Lo que sabemos que NO sabemos sobre la sustentabilidad de Pemex y CFE
Por Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) y Viviana Patiño Alcalá (@vivana_paal) | Animal Político
Esta semana, el canciller Marcelo Ebrard rompió los paradigmas de esta administración y habló ante John Kerry, enviado especial para el cambio climático del Gobierno de Estados Unidos, sobre decisiones que se anunciarán próximamente, orientadas a comprometer a México con el impulso a la inversión en energías renovables, a facilitar la participación de privados y a impulsar la electromovilidad, entre otros objetivos. Si en verdad se ejecutan estos cambios, ¿estaríamos contemplando el fin del concepto de ‘soberanía nacional’ como eje rector de la política energética, al tiempo que se articula la sustentabilidad como uno de los principios fundamentales, junto con la seguridad energética, en el camino de lograr una integración en el sector para Norteamérica? No, no vayamos tan deprisa.
Hay un asunto que requiere atención urgente. Nuestras empresas productivas del Estado (EPE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), han sido evaluadas, con datos a mayo de 2022, como empresas con riesgos severos: en sus respectivas categorías (sectores), la calificadora internacional Sustainalytics –propiedad de Morningstar, una de las principales firmas de servicios financieros–, las coloca dentro de las 10 empresas más riesgosas del mundo. Y es que Pemex y CFE registran 64.1 y 57.5 puntos, respectivamente; ambas por encima de la calificación de 40 puntos, considerada como riesgo severo en el tabulador de referencia. Esta métrica no es otra cosa que la cuantificación de impactos en materia ambiental, social y de gobernanza, los llamados indicadores ESG.
Estas métricas ya son ineludibles
En 2021, desde México Evalúa publicamos el estudio sobre responsabilidad corporativa de Pemex, a la luz de los indicadores ESG. En ese análisis, con datos de su Informe de Sustentabilidad de 2019, recogimos una calificación de 56.7 puntos de riesgo para la empresa. Como ven, al actualizar con cifras a 2022, el indicador aumentó un 13%. Pero ésa no es la única métrica de referencia.
Recientemente nos adentramos en el Informe de Pemex para 2020, que se publicó en diciembre de 2021, y pudimos actualizar la información a la luz de otra metodología de riesgos ESG: la de la Sustainability Accounting Standard Board (SASB)[1]. Encontramos que Pemex registró, respecto de 2019, aumentos de 12.5% en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); de 50% de emisiones de CO2e en la quema de gas por desfogue (es decir, gas liberado directo a la atmósfera), y de 19% en emisiones de dióxido de azufre. También notamos que en su Informe de Sustentabilidad 2020 Pemex señaló que el 97% de sus gasolinas y 50% del diésel son ultra bajos de azufre (UBA), lo que de primeras parece una buena noticia. Sin embargo, es llamativo que Pemex omita mencionar en su informe ciertas dificultades técnicas que le han impedido avanzar en la producción y distribución de diésel UBA, situación que conocemos por las resoluciones que emitió la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el 2021, a través de las cuales se le otorgaron prórrogas a la empresa: tiene hasta 2025 para surtir 100% al mercado con combustibles bajos en emisiones. Según las mejores prácticas en materia de divulgación de los riesgos ESG, este tipo de información debería incluirse en los reportes de sustentabilidad.
En todo caso, los indicadores ESG han llegado para cambiar los paradigmas de medición del valor corporativo. Es decir, la rentabilidad o el valor patrimonial ya no bastan para estimar el valor de las empresas, pues ahora es necesario utilizar indicadores adicionales que permitan medir los impactos sociales, ambientales y de gobernanza. Vamos, que ninguna empresa, y menos las del sector, pueden navegar sin métricas objetivas de su nivel de sustentabilidad.
Por ello, desde hace un par de décadas los especialistas en la materia, con el auxilio de las grandes firmas de contaduría, fondos de inversión y organizaciones encargadas de certificar las normas contables internacionalmente aceptadas, diseñaron diversas metodologías para medir los impactos de marras. El nuevo ‘nombre del juego’ es reconocer, cuantificar y vincular los efectos de las políticas con los impactos de los proyectos productivos en materia de aire, agua, manejo de residuos, relación con clientes, violación a derechos humanos, opacidad en la información, calidad de la información difundida, programas anticorrupción, seguridad industrial y políticas de inclusión, entre muchas otros aspectos. Al incorporar métricas confiables al cálculo de valor empresarial, y divulgar correctamente esta información –según dictan las mejores prácticas–, las empresas incrementan su valor corporativo y logran acceso a mejores términos de financiamiento en los mercados de deuda y capital.
La CFE, sin reportes de sustentabilidad
Para la Comisión Federal de Electricidad realizamos el mismo ejercicio con datos públicos disponibles y fuentes secundarias para el periodo de 2015 a 2020. Debido a que la CFE no publica un reporte de sustentabilidad (y, en general, a la escasez de información), resulta extremadamente difícil integrar datos a las categorías de SASB de riesgos ESG: sólo pudimos identificar 54% del total de rubros requeridos por tal metodología para CFE. Por descontado, lograr una interpretación a partir de información de contexto también es una tarea compleja, por la falta de transparencia de la empresa.
Los rubros de los indicadores ESG, de acuerdo con los manuales de SASB, incluyen temas como gestión de agua, seguridad y gestión nuclear, gestión de residuos, eficiencia y asequibilidad. En general, la cantidad y calidad de la información de CFE en estos temas es muy escasa, pero nos sorprendió en especial el caso de los gases de efecto invernadero (GEI). No fue posible encontrar en reportes o informes anuales financieros de CFE la cantidad de GEI emitidos por la empresa. De los siete gases que comprenden los GEI, con dificultades es posible monitorear tres: CO2, CH4 y N2O. Aun así, ninguno de estos tres tiene un reporte sistemático en los informes anuales de la Comisión.
Como comprenderán, es necesarísimo tener al menos una idea de qué terreno estamos pisando (o de qué aire estamos respirando, si se quiere). Así que nos pusimos a ello, con las fuentes oficiales disponibles. El último registro de emisiones netas de CO2 en México es de 2019[2], y equivale a 295,777.936 Gg[3] de CO2e para CO2. Ahora, para conocer qué porcentaje de esas emisiones fueron generadas por CFE, nos encontramos con un problema: a partir de 2019 los informes anuales de CFE no incluyen la cifra de sus emisiones totales de CO2, ni información homologada que permita acceder a los datos de forma directa. De hecho, el informe de 2020 sólo reporta emisiones evitadas, mientras que el de 2021 reporta las emisiones desagregadas por subsidiaria, pero con una unidad de medida diferente (tonCO2/MWh, en vez de tCO2) que imposibilita la comparación histórica expedita. Para obtener el dato de contexto, la cifra que encontramos es de 2020, y está en el Plan de Negocios 2022-2026 y no en un Informe Anual –como, reiteramos, solía reportarlo la CFE–. Con esa cifra (50,494 Gg de CO2) hicimos una estimación bajo el supuesto de que las emisiones netas se mantuvieran constantes desde 2019. Obtuvimos que la Comisión contribuyó en aproximadamente un 17% al total de emisiones netas del país de CO2.
Como éste, hay muchos otros datos de los que es esencial tener un reporte claro, oportuno, completo y sistemático por parte de la CFE. A la fecha, la ciudadanía (los stakeholders de la empresa, no lo olvidemos) no cuenta con ellos. Además de los GEI, existen otros contaminantes que afectan la calidad del aire que es necesario conocer. La metodología de SASB contempla la necesidad de reportar montos de emisiones, y sus porcentajes en o cerca de zonas densamente pobladas, de cinco de ellos: óxido de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SOx), material particulado (PM10), plomo (Pb) y mercurio (Hg). Todos ellos datos ausentes en la información pública disponible de la CFE.
Tras una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la CFE nos proporcionó datos históricos de NOx, SOx y PM10. Para el caso de plomo y mercurio, obtuvimos datos de las bases del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Pues bien, a partir de esta búsqueda, observamos un incremento de 712% en las emisiones de mercurio, contra una disminución de 3% en las emisiones de plomo, para el periodo comprendido entre 2015 y 2020. Cabe destacar que aunque el RETC ofrece cifras de CFE, incluso desagregado por central de generación eléctrica, observamos que en dicha base de datos no se encuentra registrada información completa correspondiente a la central termoeléctrica de Tula (CTT) –la más contaminante del país y nuestro particular caso de estudio– sino hasta 2019, por lo que las cifras, de nuevo, podrían ser inexactas.
En busca del liderazgo perdido
Frente a la grave crisis climática en la que nos encontramos, y dada la urgencia por realizar transiciones energéticas ordenadas, simplemente no podemos dejar pasar la falta de compromiso con la sustentabilidad por parte de estas empresas. ¿Cómo se va a lograr, por ejemplo, la meta establecida en la Contribución Determinada Nacional (NDC) de emisiones de GEI del sector eléctrico para 2030, que es de 139 MtCO2e? Este compromiso se traduce en una reducción sí o sí de 31% en los GEI relacionados con la generación de energía eléctrica para ese año, y la generación del 35% del total de la energía eléctrica a partir de energías limpias para 2024. ¿Con qué datos vamos a alimentar las métricas? ¿Cómo reconoceremos el avance, si lo hay? Las dos EPE deberían ejercer un liderazgo frente a estos enormes retos para todo el sector energético mexicano. Ya no pueden permitirse el lujo de no dar pasos hacia la responsabilidad ambiental, social y de gobernanza.
Invitamos a Pemex y a CFE a utilizar el trabajo realizado por México Evalúa como un mapa de ruta para conocer cómo se percibe, a la luz de la metodología SASB, la difusión de indicadores de responsabilidad corporativa de sus empresas. En su mano está construir mejores indicadores y establecer canales de comunicación con los actores interesados en el buen desempeño de estas empresas.
Proponemos que Pemex y CFE tomen con más seriedad los riesgos potenciales que sus actividades productivas implican. A la luz de las nuevas métricas de sustentabilidad, el reconocimiento de sus pasivos ambientales, el involucramiento de sus consejos de administración y direcciones generales, la colaboración para rehabilitar las zonas dañadas por los impactos –como la cuenca de Tula o la región de Salamanca– y la apertura a encontrar vías de reparación de cara a las comunidades pueden contribuir a elevar su valor empresarial. En otras palabras, la nueva visión de la sustentabilidad empresarial pasa porque las empresas sean verdaderamente responsables.
[1] SASB ha sido reconocido internacionalmente por actores relevantes como el World Economic Forum o las grandes firmas de auditoría como una de las metodologías más completas para estimar los riesgos ESG, al proporcionar esquemas abiertos que permiten a los inversionistas y actores interesados realizar comparaciones consistentes y financieramente significativas.
[2] La integración del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGyCEI), que realiza el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), es producto de la colaboración interinstitucional con dependencias de la Administración Pública Federal, gobiernos locales, centros de investigación, así como organismos del sector privado que proporcionan información al INECC.
[3] Gg = 1,000 toneladas.
