Las omisiones de la autoridad ante el necesario regreso a las aulas
Por Marco Antonio Fernández (@marco_fdezm) y Laura Noemí Herrera (@Lau_Herre_ra) | Nexos
El cierre de las escuelas fue una de las medidas que tomaron los diferentes países para controlar la pandemia a su inicio. Al 24 de mayo de 2021, de acuerdo con la Unesco, de 210 países en el mundo, 116 han abierto por completo sus sistemas educativos, 58 lo han hecho parcialmente y 13 están en un receso académico. Sólo 23 —11 % del total— mantienen cerradas sus aulas. Impulsar esquemas de vacunación donde los grupos más vulnerables y el personal educativo se consideran como prioritarios son, hoy, medidas efectivas para el control de las tasas de contagio y evitar la propagación de la pandemia. En México, tan sólo 10 estados con menos del 4 % de la matrícula estudiantil han comenzado esfuerzos de un regreso paulatino y escalonado a los salones de clase. Tras regresar al semáforo epidemiológico amarillo, Campeche retomó su estrategia educativa a la distancia y suspendió las clases presenciales en 137 planteles rurales que eran parte de la primera etapa en la estrategia de regreso paulatino a las aulas. Nayarit contemplaba iniciar clases presenciales en tres municipios rurales con 32 primarias y secundarias. Sin embargo, ante el cambio en el semáforo epidemiológico a amarillo, las autoridades suspendieron dicha medida.
El escepticismo de una gran parte de las comunidades escolares ante un eventual regreso presencial a las aulas puede ser entendible si se considera la ausencia de liderazgo de las autoridades educativas federales para brindar confianza sobre cómo realizar un proceso ordenado, que minimice las posibilidades de contagio en las escuelas y que se traduzca en beneficios educativos y del bienestar emocional urgentes para los estudiantes en el país. En el caso de las autoridades educativas estatales tampoco se han observado acciones detalladas que expliquen a profundidad cómo se operará este regreso, más allá de retomar la guía federal de nueve acciones centradas en un regreso escalonado, con asistencia alternada de los estudiantes lunes y miércoles, mientras que el resto lo hará martes y jueves, y la promesa de que los viernes acudirán, complementariamente, los alumnos que más requieran apoyo pedagógico dado el retraso en sus aprendizajes.
En dichos protocolos se responsabiliza a los denominados comités participativos de salud escolar (formados por padres, madres y docentes) de establecer filtros de salud en los que se tomará la temperatura al ingreso de los planteles y se repartirá gel antibacterial y/o fomentará el lavado de manos. Se cuidará la sana distancia en los salones de clase y se cancelan las ceremonias cívicas como parte del listado de medidas establecidas por la autoridad. Destaca el uso obligatorio de cubrebocas pero, ante la falta de compromiso de para garantizar su distribución —al menos entre las comunidades menos favorecidas—, en la guía de las autoridades federal y estatales se contempla la posibilidad de aceptar paliacates y cubrebocas artesanales.
En las últimas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado la bandera del regreso a clases y ha hecho múltiples llamados en sus conferencias mañaneras para su implementación, al grado de sugerir que para el 7 de junio podría vislumbrarse que en todo el país se alcance de alguna manera un regreso presencial a clases. Pero en la perorata presidencial jamás ha habido un compromiso explícito para apoyar con recursos complementarios las acciones que lleven a buen puerto este llamado urgente a las clases presenciales. Incluso en las intervenciones de Esteban Moctezuma y de la nueva titular de la SEP, Delfina Gómez, el tiempo ha sido limitado para explicar qué acciones se contemplan para hacer posible que este regreso a las aulas sea ordenado, escalonado y lo más seguro posible. Sus palabras de aliento no han sido acompañadas con instrucciones para la focalización de presupuestos que permitan atender las afectaciones en los aprendizajes, en la parte emocional de niñas, niños y jóvenes, e incluso para revertir el abandono escolar de un número indeterminado de estudiantes que enfrentan problemáticas diversas: económicas, de salud, o de frustración ante la imposibilidad de aprender a través de la televisión y sin los medios de internet para poder contactar de manera constante a sus docentes.
Necesitamos el regreso a clases presenciales
Ante los inminentes efectos de las clases a distancia en las niñas, niños y jóvenes del país, especialmente en los grupos de mayor desventaja socioeconómica, el regreso a clases presenciales es urgente. La estrategia denominada Aprende en Casa en sus tres etapas ha sido un fracaso. Está en juego el futuro de una generación, cuya salud emocional está seriamente afectada y su aprendizaje tiene limitaciones serias; como sociedad no podemos minimizar el costo que tiene para el bienestar de un número importante de estudiantes continuar con las aulas cerradas. Antes de la pandemia, se observaban en nuestro país serias desigualdades en las oportunidades educativas y éramos testigos de una crisis de aprendizajes, temas que la pandemia ha profundizado. Se estima que con el cierre de escuelas habrá un impacto equivalente a 1.5 años de la escolaridad, resultado de las condiciones diferenciadas de acceso al aprendizaje remoto, la calidad de la instrucción, el apoyo en el hogar para continuar con los estudios y la falta de un ajuste adecuado de las cargas curriculares para centrarse en los denominados aprendizajes imprescindibles. Los más afectados, como es de esperarse, serán aquellos que tienen menos instrumentos a su alcance para enfrentar estas adversidades. Entre las consecuencias previsibles se encuentra que, ante una situación complicada en el mercado laboral, los jóvenes que no han podido continuar sus estudios a la distancia, o que han dejado incompleto su aprendizaje práctico en el uso de máquinas pues los laboratorios escolares han permanecido cerrados, enfrentarán circunstancias aún más adversas para alcanzar un empleo. Con todo ello, su futuro y el de sus eventuales familias cuando alcancen la mayoría de edad, luce sombrío. La falta de movilidad intergeneracional será aún mayor (en uno de cada tres hogares se perdió un empleo de acuerdo con datos de la ETOE-Inegi de 2020).
La paciencia, la perseverancia y la curiosidad intelectual pueden ser algunas de las habilidades socioemocionales con mayor afectación a causa del distanciamiento social y, para los sectores menos favorecidos de la sociedad, la cancelación de clases presenciales puede afectar la percepción de los beneficios de la educación y minar su autoestima, con lo que el sistema educativo mexicano será aún menos inclusivo. A esta problemática hay que sumar un retraso de 15 años en la inclusión de mujeres en el mercado laboral (la tasa de ocupación de mujeres se redujo a 40.7 %, una cifra que se tenía hace 15 años), pues como han ilustrado recientemente los datos del Inegi, son ellas el principal apoyo de sus hijos al momento de continuar las clases de preescolar (84.4 %), primaria (77 %) y secundaria (60.2 %). Por ende, durante este año y meses de pandemia, se registra un incremento de cuatro horas en promedio al tiempo que ya dedicaban al cuidado de los menores. Asimismo, recientemente la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó que las denuncias de violencia familiar aumentaron 19.2 % en el primer cuatrimestre del año.
Aunque el regreso a clases presenciales tendría que ser una prioridad, se esperaría que se garanticen recursos suficientes para implementarlo adecuadamente y con un liderazgo imprescindible que gane la confianza de la sociedad para tomar las decisiones correctas para hacerlo posible.
De qué hablamos cuando hablamos de un regreso seguro
La decisión de un regreso escalonado y paulatino a las aulas se basa en un escenario de riesgo/beneficio. Por ende, debemos ser conscientes de que no hay, por mucho que así lo deseemos, un riesgo cero en la apertura de las escuelas. Sin embargo, la experiencia internacional sugiere medidas de seguridad fundamentales para reducir la probabilidad de contagios: ventilación adecuada de los espacios educativos; el uso obligatorio de cubrebocas; distanciamiento social; lavado de manos constante; énfasis en la vacunación del personal docente; horarios de entrada, salida y de recreo escalonados; sistemas adecuados de rastreo y protocolos para informar correctamente a las comunidades en las escuelas en caso de contagio para implementar los procedimientos respectivos de cuarentena; evitar la estigmatización de los contagiados, y minimizar la posibilidad de eventos masivos de propagación del virus.
Existen múltiples estudios que señalan que los niños menores de 12 años enfrentan un riesgo menor de enfermarse gravemente si contraen el virus y de propagarlo. Otros reportes señalan que seis de cada diez contagios en las escuelas corresponden a una sola persona. En su guía actualizada al 15 de mayo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) enfatizan la importancia de realizar pruebas. Canadá, Alemania, Francia, Chile, entre otros, están en la misma ruta.
El regreso seguro desde una mirada de salud implica que cada uno de los actores de la comunidad educativa haga lo que le toca hacer para asegurar esta reducción de contagios y minimizar el riesgo. Pero para ello, hay que reiterarlo, la autoridad debe asumir su liderazgo para informar adecuadamente a las comunidades escolares en qué consisten dichas acciones para orientar las decisiones a implementar en los planteles escolares.
Un regreso para recuperarnos
Al 24 de mayo, diez entidades (Aguascalientes, Chiapas, Veracruz, Coahuila, Durango, Jalisco, Guanajuato, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas) tienen algún tipo de clases presenciales limitadas en sus escuelas.1 Asimismo, de mantenerse en verde, se espera un regreso paulatino en Nuevo León el próximo 31 de mayo. En este contexto, sorprende el anuncio de la autoridad educativa federal en la Ciudad de México, y de la jefa de Gobierno, que estableció el 7 de junio como el inicio de un regreso voluntario y paulatino en las escuelas capitalinas. El anuncio, a diferencia de las otras entidades que tienen algún tipo de clases presenciales, se hace desde una condición en la que la capital permanece en semáforo amarillo.
No hay piloto alguno, ni tampoco evidencia de que, como prometió en enero el entonces secretario Moctezuma, se hayan dado las denominadas asesorías académicas y emocionales durante las dos semanas que la Ciudad de México ha estado en amarillo. Dichas asesorías debieron haber servido para ajustar los protocolos del regreso a clases. En el anuncio se asume que serán los comités participativos de salud escolar los que, junto con las autoridades directivas de los planteles, tomen la decisión de regresar o no presencialmente a las aulas. ¿Bajo qué criterio? ¿Qué información le proporcionará la autoridad para asumir esta decisión? Se desconoce.
A las nueve medidas de la SEP anteriormente referidas, la autoridad capitalina suma que se realizarán pruebas aleatorias a los adultos en las escuelas, pero aún no confirma si se incluirá también a los estudiantes en su sistema de detección activa para identificar casos asintomáticos en las comunidades escolares. Se pensaría que, dado que la Agencia Digital de Innovación Pública ha hecho un rastreo de tasas de contagio por colonias, proporcionaría dicha información a las escuelas como parte de los elementos a considerar en la decisión de regresar o no a clases. No se ha confirmado esta decisión.
La autoridad ha dicho que el regreso es imprescindible para evitar mayores afectaciones en los aprendizajes, en el estado emocional de los estudiantes y para evitar el abandono escolar. Sin embargo, sigue sin brindar una propuesta de evaluación diagnóstica que sirva a los docentes para identificar los aprendizajes que deberán reforzar o desarrollar por completo entre sus estudiantes. La autoridad podría aprovechar los reactivos de pruebas estandarizadas de Enlace y Planea que respondan a los aprendizajes imprescindibles de cada grado escolar, y así poner a disposición de los docentes propuestas de pruebas diagnósticas. Pese a que Delfina Gómez ha reconocido la importancia de esta evaluación, hasta ahora no ha instruido a que la Secretaría a su cargo asuma el liderazgo para su diseño. Tampoco se cuenta con recursos sustantivos para capacitar a los docentes para que ayuden a contener emocionalmente a sus estudiantes, y la línea 800 288 66 88 de Educatel tampoco representa una alternativa efectiva para atender los desafíos emocionales de muchos estudiantes en situaciones críticas asociadas a la pandemia. Sorprende además que la autoridad reconozca el temor del abandono escolar, pero persista en ocultar las cifras que den cuenta al menos del tamaño de dicho abandono en el ciclo 2019-2020 que terminó a la distancia.
De igual manera, ¿cómo se aprovecharán el verano y los ciclos escolares restantes del sexenio para remediar las afectaciones educativas derivadas de la pandemia? ¿Se ha negociado con el SNTE y demás sindicatos de los otros niveles educativos para adelantar el ciclo escolar 2021-2022 y/o aprovechar los sábados para jornadas educativas complementarias, como se está observando en otros sistemas educativos en el mundo que están documentando la necesidad de medidas de emergencia para superar los efectos educativos negativos de la pandemia?
Dice la autoridad educativa federal que no hace encuestas para conocer cuántas escuelas se prevé puedan regresar a clases el 7 de junio en la Ciudad de México; entonces tampoco hay evidencia de que haya una comunicación fluida con supervisores y directores. Se ha apelado al “tequio”, de forma que madres, padres, docentes y personal administrativo hagan suyas las escuelas y apoyen para remozarlas de forma que estén listas para un eventual regreso. Sin duda el sentido de comunidad es fundamental, pero con tequio no se rehabilitan los espacios abiertos ni tampoco se establecen las medidas que permitan garantizar una buena ventilación en los salones de clase. Son imprescindibles recursos que no ha garantizado la autoridad.
Tampoco hay información de cómo los profesores podrán realizar correctamente el modelo híbrido en el que atiendan tanto a estudiantes a la distancia como en el salón de clases. En otros horizontes de la geografía nacional se han realizado esfuerzos que pudieran servir de guía a las autoridades educativas de la Ciudad de México. Por ejemplo, en Chihuahua se creó una ruta de aprendizajes y reforzamiento para la educación media superior producto del esfuerzo de los líderes de academia de los distintos subsistemas de este nivel educativo y con el impulso de la subsecretaría de aquella entidad. En Guanajuato y Yucatán se han implementado programas piloto para el regreso paulatino a clases en los que se ha transparentado los planteles participantes.
La densidad poblacional en la Ciudad de México, con sus 2 687 663 alumnos y 9728 planteles de todos los niveles educativos, sin duda representa un reto mayúsculo para un regreso exitoso, paulatino y escalonado a clases. Claudia Sheinbaum afirmó que es tiempo de “revalorar a la educación como pilar de la sociedad”. Pero revalorizar la educación demanda asumir el liderazgo para ganarse la confianza ciudadana necesaria para implementar medidas detalladas que orienten un regreso exitoso a las aulas y para el que se fije con claridad una ruta educativa. De lo contrario, se corre el peligro de multiplicar los anticuerpos a dicho regreso, lo que incrementará aún más una dolorosa factura para una generación que es testigo de cómo sus autoridades y la sociedad no valoran en los hechos la educación como una escalera para la movilidad social y la puerta para un mejor futuro.
