¿Cómo llegar a la meta de reducción de homicidios de AMLO?

Mes con mes se rompe el récord de homicidios en el país; el nuevo gobierno anuncia que es prioritario reducirlos, pero no precisa cómo.

David Ramírez-de-Garay (@DavidRdeG) / Maximilian Holst (@mxholst)

Si bien el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no ha dado a conocer los detalles de su política de seguridad y sólo se han lanzado algunas ideas que suponemos estarán incluidas en el programa de seguridad del próximo gobierno, su futuro Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, planteó hace algunas semanas dos metas: “dentro de tres años, […] los niveles de violencia serán los de un país de la OCDE, donde hay menos de cuatro homicidios por 100.000 habitantes”^[1]. Cuatro días después ajustó el objetivo y prometió reducir el número de homicidios dolosos entre el 30 y el 50 por ciento durante los primeros tres años [2].

Ambas metas son muy ambiciosas, pero concentrémonos en la que suena menos alejada de la ficción y que representaría un logro sin precedentes: reducir el número de homicidios en 30% en los primeros tres años. En México Evalúa nos gusta que los encargados de la administración pública establezcan objetivos medibles. Esto nos permitirá evaluar la gestión cuando llegue a su fin, pero también nos da elementos para preguntarnos de qué manera el gobierno tendrá que mover sus piezas para alcanzar la meta.

En términos numéricos ¿qué significa esta reducción?

En primer lugar, tenemos un punto de partida complicado. En 2018 los homicidios continúan al alza. Tan sólo en los primeros siete meses del año el número de muertes violentas repuntó 19.34% comparado con el mismo periodo de 2017. Si la tendencia se mantiene, terminaremos el año con un nuevo récord histórico de 35 mil 054 homicidios dolosos. Éste será el punto de partida del próximo Secretario de Seguridad Pública.

En términos absolutos, reducir el número de homicidios a nivel nacional en 30% en tres años significa que, para el cierre del año 2021, se reportarán 24 mil 538 homicidios dolosos. Esta cifra es ligeramente superior a los niveles que teníamos en el año 2016. Esto quiere decir que anualmente se tendrían que evitar 3,505 asesinatos.

En términos porcentuales, para alcanzar la meta propuesta de 30%, el Gobierno federal tendría que reducir primero la cifra de 35 mil 054 en 10% durante el primer año, en 11.1% en el segundo y en 12.5% en el tercero. Poniendo las metas en esos términos, se hace más difícil permanecer optimista.

 

 

Tomando en cuenta la población, la reducción de 30% en el número homicidios implicaría una tasa de 19.2 homicidios por cada 100 mil habitantes para el año 2021, una tasa cercana a la registrada en 2016, de 18.97.

 

La ruta de los estados

El gobierno cuenta con recursos finitos por lo que está obligado a definir prioridades y a focalizar recursos. Por eso, preguntarse por las implicaciones de la reducción a nivel nacional dice poco. En cambio, es indispensable ajustar la mira a nivel estatal. Por lo tanto, ¿en qué estados tendríamos que concentrarnos para alcanzar la meta? De ahí se podrían desprender dos escenarios: a) enfocarse en las entidades con las tasas más altas o b) priorizar intervenciones en los estados que se han vuelto violentos, pero que todavía no tienen un problema sistemático de seguridad.

¿Qué implicaría trabajar en el primer escenario y con el objetivo de 30% menos de homicidios? ¿Cuántos homicidios menos tendríamos que tener en las distintas entidades? La ruta crítica de las diez entidades con más asesinatos se vería así:

 

 

En términos de revertir la tendencia creciente de homicidios en el país, si se lograse disminuir en 30% la violencia en estas diez entidades, las cuales en 2018 habrán registrado el 65.3% de los asesinatos en el país, y todas las otras entidades se mantuvieran igual a como están hoy, a finales de 2021 se habrían logrado reducir los asesinatos en México sólo en un 19.45 por ciento. Un gran avance, pero lejos de la meta planteada.

 

Municipios: el blanco principal

Cada entidad federativa es un mundo en sí misma y así como la violencia es distinta en cada estado, también los municipios presentan diferencias. ¿Qué pasaría si nos enfocamos en los municipios? ¿Qué municipios tendríamos que atender? ¿Cuántos homicidios tendríamos que evitar en X o Y municipio?

Al igual que a nivel estatal, podemos plantearnos una ruta crítica de reducción de homicidios para los municipios con más asesinatos:

 

 

Tan sólo estos veinte municipios registrarán el 33.2% de todos los homicidios en el país hacia finales de este año. Si la violencia se mantuviera igual que hoy y se lograra alcanzar la meta de reducción de 30 por ciento únicamente en estos veinte municipios —de los 2 mil 458—, los asesinatos se reducirían en 9.8 por ciento para el país entero para 2021.

¿Cuántos municipios tendríamos que atender para alcanzar el objetivo? Si ordenamos todos los municipios por la cantidad de homicidios que aportan al total para 2018, tendríamos que tener una reducción de 30% de homicidios en 60 municipios para en tres años alcanzar una disminución de 15.4% y tan sólo para acercarnos al 25% sería necesario disminuir homicidios en 340 municipios del país.

 

 

Punto de inflexión establecido, pero… ¿cómo lo hacemos?

La voluntad política es importante, pero lo que nos ayudará a atender los desafíos del país son buenas políticas públicas. Por ello, una vez que identificamos las localidades en las que nos tendríamos que enfocar para alcanzar el objetivo, toca plantearse preguntas nada fáciles: ¿cómo evitamos un homicidio?, ¿nos enfocamos en la disuasión?, ¿atendemos a la población en riesgo de convertirse en víctima o en perpetrador?

Para acercarnos a una respuesta, pensemos que las probabilidades de evitar un homicidio se incrementan cuando trabajamos de manera conjunta en cuatro elementos: policía, justicia, prevención y reinserción. ¿Qué tendríamos que hacer con estos cuatro elementos para evitar los homicidios que necesitamos para alcanzar el objetivo en tres años? Ésta no es una pregunta sencilla porque la manera en que cada uno de estos elementos puede actuar para evitar un homicidio varía ampliamente. Sin embargo, para seguir con el argumento pensemos en al menos una cosa en la que tendríamos que enfocarnos para evitar el siguiente homicidio.

Si invertimos nuestros recursos en trabajo policial, la apuesta tiene que estar dirigida hacia un modelo basado en la resolución de problemas. Cuando observamos otro tipo de experiencias, no hay estrategia reactiva que pueda ayudar a reducir el homicidio. Por el contrario, los casos de éxito se han dado en lugares donde las policías (primordialmente las locales) se enfocan en las causas. Todo esto está basado en los modelos de trabajo policial orientado a problemas (o Problem Oriented Policing) que, sin menospreciar el trabajo reactivo, concentran sus recursos y capacidades en la detección y atención de los problemas que generan los eventos que la policía tiene que atender. Por ejemplo, tener capacidad de captar y atender llamados de violencia intrafamiliar antes de que éstos escalen o tener una estrategia distinta para atender las condiciones que potencializan los conflictos violentos entre bandas.

Si decidimos poner todas nuestras fichas en el eje de la justicia tenemos que enfocarnos en incrementar la probabilidad de recibir un castigo. Para ello, se requiere invertir en desarrollar las capacidades institucionales que mejoren el cumplimiento del debido proceso y la aportación de elementos necesarios para que la investigación y el proceso judicial se puedan llevar acabo. Esto debe estar acompañado de la creación de planes de investigación criminal, para mejorar la forma en que se investigan los homicidios y poder ofrecer una respuesta sólida a casos de particular relevancia para la sociedad.

Por otro lado, si nos enfocamos en la prevención, recomendamos apostar por atender a los individuos con mayor riesgo de volverse perpetradores de un homicidio. Mediante diversos métodos, se tienen que hacer esfuerzos por identificar los contextos en los que los potenciales perpetradores habitan, así como encontrar mecanismos para contener o desincentivar el involucramiento en eventos o en acciones que puedan derivar en un asesinato. Pensemos en el caso de zonas con altos índices de violencia intrafamiliar o presencia de bandas juveniles con alto potencialidad de conflictividad, sólo por nombrar algunas.

Si volteamos hacia el tema de reinserción, la opción es crear políticas públicas que ofrezcan opciones viables para que el paso por la cárcel no intensifique el involucramiento en redes con un alto potencial criminal que muy probablemente derivará en eventos violentos.

Como podemos ver, la buena noticia es que existen opciones de política pública para evitar el homicidio. No obstante, en México Evalúa también hemos insistido en que la urgencia y la improvisación son malos consejeros cuando se trata de desarrollar soluciones a problemáticas tan graves como la crisis de violencia letal que vive el país.

Hasta aquí, ya tenemos el número de municipios que tendríamos que atender y el tipo de políticas públicas que tendríamos que fomentar para mejorar las probabilidades de alcanzar la meta para la primera parte del sexenio. Sin embargo, todavía nos quedan asuntos nodales por resolver: presupuesto e implementación. El financiamiento siempre es un tema complicado, pero cuando la futura administración ha mencionado que no se incrementará el presupuesto en seguridad (al menos en el primer ejercicio), y no se ha pronunciado respecto al financiamiento para la implementación el Sistema Penal Acusatorio o para el Programa Nacional para la Prevención (PRONAPRED), el panorama se torna poco alentador.

En cuanto a la implementación de un plan en este sentido también hay mucho que esclarecer. ¿Cómo hacemos que los recursos lleguen a donde se necesitan? ¿Cómo logramos que los programas se ejecuten manera correcta? ¿De qué manera garantizar que los programas que tienen que ser operados por los estados tengan el impacto esperado a nivel municipal? Estas incógnitas no son una cuestión menor, ya que tiene que ver con diseños, prácticas e incentivos que no son fáciles de diagnosticar ni sencillos de remediar.

Es valioso que la próxima administración tome el tema de seguridad —y en especial los homicidios— como una de sus prioridades y que tenga la intención de atender el problema desde una perspectiva distinta. Sin embargo, la situación es apremiante y es necesario discutir y conocer de qué manera la política pública nos ayudará a alcanzar los objetivos. Hemos dado una pequeña muestra de cómo un objetivo ambicioso se puede desdoblar en retos complejos. Esperamos que este ejercicio nos ayude a poner en perspectiva los pasos que el próximo gobierno tendrá que llevar a cabo y nos dé elementos para despejar el enigma que implica la reducción de los homicidios por medio de políticas públicas bien diseñadas.

*David Ramírez-de-Garay (@DavidRdeG) es Coordinador del Programa de Seguridad en México Evalúa (@mexevalua).

*Maximilian Holst (@mxholst) es Investigador del Programa de Seguridad en México Evalúa (@mexevalua).

[1] García, Jacobo. “Perseguir el dinero es más importante que detener capos”. 7 agosto 2018. El País. Disponible en https://elpais.com/internacional/2018/08/07/mexico/1533607975_638555.html

[2]Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo). “Textualmente: la estrategia de seguridad tendrá como meta reducir entre 30 y 50% el # de homicidios en los primeros tres años del gob Amlo, y que en 6 años otros indicadores de violencia se ubiquen en niveles similares a los de países con los que compartimos espacios multilateral”. 11 Agosto 2018, 5:10 a.m. Tweet.