Lo que menos necesita la justicia penal es pirotecnia legislativa

Por Mara Gómez (@DoctoraMaraGo) y Chrístel Rosales (@Chris_Ros) | Animal Político

La inseguridad en el país no da tregua. Día con día atestiguamos casos que se suman a la estadística. Robos, agresiones, homicidios, feminicidios y desapariciones forzadas son manifestaciones cotidianas de fenómenos complejos, que no reciben una respuesta clara y contundente por parte de las autoridades.

Ante la desesperación de la población y la crisis de legitimidad, ciertas narrativas reduccionistas logran encontrar eco en la ciudadanía. Como las que alertan sobre la denominada ‘puerta giratoria’ o las que impulsan la idea de ‘que el sistema es benevolente con los delincuentes, pero exigente con las víctimas’. Estas nociones ponen en la palestra la falsa idea de que los derechos de víctimas e imputados son un juego de suma cero, donde el respeto a los derechos de uno implica la vulneración a los derechos del otro. También se apoyan en la premisa errónea de que la prisión es la única solución posible. Como si más personas presas fuera sinónimo de más seguridad y menos víctimas.

Sin embargo, la evidencia muestra lo contrario. El sistema de justicia ha sido diseñado para proteger de igual forma los derechos de unos y de otros bajo la lógica del debido proceso. Si los jueces deciden liberar a personas imputadas, ello se debe más a la operación deficiente de policías y fiscales en las fases previas del proceso, que a la proclamada ‘benevolencia del sistema’ (véase, por ejemplo, nuestra serie de análisis #CasosFallidos). Además, el uso irracional y casi generalizado de la prisión automática observado en años recientes no ha logrado contener la inseguridad ni las violaciones a los derechos humanos.

Aun así, y contra toda evidencia, políticos, legisladores y autoridades encuentran en este contexto el caldo de cultivo idóneo para el ‘fetichismo legislativo’^[1]. Es decir, pensar que el simple cambio de las leyes se traducirá en un cambio de la realidad. De esta manera observamos —como cada año— la puesta en marcha de la ‘locomotora legislativa’, con una mayor carga de contrarreformas y apuestas para reducir garantías y libertades, pero escasa de soluciones reales a las deficiencias de operación institucional.

Contra el fetichismo legislativo, una radiografía del desastre

En agosto de 2019, desde México Evalúa presentamos Hallazgos, la evaluación anual al Sistema de Justicia Penal^[2], que hasta ahora, es la más longeva y completa que existe en México. En ella, dimos cuenta de la ausencia de esfuerzos reales para consolidar la justicia, especialmente de la falta de autoevaluación y la carencia de un verdadero liderazgo transformador.

La radiografía de Hallazgos 2018 mostró un escenario desgarrador: no sólo más del 93% de los delitos que ocurren en el país no son conocidos por las autoridades; además, de cada 10 que sí fueron denunciados, nueve no recibieron una respuesta efectiva por parte del Estado, ya fuera en forma de acuerdo reparatorio, de salida alterna^[3] o bien, de sentencia condenatoria. Es decir, de los 2’118,612 delitos denunciados en 2018, únicamente en 81,080 (3.9%) el Ministerio Público logró vincular a proceso a los imputados.

Efectivamente, a nivel nacional, de todas las investigaciones abiertas por los ministerios públicos del país en 2018, 70.1% quedaron en proceso de investigación o, de plano, se enviaron al ‘archivo temporal’, mientras que en 19.6% el Ministerio Público emitió una determinación como acumulación, incompetencia o aplicación del criterio de oportunidad.

Al observar el mosaico de las entidades federativas, encontramos que más de 20 superaron el promedio nacional de casos que continuaron en proceso de investigación o que fueron enviados a ‘archivo temporal’, y que Guerrero, Quintana Roo y Chiapas presentaron porcentajes altísimos, del 92%, 92% y 96%, respectivamente.

Esta evidencia nos da pie a identificar cinco problemas principales:

1. A pesar de la cifra negra, las fiscalías presentan altos niveles de congestión que se traducen en investigaciones sin resolver o que son enviadas “al cajón”, a la espera de que los delitos prescriban.
2. Sin planes de persecución penal que racionalicen la acción penal, optimicen el uso de los recursos y formalicen las prioridades, los incentivos de los ministerios públicos están orientados a prolongar los casos o, en su defecto, a buscar su cierre a como dé lugar, y no al esclarecimiento de los hechos y resolución de los conflictos penales.
3. Si los casos se siguen estudiando de manera aislada y sin un análisis de contexto —es decir, si no se toman como parte de fenómenos criminales complejos—, las investigaciones seguirán siendo limitadas. Hoy no se está todavía en condiciones de apostar por la desarticulación de estructuras criminales y la interrupción de patrones delictivos.
4. Se necesita construir modelos investigativos eficaces, con policías competentes y servicios periciales que funcionen, de lo contrario, la investigación criminal seguirá siendo mayormente entendida como el mero hecho de adjuntar constancias documentales a un expediente.
5. Finalmente, si policías y fiscales no observan adecuadamente el debido proceso y atienden los controles judiciales, las investigaciones no lograrán siquiera judicializarse, y las fiscalías seguirán siendo el abismo donde quedan ‘atrapados’ los casos.

En suma, la impunidad institucionalizada y arraigada en el ADN de las instituciones permanecerá sin cambio, tal y como dejamos constancia en Hallazgos 2018: con un promedio nacional de 96.1% de impunidad. Esto es, la resolución de un caso es la excepción y no la regla.

¿Queremos soluciones o pirotecnia?

Casi todos estamos de acuerdo en que el sistema de justicia penal no funciona bien. No hay forma de negar la alta cifra negra, la rampante impunidad y la crisis de legitimidad. No obstante, la lectura por parte de ciertos actores políticos, que sugieren que la impunidad se debe a la implantación del sistema adversarial, parece más bien una justificación para reinstaurar dinámicas y reglas del sistema inquisitivo que tenían un carácter mucho más autocrático y estaban alejadas del respeto a los derechos humanos. La sociedad entera, a lo largo de muchos años, ha hecho un esfuerzo decidido por abandonar esas dinámicas.

Ahí está la alerta: hay que evitar que la sede legislativa y la genuina exigencia social se conviertan en la oportunidad para reducir controles y acotar derechos y libertades. Esa discusión demanda como mínimo ejercicios de reflexión, diálogo y co-construcción, acompañados de mecanismos reales de Parlamento Abierto. En México Evalúa estamos decididos a aportarles no sólo los diagnósticos, sino también propuestas de solución factibles que nos permitan transitar hacia el sistema al que aspiramos y, sobre todo, responder a las demandas de justicia.

Por ello, este próximo octubre presentaremos el séptimo reporte: Hallazgos 2019. Su presentación representa una oportunidad inmejorable para que todos los operadores; los integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial —a nivel federal y local—; los medios de comunicación; la academia, y la ciudadanía interesada puedan analizar con detalle los avances y retrocesos del sistema, así como concluir si, lo que se ha propuesto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la Secretaría de Gobernación y en el Poder Judicial Federal, realmente sirve para fortalecer el sistema de justicia penal o no.

^[1] Le Clercq, Juan Antonio. “How many constitutional reforms produce Rule of Law?” Rebuilding the State Institutions: Challenges for a Democratic Rule of Law in México. Universidad de las Américas Puebla, Springer, 2020, p. 81.

^[2] No sobra aclarar que estamos en las fases finales de la edición de Hallazgos para este año, con una ampliación del alcance de la evaluación.

^[3] Por salida alterna nos referimos, por ejemplo, a procesos que hayan concluido mediante procedimiento abreviado o suspensión condicional a proceso.