La Ecopred es un primer paso hacia un diagnóstico local de los factores de riesgo entre jóvenesPor primera vez este año, las autoridades levantaron una encuesta que permitió medir, en 47 áreas urbanas relevantes, los factores de riesgo y vulnerabilidades que los jóvenes mexicanos enfrentan cotidianamente en términos de delincuencia, inseguridad y violencia social. La Encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia (Ecopred) tiene áreas de oportunidad para mejorar el diseño de sus cuestionarios (como, por ejemplo, incluir experimentos de lista para preguntas sensibles) y vale la pena continuar la recolección de información a nivel urbano o municipal, para diseñar políticas preventivas sólidas y locales que atiendan las necesidades de los jóvenes en riesgo.

La justicia se reconoció como parte de la Agenda de Desarrollo Post-2015

A finales de septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas eligió 17 objetivos que se tienen que cumplir en 2030, como parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Además de incluir temas de pobreza, salud, educación y medio ambiente, se reconoció, por primera vez, que para el desarrollo es necesario garantizar una justicia de calidad. De manera específica, el objetivo 16hace referencia a la paz, la justicia y las instituciones transparentes. Afortunadamente, México fue de los grandes impulsores de la inclusión este objetivo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Lo que se perdió en 2015

No existe capacidad institucional para resolver conflictos de interés y corrupción

El asunto de la Casa Blanca demostró en que no existe un sistema de rendición de cuentas, con controles institucionales eficaces para monitorear, investigar y sancionar los conflictos de interés y presuntos casos de corrupción en los que incurren los funcionarios públicos en funciones. La Secretaría de la Función Pública –instancia sobre la cual recae la tarea de vigilar los conflictos de interés– no cuenta con la independencia ni autonomía suficiente respecto al Ejecutivo para emitir juicios imparciales sobre el tema. 

El presupuesto base cero se anunció, pero no llegó

El Legislativo hizo un recorte moderado al presupuesto 2016, equivalente al 1.6 por ciento del PIB o 73 mil millones de pesos constantes, con respecto al de 2015. Sin embargo, no se publicaron los argumentos o criterios de eficiencia que se utilizaron para suprimir, fusionar o aumentar programas presupuestarios, como lo requiere un presupuesto base cero. Tampoco se pusieron en marcha nuevos mecanismos de asignación de recursos que garanticen un uso más eficiente del dinero. Fondos del Ramo 23 se distribuyeron en función de criterios políticos, contrarios al espíritu de un presupuesto base cero.

Tampoco se controló el endeudamiento

La deuda registrada, que no incluye el total de los pasivos del Estado, como los pasivos contingentes, aumentará 4.5 puntos del PIB de 2015 a 2016. En lo que va del sexenio ha aumentado 10 puntos del PIB. Peor aún, el gobierno ahora puede suscribir deuda sin registrarla y sin autorización del Congreso. Por ejemplo, los bonos de infraestructura educativa persiguen un fin noble, pero constituyen deuda que el Congreso no autoriza y no se registra como tal. No operan mecanismos de control para exigir respeto a la ley y uso racional de los recursos públicos.

Se revirtió la tendencia a la baja de los homicidios dolosos en México

Mientras la tasa de homicidios dolosos totales a nivel nacional había mostrado una tendencia a la baja, en 2013 y 2014, a partir del enero de 2015, esta tendencia se revirtió hasta llegar a los 14 mil 069 homicidios al cierre de octubre. A pesar de que el nivel de violencia actual no es equiparable a la cúspide que observamos en los últimos dos años de la administración de Felipe Calderón, continúa siendo un reto importante para nuestro gobierno conseguir que los homicidios vuelvan a los niveles previos al 2006. 

La imperdonable segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera    

La fuga del narcotraficante del penal de máxima seguridad del Altiplano evidenció la debilidad de las instituciones de seguridad y justicia mexicana. Este hecho ocurrió a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había advertido que, en la prisión catalogada como la más segura del país por autoridades federales, el personal de seguridad y custodia era insuficiente y que los internos podían ejercer violencia o control sobre el resto de la población.

 Cayó la verdad histórica

La investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso Ayotzinapa fue cuestionada tras la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que actuó bajo un convenio de asistencia técnica con el Gobierno Federal. Según el reporte preliminar del Grupo, existe evidencia sobre la responsabilidad del Ejército y de la Policía Federal en el incidente. El informe señala también la insuficiencia de pruebas para soportar la teoría del asesinato e incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula. A raíz de la publicación del informe, que pone al descubierto la falta de capacidades de investigación de la PGR, esta dependencia tuvo que crear una unidad especial para el caso, como lo solicitaban los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos.

Informar sigue siendo un peligro mortal en México

El nivel de impunidad para los asesinatos de periodistas en México no es distinto al de homicidios de los que es blanco el resto de la población: de terror. De acuerdo con la organización Artículo 19, 2015 cierra con siete periodistas asesinados, mientras que algunos organismos gremiales contabilizaron 12, todos ellos sin castigo para los responsables según las mismas fuentes. Veracruz y Guerrero son los focos rojos. Es importante guardar en la mente que este grave pendiente en derechos humanos envía además una pésima señal a quienes cometen estos delitos: matar no cuesta.

El tema de la tortura provocó una escaramuza diplomática

Como respuesta al informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, el entonces Canciller mexicano negó rotundamente –aunque sin ofrecer evidencias– que la práctica de la tortura para obtener confesiones fuera generalizada. El suceso generó un incidente diplomático que revela una postura de negación a un problema que no podrá corregirse si no se reconoce. 

El proceso para la designación de Ministros de la Suprema Corte sigue siendo deficiente

En diciembre fueron nombrados dos nuevos ministros de la Suprema Corte mediante un proceso cuestionado. Organizaciones de la sociedad civil señalaron que el Ejecutivo Federal no contaba con criterios previos para la selección de aspirantes y que candidatos polémicos no fueron depurados por el Senado. Si bien hubo mayor transparencia en el proceso de revisión de las candidaturas por la Comisión de Justicia de la Cámara alta, es notorio que el sistema actual permite al titular del Ejecutivo imponer a los jueces supremos, por lo que es indispensable una reforma al mecanismo de designación de los jueces de mayor jerarquía en el país.

Los retos para 2016 

La Reforma a la Ley de Obras Públicas tiene que asegurar menor corrupción

La reforma constitucional que concibió el SNA como un sistema de rendición de cuentas, autónomo e independiente requiere la creación de leyes generales y la modificación de leyes secundarias. La Ley de Obras Públicas es parte de la regulación secundaria que debe mejorarse para aterrizar el tan anhelado SNA. Lamentablemente, la reforma aprobada por los Diputados el 9 de diciembre de 2014 es contraria al espíritu del SNA. El reto en 2016: lograr que el Senado apruebe una Ley que garantice transparencia suficiente, seguimiento efectivo de proyectos y contratos, así como mecanismos de cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Sentar las bases para un Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) eficiente

Los procesos de contratación del NAICM dejan mucho qué desear en términos de buen uso de los recursos públicos. Las contrataciones de obra ya efectuadas mostraron un bajo nivel de competencia y retrasos que merman la eficiencia del proyecto: 71% de los recursos contratados fueron adjudicados de manera directa y las contrataciones de los 21 paquetes de licitación anunciados para este proyecto sufrieron retrasos. Monitorear y retroalimentar el desarrollo del NAICM es un aspecto prioritario en la agenda del próximo año.

Aprender a vivir sin la renta petrolera

Un recorte presupuestal todavía superficial, atajos para no registrar adecuadamente la deuda (como los bonos educativos o los cambios que se proponen en la Ley de Asociación Público Privada) y un “mega impuesto” a las gasolinas que afecta la competitividad del país no son medidas sostenibles para vivir sin la renta petrolera. Incluso, preocupa que el gobierno haya empezado a dejar de pagar oportunamente a proveedores, afectando la economía e incluso poniendo en riesgo la existencia de algunas empresas. Aprender a vivir sin la renta petrolera implica hacer cambios profundos en los procesos de toma de decisión en el uso de recursos públicos, evitar gastos superfluos y poner la planeación financiera como eje rector para alcanzar una trayectoria de gasto sostenible de acuerdo con la nueva realidad.

Aprobar y aplicar la Ley Nacional de Ejecución Penal

Está pendiente la aprobación de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP). Está ley es un parteaguas en la política penitenciaria y plantea un balance entre las necesidades de seguridad de las prisiones y el derecho a la protección y el trato digno de las personas privadas de libertad. La ley contempla también mejoras al sistema de información sobre personas procesadas y sentenciadas, con lo cual será posible monitorear la experiencia de ciudadanos que transitan a través del sistema de justicia. Los datos permitirán también realizar estudios en criminología modernos.

Monitorear el funcionamiento del sistema de justicia penal acusatorio

El sistema procesal penal acusatorio, también denominado sistema de juicios orales, debe entrar en vigor en todo el territorio nacional para junio de 2016, de acuerdo con el plazo de ocho años que la reforma constitucional de 2008 dio a los estados y a la federación para lograr esta ambiciosa reforma. La reforma busca –entre otras cuestiones– el respeto a los derechos de las personas víctimas de algún delito y de las personas imputadas a través de procesos públicos que eviten actos de corrupción en el sistema penal. Es muy probable que no todos los estados logren llegar a la meta, sin que sean claras las consecuencias del incumplimiento. México Evalúa dará seguimiento a esta reforma en este momento crucial.

* Los autores son investigadores de México Evalúa. Mónica Ayala es Practicante del Programa de Seguridad. Mariana Campos es Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas.  Lilian Chapa Koloffon es Investigadora del Programa de Seguridad. Jonathan Furszyfer es Coordinador del Programa de Seguridad. Osvaldo Landaverde es Investigador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas. Layda Negrete es Coordinadora del Programa de Calidad de la Justicia. Esther Ongay es Investigadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas. Leslie Solís es Investigadora del Programa de Calidad de la Justicia.