La pobreza aumentó en el país. Hay 63.8 millones de mexicanos con un ingreso insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Son tres millones más que hace dos años. Entre ellas, hay 24.6 millones sin ingreso suficiente para comer. Son un millón más que en 2012. El factor central del incremento de la pobreza son los bajos ingresos. La respuesta gubernamental ha sido la multiplicación de programas que buscan atender este problema. El resultado: más pobres y recursos desperdiciados.

Lo que la economía mexicana necesita es crecer de manera elevada y sostenida e incluir a los mexicanos en los beneficios de ese crecimiento. Los periodos en que la pobreza ha disminuido coinciden con años de crecimiento económico robusto. Cada crisis económica ha implicado un retroceso. Después de años de atonía el resultado no puede ser distinto: más pobres por ingreso. Estamos insertos en un círculo vicioso que no logramos vencer: baja productividad, bajo crecimiento, bajos ingresos, mercado interno débil, bajo crecimiento. Para agravarlo, tenemos mexicanos con capacidades débiles, porque así son sus oportunidades de acceso a derechos como la salud o la educación.

Esta rueda del infortunio la hemos pretendido resolver con gasto en programas públicos cuyo objetivo es generar o transferir recursos a los hogares e individuos en condición de pobreza. No le hemos dado en el blanco. En un posicionamiento reciente, el colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, ofrece piezas de análisis que nos llevan a concluir que no es por ahí por donde vamos a solucionar el problema. Ésta es la evidencia.

El gobierno federal cuenta con 48 programas destinados a proyectos productivos, generación de ingresos y servicios para la empleabilidad. Suman en conjunto 120 mil millones de pesos. Esto es casi igual a la suma del presupuesto de los dos más grandes programas sociales: Prospera y Seguro Popular.

Sagarpa administra, a partir de distintos programas, más de la mitad de esa bolsa de recursos. Y a decir de la evidencia disponible, no hay efecto tangible ni en la productividad del campo mexicano, tampoco en la pobreza rural. De hecho existe evidencia de lo contrario: algunos de estos programas generan más desigualdad.

La Secretaría de Economía cuenta con 12 mil 900 millones de pesos para fomentar a micro, pequeñas y medianas empresas. El Instituto Nacional de Apoyo a la Economía Social (INAES) destina casi tres mil en capital de riesgo y asistencia técnica para empresas sociales constituidas por personas en pobreza. La Secretaría del Trabajo ofrece diversos programas de capacitación. Y la lista no concluye aquí.

No conozco evaluaciones de estos programas en lo individual. En el agregado, no impactan el ingreso de las personas en condición de pobreza. Aquí la aritmética no falla.

En el mediano y largo plazo nuestra rueda del infortunio se puede remediar si trabajamos en dos dimensiones simultáneamente: en la productividad y crecimiento de la economía y en la inclusión de los mexicanos que han quedado fuera. Lo primero no se sostiene sin lo segundo y viceversa. La inclusión implica acceso a educación de calidad, a servicios de salud oportunos y también de calidad, a la promoción de capacidades en los mexicanos que les permitan vencer las barreras que los han mantenido al margen. En realidad, implica una capacidad superlativa por parte del Estado mexicano para cumplir un acuerdo social plasmado en la Consitución: la garantía de acceso a estos derechos para todos.

Es una tarea superlativa porque implica afinar los instrumentos de política pública, construir los instrumentos de gobernanza para permitir efectividad en su implementación, implica evaluación y rendición de cuentas continúa. Más importante, significa vencer la propensión de usar los recursos como bolsa para el lucro partidista o una ambición política personal.

A finales de los 90, se puso en marcha el programa Progresa que a lo largo de los años ha cambiado su nombre y también un poco su fisonomía. Por primera vez en el país se concebía un programa contra la pobreza orientado en favorecer las capacidades de los niños y jóvenes de entonces. Años antes, la economía mexicana daba un vuelco en su modelo de crecimiento. Parecía que se lograban acomodar estas dos piezas que permitirían a la economía crecer y a los beneficiarios del programa contar con los atributos para insertarse en esa economía exitosa. Aquel proyecto de transformación económica se quedó atorado, y los egresados del Progresa lograron  unos  años de escolaridad más, pero no el acceso a las oportunidades de ingreso prometidas.

Estos dos elementos son parte de la mancuerna que debemos lograr embonar. Es lo que permitiría que en una generación estemos contando una historia distinta. Que nuestra rueda del infortunio tenga, por fin, un vuelco en su trayectoria.