Las exigencias de Trump ¿alcanzarán al sistema de justicia?
Ante la presión de la imposición de aranceles, México se comprometió a frenar el tráfico de fentanilo y la migración ilegal. ¿Está preparado nuestro sistema de justicia penal para atender estos delitos?
Por Jorge Carbajal | Programa de Justicia
Publicado en: El Sol de México
Las decisiones tomadas en el arranque de su administración por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, están provocando un reacomodo en las relaciones políticas y económicas en todo el mundo. Está sacudida inevitablemente impactó en la agenda del Gobierno mexicano. Ante la presión de la imposición de aranceles, México se vio obligado a desplegar a 10 mil efectivos adicionales de la Guardia Nacional a lo largo de su frontera norte para frenar el tráfico de fentanilo y la migración ilegal.
Cabe recordar que, en su Estrategia Nacional de Seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum apostó por el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación, así como por una mejor coordinación intergubernamental a través del Gabinete de seguridad y el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estas acciones se enfocaron en la disminución de la incidencia de delitos de alto impacto (homicidios dolosos, extorsión, secuestro y robo con violencia en vías generales de comunicación vinculados a la delincuencia organizada), así como en neutralizar y detener a los principales generadores de violencia de las redes criminales en zonas de alta incidencia delictiva.
Desde esta perspectiva, parecería que el gobierno mexicano no tuvo mayor problema en cumplir con las exigencias del vecino del norte al adaptar la estrategia de seguridad para atender el tráfico de fentanilo. Sin embargo, frenar esos delitos implicará llevarlos a nuestro sistema de justicia penal. ¿Estamos preparados?
Los efectos de la reforma al artículo 19
En principio, debería haber un incremento en el número de detenciones y decomisos. Con ello, se iniciarían más carpetas de investigación y un mayor número de procedimientos de control de la legalidad de las detenciones. Esto tendría que derivar en un mayor número de vinculaciones a proceso.
Aquí surge otro problema: no olvidemos que la reforma constitucional al artículo 19, aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado, incluyó al tráfico de fentanilo dentro del catálogo de delitos donde el juez de control de manera oficiosa tiene que aplicar la prisión preventiva a las personas imputadas. Por ello, se espera un incremento en el número de personas privadas de la libertad en proceso o sin una sentencia condenatoria. (Por cierto, debemos mencionar que se trata de una medida que va en contra de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diversos tratados internacionales.)
En fin, que todo esto traerá una mayor saturación del sistema de justicia, con un incremento en la carga de trabajo de agentes del Ministerio Público, policías de investigación, personas peritas y personas juzgadoras, quienes tendrían que destinar más tiempo y atención para la investigación y resolución de estos casos.
La justicia no debe ser una moneda de cambio
De acuerdo con el último Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2023 presentado por el Inegi, sólo en el 19% de las carpetas de investigación iniciadas en ese año se determinó el ejercicio de la acción penal. El resto se resolvió de la siguiente manera: 63% mediante el no ejercicio de la acción penal por la actualización de alguna causal de sobreseimiento; 9% por incompetencia; 3% por acumulación, 2% por archivo temporal, acuerdos reparatorios y facultad de abstenerse de investigar, respectivamente, y menos del 1% por criterios de oportunidad.
Además, el índice de impunidad federal elaborado por México Evalúa para 2022 —el último año disponible— fue de 95.5%, es decir, apenas cinco de cada 100 casos del fuero federal fueron resueltos. Estos datos muestran que en la gran mayoría de los casos no hay una determinación o resolución que permita esclarecer los hechos, proteger a la víctima, procurar que el culpable no quede impune y reparar el daño. Es decir, no hay una respuesta efectiva por parte del sistema de justicia.
Toda acción o estrategia que busque mejorar la seguridad y fortalecer el estado de derecho pasa necesariamente por el terreno de la justicia. Las grandes detenciones y decomisos de droga pueden ser muy redituables en términos mediáticos, y para cambiar la percepción de la opinión pública; sin embargo, son sólo el comienzo. No perdamos de vista que el sistema de justicia tiene la encomienda de garantizar el debido proceso y dar una respuesta efectiva y oportuna en todos los casos que conoce.
Los retos de la justicia penal son mayúsculos y no se limitan a la forma en que se nombra y se controla al personal jurisdiccional, como ingenuamente propuso la reforma al Poder Judicial del año pasado. Es un asunto que requiere toda nuestra atención. La justicia no debe ser una moneda de cambio sujeta a negociaciones bilaterales, sino una prioridad nacional. Difícilmente lograremos avances importantes en materia de seguridad y justicia penal si no se combate también la impunidad.
