La ruta local para reducir la extorsión en México (II)
Por David Ramírez-de-Garay (@DavidRdeG) y Alan López (@alanfabian07)
Desde que la crisis de seguridad se volvió el principal problema del país, las administraciones federales no han cesado en su intención de “resolver” el problema mediante visiones militarizadas, con una cada vez más extensa participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad.
El actual gobierno ha optado por continuar en ese camino. Hace unos cuantos días se anunció una nueva atribución para los militares: tendrán el control de todas las aduanas y puertos del país, con el fin expreso de detener la corrupción y frenar el flujo de armas, drogas y precursores de ellas al país.
A pesar de que los uniformes y accesorios verde olivo son los preferidos del presidente, una buena parte de la dinámica criminal necesita ser abordada de una forma distinta. Un claro ejemplo es el delito de extorsión, cuyos niveles de victimización no han dejado de crecer desde 2015 y que, a la fecha, ningún gobierno ha logrado contener.
La extorsión es un delito anclado en lo local. Son pocas las redes extorsivas con alcance regional o nacional[1] [2]. En la mayoría de los casos se trata de grupos locales que extorsionan a víctimas locales o de localidades vecinas. En ciertos casos, sus actividades se concentran en las cuadras donde se acumula cierto tipo de actividad comercial. En Narco CDMX, Sandra Romandía describe perfectamente cómo se dio este fenómeno en lugares con una dinámica comercial tan distinta como los mercados de Sonora, la Merced o en la zona restaurantera de la Roma-Condesa entre 2013 y 2017.
A pesar de ello, los gobiernos siguen sin plantear propuestas enfocadas a desarticular las dinámicas locales que hacen posible a la extorsión. En una entrega previa relatamos experiencias internacionales que han privilegiado el papel de las autoridades locales y las asociaciones público-privadas para desarticular a las bandas de extorsionadores y reducir los niveles de este delito. En esta entrega, queremos mostrar los resultados de una investigación que detalla las raíces locales de la extorsión y el enfoque local como un prometedor camino para atenderla. La extorsión empresarial en Ciudad Juárez. El impuesto criminal: lecciones y precauciones, de Gustavo Fondevila[3], Carlos Vilalta[4] y México Evalúa, busca explicar las causas, características y efectos de la extorsión en el municipio fronterizo de Chihuahua.
Ciudad Juárez como parábola
La extorsión contra empresas, también conocida como ‘cobro de piso’, es un fenómeno que ha generado importantes pérdidas y ha obstaculizado la dinámica económica de Ciudad Juárez, sobre todo entre 2008 y 2009. Sin embargo, actualmente existe una percepción de que la situación mejoró gracias a la colaboración entre empresarios y autoridades. Por ello, surgió el interés de conocer cuáles fueron las acciones implementadas y cómo pueden servir para afrontar el problema.
El estudio tiene como objetivos específicos describir el tipo de empresas víctimas de extorsión en Ciudad Juárez, identificar el modus operandi de los agresores, explorar la reacción y actuación policial frente a este delito e identificar las prácticas exitosas implementadas por empresarios y autoridades.
Debido a la complejidad del fenómeno, se utilizó una metodología mixta. Por un lado, se realizaron entrevistas semiestructuradas con actores clave —víctimas de extorsión, perpetradores y funcionarios de seguridad— para obtener su percepción y experiencia relacionada con la extorsión. Por otro lado, se aplicó una encuesta de victimización empresarial que contempló una muestra representativa de 380 microempresarios de Ciudad Juárez.
Además de aportar evidencia sobre los patrones actuales de la extorsión en la ciudad fronteriza, la investigación describe el alcance de las diferentes formas en que las autoridades se han respondido al delito. Veamos algunos de sus hallazgos.
La extorsión tuvo un incremento del 49% en el estado de Chihuahua entre 2015 y 2019, y casi la mitad de los casos se concentran en Ciudad Juárez. Es un delito que afecta principalmente a micro y pequeñas empresas, y en la mayoría de los casos están involucradas bandas del crimen organizado.
Las entrevistas mostraron que entre los extorsionadores no hay espacio para la improvisación; los grupos dedicados a la extorsión en Ciudad Juárez se caracterizan por tener varios años de experiencia en la comisión de este delito, y por estar bien organizados en los roles que cada miembro asume al interior del grupo —integrados por entre siete y 18 miembros—. Los extorsionadores son principalmente hombres entre 23 y 47 años, que viven en entornos de marginación social y precariedad laboral. La mayoría de ellos proviene de entornos familiares violentos y desertó a temprana edad de la escuela para incorporarse al mercado laboral.
Las exploraciones en campo y la encuesta de victimización mostraron que el contexto urbano también tiene mucho que decir en el delito de extorsión. Las empresas víctimas suelen estar ubicadas en colonias con altos niveles de desorden social —riñas entre vecinos— y desorden físico —vandalismo y grafiti—. Para el caso de Ciudad Juárez, el tamaño y la antigüedad de las empresas no es un factor determinante en la victimización.
En todo tipo de delito la actuación de la autoridad es determinante, y más con la extorsión, por el alto grado de especialización que demanda. En la emblemática ciudad fronteriza la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente, dado la baja profesionalización de policías y ministerios públicos. Otro de los problemas que fue reportado por las víctimas es la colusión con grupos criminales. Esta situación desincentivaba la denuncia y afecta la desconfianza de las empresas en los funcionarios, lo cual reduce la probabilidad de que haya una colaboración para afrontar el problema.
Ciudad Juárez como moraleja
Sin embargo, las autoridades y los empresarios de Ciudad Juárez trabajaron conjuntamente para revertir el problema de la extorsión y sus consecuencias. Las lecciones exitosas de este municipio fronterizo sirven para plantear recomendaciones de política pública, que pueden ser adaptadas en otros contextos similares del país:
- Combatir la corrupción al interior de los cuerpos policiales para prevenir, detectar y castigar los actos de colusión.
- Crear una Unidad de Antiextorsión Empresarial al interior de la Fiscalía del Estado de Chihuahua.
- Concentrar el trabajo de inteligencia y prevención —visita y acercamiento— en pequeñas y medianas empresas, dedicadas al comercio y prestación de servicios.
- Diseñar protocolos estandarizados para ofrecer protección directa a víctimas en caso de amenazas de quema de negocios, violencia física o muerte. Los protocolos tienen que ser elaborados conforme a las mejores prácticas internacionales y el marco legal vigente. Deben alimentarse del diálogo con el sector empresarial.
- Incentivar la denuncia, garantizando la seguridad de las víctimas cuando se presenten a denunciar.
- Promover ministerios públicos móviles y especializados en extorsión.
- Mejorar la efectividad del patrullaje alrededor de los negocios. El contacto y comunicación entre la policía y los empresarios debe ser reforzado. Incorporar a las instituciones bancarias en el diseño de mecanismos de detección temprana y de investigación de cuentas sospechosas y de cuentas relacionadas con empresas que han sido extorsionadas.
El estudio también brinda algunas recomendaciones dirigidas a los empresarios:
- No dar información confidencial —sobre el personal, horarios, transportación, etcétera— ni de manera personal ni telefónica.
- No subir información similar a redes sociales, buscadores de internet y/o bases de datos personales.
- No utilizar rutas de entrega/transportación rutinarias.
- Los dueños y encargados deben cambiar su cuenta de correo electrónico y número telefónico cada seis meses.
La investigación nos muestra la importancia de contar con diagnósticos finos, basados en el análisis de los datos oficiales y en metodologías cualitativas, para entender de mejor manera un delito tan complejo como es la extorsión. También es una muestra de las grandes ventajas que se obtienen de trabajar de manera cercana con las víctimas actuales y potenciales, para plantear estrategias a partir de su experiencia. Esto es muy relevante para la victimización empresarial, puesto que muchas de las actividades cotidianas que se realizan durante la actividad comercial pueden generar oportunidades criminales que los extorsionadores aprovechan. Muchas veces esto se puede evitar con ajustes menores en la logística.
De igual forma, este trabajo reafirma nuestras convicciones en torno al papel preponderante que tienen las autoridades locales para atender la extorsión. Ninguna de las acciones consideradas exitosas para el caso de Ciudad Juárez requirió de la participación de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, fueron las instancias locales las que lograron presentar opciones viables para atender el problema, gracias al diálogo con los ciudadanos.
Ojalá que éste y otros trabajos similares sirvan para que los gobiernos locales se decidan a tener otra visión para dar respuesta a la criminalidad. Las políticas de mano dura y la militarización de la seguridad pública nos alejan cada vez más de la meta. Sólo con una visión desde lo local estaremos en posición de diseñar acciones focalizadas y efectivas. Mantener la tasa de extorsión por debajo de los niveles alcanzados entre 2008 y 2009 es un ejemplo de las grandes ventajas que implica esta ruta.
[1] En países como Panamá y Costa Rica, los grupos de extorsionadores actúan principalmente en centros urbanos y zonas de actividad comercial, con un alcance local. Por el contrario, en países como El Salvador y Honduras, las pandillas callejeras Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 han creado una red regional de extorsión. Para mayor información consultar InSight Crime 2019. Una cultura criminal. Extorsión en Centroamérica.
[2] En países de Europa Occidental (por ejemplo. Italia, España y Reino Unido), los extorsionadores pertenecen a grupo delictivos tradicionales y en la mayoría de los casos se trata de bandas locales. Para mayor información consultar Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad 2016. La extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada en la UE.
[3] Profesor Investigador Titular de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
[4] Investigador y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo).
