Lenguaje claro: la próxima revolución en la justicia
Por Laurence Pantin (@lpantin) y Sandra Escamilla (@sandritaeceron) *
En las próximas semanas, la Suprema Corte debería resolver[1] un amparo presentado por el colectivo #LoJustoEsQueSepas[2] derivado de la omisión de los jueces y magistrados del Poder Judicial de Zacatecas de publicar sus sentencias. Si el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá es aprobado por sus pares, la Corte se posicionará claramente a favor de la justicia abierta, al reconocer que todas las sentencias judiciales son de interés público y que su publicación es indispensable para la seguridad jurídica y el fortalecimiento de la democracia[3].
Sin embargo, el impacto de esta resolución sería limitado si las sentencias siguen siendo incomprensibles para la mayoría de los ciudadanos.
Hablar de sentencias en México es hablar de textos extensos plagados de jerga jurídica, palabras rebuscadas, oraciones laberínticas y latinismos innecesarios. Para entenderlas se necesita el apoyo de personas con formación en derecho. Hay que recordar que el lenguaje también excluye y dibuja barreras, que impiden a la ciudadanía comprender las resoluciones que les afectan, así como disfrutar de sus derechos, comprender sus obligaciones o, en general, ser partícipes de la vida democrática de nuestro país.
Por ello, es imprescindible el uso de un lenguaje más claro en las resoluciones judiciales.
Pero ¿a qué nos referimos exactamente con lenguaje claro? De acuerdo con la Asociación Internacional de Lenguaje Sencillo, un lenguaje claro implica usar palabras, una estructura y un formato tan accesibles que la audiencia puede encontrar fácilmente lo que necesita, entenderlo y usar esa información. A su vez, la Guía de Lenguaje Claro y Estilo, elaborada por el equipo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10 de Buenos Aires, propone que se use un lenguaje con perspectiva de género y se elimine el uso de frases o palabras en latín o excesivamente especializadas. La inspiración para la última propuesta proviene claramente del emblemático “Puertarrón”, una de las vías que ideó María Silva, magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para recopilar las palabras que debería ser pecado usar en las resoluciones.
En efecto, la causa del lenguaje claro tiene partidarios muy convencidos, en el ámbito judicial y en otros. Y no es para menos. Se ha demostrado que su uso en las comunicaciones emitidas por instituciones públicas tiene varios beneficios, entre los que destaca ‘aligerar la carga’ de la ciudadanía cuando realiza trámites para acceder a servicios públicos. Al respecto, un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo concluye que el uso de un lenguaje claro en las comunicaciones de las instituciones de gobierno puede reducir los costos de aprendizaje; es decir, ayuda a los ciudadanos a comprender si son elegibles o no para un servicio y entender el proceso más fácilmente.
En el ámbito de la justicia específicamente, el uso de este tipo de lenguaje es fundamental para acercar la justicia a todas y todos, sobre todo a aquellas personas en situación de vulnerabilidad. En el contexto legal, tener información clara y comprensible puede empoderar a las personas para que exijan sus derechos, identifiquen y resuelvan problemas legales o simplemente para que tengan acceso a servicios públicos. Por otro lado, amplía el acceso a la información pública y fortalece la confianza de los ciudadanos en las instituciones de justicia.
Sube la marea del lenguaje claro
El movimiento para promover el lenguaje sencillo se ha venido expandiendo desde hace varias décadas. En Estados Unidos y Canadá desde hace varios años existen leyes que obligan a las autoridades a usar un lenguaje claro. Asimismo, se han elaborado guías y se ha proporcionado capacitación a funcionarios para fomentar su uso.
El mes pasado, la ciudad de Buenos Aires aprobó la Ley de Lenguaje Claro, con el objetivo de promover la transparencia, el acceso a la información pública y generar confianza en la ciudadanía a través de la comunicación efectiva. Esta ley obliga a todos los poderes, órganos e instituciones gubernamentales a utilizar lenguaje claro en sus documentos y comunicaciones. Es decir, deben adoptar un estilo de redacción directo, emplear expresiones sencillas, párrafos breves y sin tecnicismos innecesarios, usando además un diseño y formato amigable.
En el resto de Latinoamérica tampoco este movimiento es nuevo. Varios gobiernos han creado materiales para explicar a la ciudadanía cómo funcionan ciertos órganos de gobierno y, el contenido de leyes. Algunos incluso han creado lineamientos y manuales para crear una comunicación efectiva entre el Estado y los ciudadanos, a través de lo que han denominado como “lenguaje ciudadano”.[4]
En nuestro país, la Suprema Corte de Justicia ha liderado algunos esfuerzos para incluir un lenguaje claro en sus sentencias. En 2013 emitió una tesis aislada en la que estableció que las y los juzgadores debían incluir un formato de lectura fácil cuando se dictara una sentencia que involucrara a una persona con discapacidad. Esta tesis también especifica que el formato de lectura fácil implica “un lenguaje simple y directo, libre de tecnicismos y conceptos abstractos”, que utilice ejemplos y un lenguaje cotidiano. Por otro lado, también menciona ciertos lineamientos del formato a utilizar, como el uso de una tipografía clara, tamaño accesible y párrafos cortos.
A partir de ese año, la Suprema Corte ha emitido diversas sentencias en las que ha incorporado un formato de lectura fácil. Ejemplos de ello son la sentencia emitida en 2019, en la que ordena a la Secretaría de Salud reglamentar el uso medicinal de la marihuana, y la emitida el año pasado referente a la educación inclusiva.
Pero estos casos son honrosas excepciones en México. Todavía los guardianes del sacrosanto lenguaje institucional ofrecen resistencias, como lo demuestran las reacciones que suscitó, en octubre pasado, el comunicado de sentencia en lenguaje fácil que emitió la jueza federal Sonia Hernández Orozco para explicar a una niña con cáncer que no había recibido su medicina su resolución del amparo promovido por su familia. Generó asombro y conmovió a muchos, pero también fue objeto de críticas…
Y es que en nuestro país no existe una ley de lenguaje claro para toda la administración pública, ni mucho menos para el ámbito de la justicia. Sin embargo, tan sólo el año pasado se presentaron nueve iniciativas para reformar diversas leyes con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía sentencias más accesibles, claras y entendibles, seis de ellas después de la publicación de la sentencia de la jueza Hernández.
Algunas proponen reformar ciertos artículos de la Ley de Amparo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y/o la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que las sentencias que analicen derechos de esos grupos en situación de vulnerabilidad se redacten bajo un formato de lectura fácil.
Pero el senador Miguel Ángel Mancera también presentó una que, a diferencia de las demás, no limita el uso de lenguaje claro a alguna materia en específico o a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, sino que apunta a reformar el párrafo segundo del artículo 17 constitucional para incorporar la obligación para los tribunales de emitir sentencias comprensibles para todas las personas.
Por todo lo anterior, la resolución de la Suprema Corte en torno al interés público inherente en todas las sentencias es todavía más relevante, porque puede alentar la adopción de estas reformas, las cuales, por cierto, no buscan simplificar el contenido de las sentencias o crear imprecisiones, como señalan algunos opositores del lenguaje claro, sino permitir a la ciudadanía entender y navegar con más confianza en el sistema de justicia.
El impulso a las sentencias en lenguaje claro es parte
de una reflexión más profunda, que buscar responder a una pregunta que nos
parece fundamental: ¿cómo podemos hacer que el sistema jurídico mexicano, en
general, sea más amigable y accesible para todas las personas? Sólo con una
justicia centrada en las y los usuarios podremos tener una justicia más humana;
una que esté abierta a escuchar y a colaborar con los ciudadanos.
[1] De hecho, el asunto estaba enlistado para discutirse el 13 de enero, pero por alguna razón se retiró y todavía no se ha vuelto a listar para discutirse.
[2] El colectivo está integrado por EQUIS Justicia para la Mujeres (EQUIS), México Evalúa, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Borde Político, Artículo 19, Controla tu Gobierno y Fundar.
[3] Vale la pena recordar que, en julio de 2020, se aprobó una reforma a la Ley General de Transparencia para que los poderes judiciales publiquen todas sus sentencias, pero ésta todavía no entra en vigor. Por ello, la decisión de la Suprema Corte es muy relevante y podría impulsar la implementación de la reforma.
[4] En Chile, en febrero pasado el Laboratorio de Gobierno, lanzó la Guía Lenguaje Claro: ¿Cómo podemos generar una comunicación, simple, clara y efectiva entre el Estado y la ciudadanía?
