arriba”, como fue el caso en Costa Rica, donde la Corte Plena del Poder Judicial decidió implementar una política institucional de justicia abierta, que comprende 22 líneas de acción, que van desde la realización de folletos ilustrados titulados “Facilitando la justicia en la comunidad” –que describen de manera sencilla la manera de acceder a ciertos derechos– hasta la capacitación de facilitadoras y facilitadores judiciales que trabajan en sus comunidades para informar sobre los servicios y trámites judiciales y fungir como mediadores en conflictos menores.

En otros casos, el impulso emerge “de abajo”, como sucedió con las iniciativas de una magistrada electoral mexicana, María Silva, o de un juez penal de Buenos Aires, Pablo Casas, quienes implementaron medidas para transparentar sus actividades y dar a conocer de mejor manera sus decisiones. Por ejemplo, la primera trabajó con su equipo para redactar sus sentencias en un lenguaje más sencillo y ciudadano, incluyendo un índice, un glosario y un resumen para facilitar su lectura y evitando palabras complicadas. Por su parte, el segundo abrió una cuenta de Twitter de su juzgado para publicar su agenda de audiencias y resoluciones. También desarrolló una guía de lenguaje claro y estilo para la redacción de sentencias.

Finalmente, algunas experiencias nacen “de afuera”, es decir, de la sociedad civil. Así pasó con el Observatorio Ciudadano de la Justicia Plural, creado por la Fundación Construir en Bolivia con el fin de facilitar el acceso y uso de la jurisprudencia y de las sentencias judiciales por parte de los ciudadanos. También podemos citar los ejercicios de auditoría ciudadana que realizaron organizaciones como Poder Ciudadano en Argentina, que pidió tener acceso a las sesiones del Consejo de la Magistratura para realizar un “monitoreo cívico” de esta institución, o la Red por la Ciudadanización de la Justicia en México, que analizó 110 sentencias y resoluciones judiciales para evaluar si tomaban en cuenta la perspectiva de género.

Además de la posibilidad de evaluar la labor de los juzgadores, la justicia abierta permite que los ciudadanos conozcan mejor sus derechos y recurran a los poderes judiciales para hacerlos valer, advirtieron Elvira Pablo, de la Red de Abogadas Indígenas, y Jorge Martínez Arreguín, Consejero de la Judicatura de la Ciudad de México.

Pero no solamente beneficia a los ciudadanos, sino también a los mismos poderes judiciales, remarcaron varios ponentes. En el contexto actual de críticas a los impartidores de justicia y señalamientos en torno a casos de nepotismo y corrupción, la justicia abierta es una herramienta para reconstruir la confianza ciudadana en los juzgadores.

Asimismo, es un instrumento que fortalece la independencia judicial, explicó la magistrada Silva. Por ejemplo, la publicación de las sentencias judiciales provee un blindaje a los juzgadores frente a posibles presiones o intentos de corrupción. En efecto, cuando experimenten estas influencias indebidas, pueden resistirlas con el argumento de que no pueden alejarse de los criterios que sustentan habitualmente sus decisiones, porque sería notorio para cualquiera que revisara sus resoluciones.

La justicia abierta también incentiva a los funcionarios judiciales a mejorar, indicó el juez Pablo Casas. Relató cómo la decisión de publicar indicadores del desempeño de su juzgado motivó que su equipo y él empezaran a analizar estos indicadores, a darse cuenta de que no necesariamente eran conscientes de las actividades a las cuales dedicaban la mayor parte de su labor y a buscar la manera de elevar sus resultados.

Finalmente, como coincidieron algunos de los ponentes durante el Foro, una justicia abierta permite recordar que las personas están al centro de la impartición de justicia y que la tarea principal de los juzgadores consiste en resolver los conflictos sociales de la manera más justa y humana posible.