La ruta local para reducir la extorsión en México (I)

Por David Ramírez-de-Garay (@DavidRdeG) | Animal Político

Frente a los grandes retos que plantea la crisis de inseguridad en México, el delito de extorsión es uno de los más grandes. Por su extensión a lo largo del país, sus diversas modalidades, la inmensa cifra negra y el vínculo vital que tiene con la corrupción, parece que es un delito imposible de enfrentar en el contexto mexicano. No creo que esto sea así. Por ello, en este primer texto de una serie de dos, muestro que, a pesar de la enorme complejidad que implican la contención y prevención de este delito, es factible tomar decisiones y diseñar instrumentos que nos permitan reducir paulatinamente su incidencia —siempre y cuando se opte por la perspectiva adecuada—.

El apogeo de la extorsión

Este delito no ha dejado de crecer en los últimos años. Los registros oficiales muestran que entre 2015 y 2019 la extorsión aumentó en un 59%, pasando de una tasa de 4.3 por cada 100 mil habitantes —correspondiente a 5 mil 277 víctimas— a una tasa de 6.9 —correspondiente a 8 mil 755 víctimas—. Su distribución varía mucho entre las entidades de la República mexicana, al menos en lo reflejado por los datos oficiales. Las entidades con las tasas más altas en 2019 fueron Baja California Sur (23.5), Zacatecas (21.5) y Quintana Roo (16.4). En el otro extremo, las entidades con menos denuncias fueron Yucatán (0.31), Tlaxcala (0.15) y Michoacán (0.04)

No obstante, la estadística oficial dice poco sobre la verdadera dimensión de este delito, pues tiene una cifra negra de las más altas en el país: el 97.9% de los casos no son denunciados ante la autoridad (ENVIPE 2019). Con los datos recabados por la ENVIPE podemos aproximarnos a las dimensiones verdaderas del fenómeno. A nivel nacional el SESNSP reportó 6 mil 895 víctimas en 2018 —correspondiente a una tasa de 5.5 por cada 100 mil habitantes—. Para ese mismo año, le estimación del Inegi arroja una cifra de 5 millones 700 mil delitos, equivalente a una tasa de 4 mil 583 por cada 100 mil habitantes.

La estimación también ‘corrige’ las magnitudes del delito en los estados. El cambio es tan grande que nos muestra un panorama muy distinto a lo que reportan las fiscalías y las procuradurías. El estado con mayor incidencia es Guerrero: en 2018 ocupó la primera posición en la tasa de extorsión, mientras que con los datos del SESNSP ocupa una posición a mitad de la tabla. En segunda posición se encuentra Morelos, con 8 mil 872 delitos por cada 100 mil habitantes. La tercera posición es muy reveladora; se trata de Tlaxcala, con una tasa de 7 mil 748, una de las entidades con menor cantidad de carpetas de investigación. De ese tamaño es la distancia entre los datos oficiales y lo reportado por las víctimas.

Las características del delito

La ENVIPE también nos proporciona información para caracterizar al delito de extorsión. De todos los casos captados por la encuesta, el 53.1% fue reportado por un hombre y el 46.9% por una mujer. Las víctimas también reportan que el 51.7% de los hechos se han realizado entre las 12 y las 18 horas y el 33.4% entre las 6 y las 12 horas. El 85% de los casos se realizan a plena luz del día y en los horarios donde se concentra la mayor actividad económica.

Los victimarios no suelen tener algún vínculo previo con las víctimas. En el 89.7% de los eventos, las victimas reportaron no conocer a los extorsionadores. Para este delito, la capacidad de intimidar es una herramienta clave. En el 46.3% de los eventos donde la víctima estuvo presente, el o los extorsionadores no portaban un arma[1] y el 97.8% de estos casos se llevaron a cabo sin agresión física. En los casos donde se usó un arma, en 91.7% de las extorsiones se realizaron sin agresión física. En la comisión del delito participó un solo delincuente en el 64.4% de los casos y dos en el 22.1%. El 77.6% de los victimarios fueron hombres y la edad estimada de los que participaron el en delito fue de 35 años y más (34%) y de 26 a 35 años (21.9%). En la gran mayoría de casos se trata de extorsión telefónica.

¿Qué se está haciendo contra la extorsión?

No tengo dudas de que el incremento sostenido de la extorsión ha sido posible por la falta de acciones concretas por parte de las autoridades. La expansión de este delito descansa en la falta de ideas, interés y voluntad por parte de muchas administraciones y en todos los niveles de gobierno para ofrecerle a la ciudadanía respuestas concretas.

Ante este problema, el Gobierno federal, por medio del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (SESNSP), dio un primer paso. El 23 de marzo de 2020, el SESNSP presentó los lineamientos de un nuevo instrumento para combatir la extorsión. Se trató de la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión Telefónica o Fraude. Esta herramienta busca captar y generar información sobre el fenómeno por medio de las llamadas de emergencia que se reciben en el 911, el 089 y en todos los centros de control estatales que reciben este tipo de llamadas. El 15 de abril de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la creación de la base de datos y la homologación de los registros que genera cada llamada. Esto con el objetivo de tener información más detallada y oportuna para crear mejores diagnósticos sobre la extorsión y emplear la información para orientar la toma de decisiones.

La herramienta más eficaz que tienen los extorsionadores es la certeza de que las autoridades no se involucrarán, ya sea por colusión o por incompetencia.

Días después de la publicación oficial de los lineamientos, el Gobierno federal, a través del Centro Nacional de Información, anunció el inicio de un nuevo plan nacional para dar una respuesta al crecimiento de la extorsión en el país. El plan tiene como eje la información captada en la nueva base de datos, pero tiene dos elementos más de apoyo. En primera instancia se tiene la intención de firmar convenios de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera, para que por medio de la nueva base de datos puedan llevar a cabo labores de rastreo, identificación y neutralización de las cuentas bancarias donde se realiza el pago de las extorsiones. El objetivo es la desactivación de las redes de cobro que hacen uso del sistema bancario. El segundo componente incluye el relanzamiento, a través de campañas, de los números de emergencia 911 y 089 para que la ciudadanía haga un mayor y mejor uso de estos canales. 

El reto es ir más allá

Lo más importante del primer paso es no quedarse sólo en el primer paso. Ese es el principal reto que tiene el Gobierno federal en su estrategia contra la extorsión. Naturalmente, los primeros problemas surgirán en la implementación. No será sencillo lograr que la información fluya correctamente hacia las áreas de inteligencia y que ésta se convierta en insumos para la investigación y la persecución del delito.

No obstante, hay un reto ulterior: usar la información para poder diseñar intervenciones que atiendan las diversas y complejas facetas que tiene la extorsión en el territorio mexicano. Esto no es menor si pensamos en tres aspectos de la extorsión. La herramienta más eficaz que tienen los extorsionadores es la certeza de que las autoridades no se involucrarán, ya sea por colusión o por incompetencia. De ahí que las encuestas de victimización muestren que la mayoría de los extorsionadores no necesitan usar un arma o ejercer violencia física para intimidar y coaccionar a sus víctimas. Otro aspecto que muestran las encuestas es la preocupante participación de hombres jóvenes en los actos extorsivos y la gran diversidad de contextos y dinámicas que debe de tener un delito tan disperso por todo el territorio nacional. Así como deben de existir similitudes, seguramente hay importantes diferencias entre los patrones que siguen las redes de extorsión en los barrios centrales de la Ciudad de México y en las zonas comerciales de ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez.

Para atender ésas y más aristas hay que recurrir a perspectivas focalizadas que buscan trabajar desde lo local. Sobre ello se han comenzado a acumular un grupo interesante de experiencias que han sacado provecho de esta perspectiva para los contextos latinoamericanos. En este sentido, vale la pena reflejarnos en el espejo de los países del triángulo norte. El reporte Una cultura criminal. Extorsión en Centroaméricaes un trabajo de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional que documenta ampliamente la problemática que enfrentan los países centroamericanos al dejar que el delito creciera hasta generar ganancias que pueden superar el 2% del PIB. En el camino describe la gran complejidad con la que operan las redes de extorsión, y cómo ésta se incrementa cuando se trenza con las bandas centroamericanas y con capas y capas de impunidad alimentadas por la colusión e ineficiencia de funcionarios.

No obstante, el reporte también registra las grandes oportunidades que se pueden generar si se trabaja –y se impulsa— una perspectiva focalizada y local. De acuerdo con la experiencia centroamericana, las autoridades municipales son las que tienen mayores probabilidades de llevar acabo mediaciones exitosas entre bandas en conflicto, por el contacto que tienen con la comunidad y con los liderazgos locales. Con esta aproximación, vecindarios de San Pedro Sula en Honduras en tres años lograron reducir en 25% el número de pandilleros en la localidad. También está el ejemplo de las asociaciones público-privadas como respuesta a la extorsión. Ése fue el caso de un modelo que se puso en práctica en El Salvador para establecer mecanismos de cooperación entre productores azucareros, y responder de manera coordinada y por canales institucionales a las amenazas de extorsión. 

Centroamérica nos muestra elocuentemente hasta dónde puede llegar la extorsión si los gobiernos siguen volteando para el otro lado. Pero también nos presenta algunas rutas que tendríamos que seguir para atender el problema de manera integral. El gran riesgo que como país corremos es que nuestros esfuerzos contra la extorsión no vayan más allá de esos primeros pasos que se han dado.

En México Evalúa creemos que, en efecto, la oportunidad que cae del lado de la Federación, pero sobre todo en la cancha de los gobiernos locales. La ruta de salida pasa por ellos, por las comunidades y sus liderazgos. Por ello, como organización hemos adoptado esta perspectiva para diagnosticar, analizar y plantear soluciones amplias y conjuntas a la extorsión.

Para la segunda entrega de este artículo les presentaré el primer resultado de este esfuerzo por diagnosticar y encontrar una salida a la extorsión en un contexto muy específico y dotado de simbolismo: Ciudad Juárez. 

[1] De acuerdo con el cuestionario de la ENVIPE las armas pueden ser de fuego, blancas y objetos contundentes, como palos, varillas, tubos y similares.