La Suprema Corte: los retos del día después
Por Laurence Pantin (@lpantin) | Animal Político
Nunca antes un proceso para designar a quien preside el Poder Judicial de la Federación había atraído tantos reflectores.
Fue así no sólo porque unos días antes de la elección se ventiló que una de las aspirantes, la favorita del presidente de la República, presuntamente plagió la tesis con la que obtuvo su título de licenciatura en Derecho (un escándalo que, aunque seguramente contribuyó a que resultara electa la ministra Norma Piña, no se agota ahí, pues queda por ver si la ministra Yasmín Esquivel se sostendrá en su cargo una vez que la UNAM acabe de investigar el asunto). También influyó el ‘clima’ creado por el intento del partido gobernante y de sus aliados en 2021 de alargar dos años, de manera inconstitucional, el mandato del ministro Arturo Zaldívar y de los demás consejeros de la judicatura. Esta maniobra inédita, que finalmente fue derrotada, demostró el interés del Gobierno por controlar al máximo tribunal del país y al Consejo de la Judicatura Federal –ya que quien dirige uno también dirige el otro–. Digamos que la jugada fue ‘telegrafiada’ y, por tanto, las expectativas sobre quién sucedería a Zaldívar se multiplicaron.
Finalmente, entre todo lo que acabó por justificar este inusitado interés en el proceso, lo más relevante es el hecho de que por primera vez en la historia fue designada por sus pares una mujer para presidir la Corte. Y una mujer, por cierto, con una larga trayectoria al interior del Poder Judicial y un perfil reconocido por su seriedad, su enfoque garantista y su independencia. Por ello, también al interior del Poder Judicial de la Federación su nombramiento fue muy bien recibido, por lo que se pudo observar en redes sociales y chats de integrantes de la institución.
Esta decisión, a su vez, evidenció el compromiso de la mayoría de las y los ministros con la paridad de género y con la preservación de su independencia tanto frente a presiones externas como internas, ya que no alcanzaron los votos necesarios ni la candidata Esquivel apoyada por el titular del Ejecutivo ni el aspirante Gutiérrez Ortiz Mena impulsado por el presidente saliente de la Corte. La señal es poderosa: tal mayoría de ministros (los cuales, por deferencia hacia su entonces presidente, fueron, a lo largo de los cuatro años pasados, muy reservados fuera de sus salones de sesiones) hablaron alto y fuerte a través de esta votación, que buscó poner un alto a las intenciones de injerencia.
La evidente molestia del titular del Ejecutivo frente al resultado no se hizo esperar, y es probable que siga expresando su crítica hacia el Poder Judicial de la Federación en lo que queda de su sexenio. Sin embargo, a diferencia del inicio de su mandato, ya no cuenta con los votos en el Legislativo necesarios para reformar la Constitución. Es decir, ha perdido fuerza una verdadera amenaza hacia el Judicial, pues en su momento no faltaron declaraciones, y hasta iniciativas, que planteaban reformas drásticas a la estructura de la Suprema Corte e implicaban poner en riesgo su integración e independencia.
Lo anterior no quita la presión que seguirá existiendo sobre la Corte (y, por ende, sobre su presidenta) en los próximos dos años, pues tendrá que resolver varios asuntos de gran relevancia política, en particular sobre los temas de militarización, energía eléctrica y sobre los procesos electorales por venir, sin olvidar las acciones de inconstitucionalidad que varios actores anunciaron presentarían en contra de las reformas legislativas en materia electoral (el famoso Plan B).
Pero a la presidenta Piña también le tocará lidiar con las posibles consecuencias del plagio de la ministra Esquivel, si éste se confirma. El tema es que si bien la Constitución establece que, para ser designado ministro o ministra una persona debe “poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello”, ni ésta ni las leyes secundarias prevén qué hacer en caso de que el título sea falso.
En cuanto al Consejo de la Judicatura Federal, uno de los retos de la presidenta Piña será la consolidación de la carrera judicial, después de la reforma implementada por su predecesor, con la cual prometió erradicar por completo las prácticas de nepotismo. En este aspecto, en el programa de trabajo que presentó para postular al cargo, la ministra propuso varias medidas enfocadas a ampliar el acceso a esta carrera para las personas con discapacidad y a favorecer la perspectiva de género.
Otro reto consistirá en reconstruir la legitimidad del Poder Judicial de la Federación, en el contexto de las críticas constantes a su nivel de corrupción, en particular por parte del Ejecutivo federal. Al respecto, la ministra Piña propuso ampliar la posibilidad de denunciar posibles actos de corrupción, regular de manera más clara los procesos de investigación y sanción de responsabilidades administrativas para asegurar que cumplan con un debido proceso, así como mejorar la transparencia y rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos del Consejo de la Judicatura. Adicionalmente, pretende darle un papel más importante al Consejo de la Judicatura Federal en el Sistema Nacional Anticorrupción y crear una Comisión Anticorrupción con representantes de la Suprema Corte, el Consejo y el Tribunal Electoral, para consolidar la implementación de la Política Nacional Anticorrupción en estas instituciones.
Como ven los retos son de gran calado y, por ello, seguir observando con lupa al Poder Judicial federal en los próximos años no tendrá desperdicio. Ojalá y el interés que se despertó en las últimas semanas en torno a la transición en la Presidencia de la Corte no se apague.
