Edna Jaime (@EdnaJaime) | El Financiero
En la administración pasada, cuando el equilibrio de las finanzas públicas se tambaleaba, llegaron sugerencias de parte de organismos internacionales para que el país adoptara un Consejo Fiscal. Una instancia con grandes capacidades técnicas para generar estudios, opinión y recomendaciones sobre las finanzas públicas, como las que existen en numerosos países del orbe. Estos consejos fiscales suelen alojarse en el Poder Legislativo, dotándolo de la información y análisis necesario para que pueda realizar su labor de vigilancia y contrapeso en un tema crucial. Las autoridades hacendarias de entonces dijeron que no; que el país tenía lo necesario para preservar con salud las finanzas públicas y que el marco legal e institucional existente bastaba para impedir decisiones irresponsables. 
La explicación es más sencilla: no hubo entusiasmo para construir un contrapeso al Ejecutivo en esta materia. Nadie en su sano juicio quiere limitar el poder que puede ejercer. Y el tema presupuestal sigue siendo una palanca de poder sumamente importante, una que no se quiso (ni se va a querer) ceder.  Pero ¿qué pensarán hoy quienes se negaron a implantar un esquema como éste al ver que las decisiones de gasto e inversión se están tomando sin el debido sustento? ¿Qué sentirán al observar que programas que lograron cruzar la barrera del cambio de sexenios a causa de su efectividad, hoy se castigan con recortes dramáticos? Quizá les gustaría ver a un Legislativo poniendo un freno y mayor vigilancia sobre lo que las autoridades hacendarias hacen hoy. Lo que no quisieron experimentar en carne propia, es probable que hoy lo quieran recetar a sus sucesores. Éste es justamente el juego de poder que quisiéramos regular.
La propuesta de establecer en México un Consejo Fiscal en estos momentos puede parecer inviable. Organismos que justamente comparten una naturaleza similar están pasándola mal. En esta administración no se ven bien esos “chipotes” institucionales, creados para regular el ejercicio del poder cuando las instituciones que debieron hacerlo fallaron. O cuando los abusos eran tan persistentes que se necesitó dotar de autoridad y facultades a entes especializados (Cofece, por ejemplo). Han estado sujetos a gran presión los reguladores energéticos, entre otras cosas, por la naturaleza misma de la reforma que les dio vida. Pero también lo está el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), que debería ser un aliado del gobierno, dado su objetivo manifiesto de combatir la pobreza. Podríamos mencionarlas a todas, y en mayor o menor medida, ninguna se salva de resentir el desamor de este gobierno.
Dicho lo anterior, pienso que la constitución de un Consejo Fiscal tiene alguna oportunidad de prosperar en estos momentos. La renuncia del secretario de Hacienda estrechó el margen de maniobra del presidente. No lo amplió, como algunos suponen, al haberse ido el último “neoliberal” del gabinete. Para ponerlo en los términos que le gustan al mandatario, con esa renuncia le cantaron el primer strike. Y tan lo entiende que el sucesor de Urzúa, es alguien parecido a… Urzúa. 
Considero que la creación de este Consejo Fiscal puede tener oportunidad porque llegaría en un momento en que las certezas se tambalean y es prioritario restablecerlas. Le daría al Legislativo un órgano técnico con el cual cumplir con lo que la Constitución le mandata en términos hacendarios. Puede convertirse en un punto de encuentro de los distintos partidos en las Cámaras para fortalecer su función de control y vigilancia presupuestal. En fin, puede darles más dignidad de la que hasta ahora ha tenido frente al Ejecutivo en este tema (y no me refiero sólo a esta administración). 
La propuesta del Colectivo Peso, del que México Evalúa es parte, se puede encontrar en consejofiscal.org. Se plantea, entre otras cosas, escalar y fusionar el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con el área de análisis presupuestal del Belisario Domínguez para darle autonomía técnica y de gestión y la posibilidad de reclutar a consejeros y un staff de alto perfil. Existen más propuestas –ya convertidas en iniciativas de ley– esperando una oportunidad para ser discutidas. Estoy segura de que tenemos legisladores con visión de Estado que entenderán la importancia para el país de contar con una instancia de esta naturaleza.
Porque así como quizá tengamos a funcionarios de la administración pasada  lamentándose por haber despreciado esta idea, podríamos tener a los actuales conjeturando: “¿Por qué no lo hicimos antes?”.