La ‘reforma energética’ o el juego de perder-perder
Por Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) | Animal Político
La dinámica de recuperación económica en el mundo va encontrando cauces interesantes, sobre todo porque corre en paralelo a la necesidad de enfrentar la crisis climática. El 31 de octubre de este año comenzará la COP26 en Glasgow, Reino Unido, un hito que habremos de observar con mucho detenimiento, pues promete marcar la pauta del futuro global.
El Informe Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, publicado en agosto pasado, actualizó el escenario: ya sabemos que la temperatura del planeta está aumentando a mayor velocidad que la esperada por los científicos. Eso significa, entre otras cosas, que los países deben acelerar sus planes de transición energética, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos a la mitad en esta década. En este contexto, los usos de la política comercial y la diplomacia serán el corazón de las conversaciones en los próximos meses.
Será interesante también observar el comportamiento de Estados Unidos y China, pues actualmente viven una especie de guerra fría comercial impulsada por un deterioro en las relaciones bilaterales, que motiva la reubicación de empresas norteamericanas en otras jurisdicciones que les ofrezcan mejores condiciones para sus negocios.
Los gobiernos, en todo caso, deberán ajustar sus políticas regulatorias para establecer condiciones atractivas a la inversión y renegociar con sus socios comerciales términos de intercambio que aseguren la integración de las cadenas de valor. El telón de fondo es la sincronización de las actividades productivas con las nuevas metas para mitigar los efectos del cambio climático. Observaremos, por ejemplo, cambios profundos en las estructuras de costos de las empresas por la imposición de nuevos aranceles por huella de carbono –como el Carbon Border Adjustment Mechanism de la Unión Europea–, y el cumplimiento de certificaciones de riesgos ESG (environment, social and governance) para dictaminación financiera.
Esto y más dibujará el nuevo mapa sobre el cual se reubicarán las inversiones y se trazarán las rutas comerciales que definirán los equilibrios entre ganancias empresariales, financiamiento, esquemas de tributarios, protección al medio ambiente e impactos sociales, y una lista interesante de atributos en materia de gobierno corporativo, incluyendo agendas anticorrupción y desarrollo incluyente. Lamentablemente, tal lista se desvanece con rapidez en nuestro país, capturado por una nueva reforma energética. Vamos paso a paso.
Mientras tanto, en México…
En los últimos tres años las políticas comerciales de México, sobre todo a nivel federal, han sufrido un retroceso que nos está alejando a una gran velocidad de las oportunidades que mencionamos. Entre enero y diciembre de 2020, México registró una reducción en inversión extranjera directa total (IED) de 11.7% respecto a 2019, y en el subcomponente de nuevas inversiones de -50%. Los principales sectores económicos que recibieron este tipo de inversión fueron manufactura (41%), servicios financieros (23%), transporte, mensajería y almacenamiento (10%), comercio (8%) minería (5%) y medios masivos de comunicación (4%), entre otros. Asimismo, la inversión fija bruta se encontraba a la baja a principios de 2019 y hoy sigue por debajo de los niveles prepandemia; al cierre del primer trimestre de 2021 la inversión se encontraba 4.9% por debajo del mismo trimestre del año anterior.
Incluso, dadas las modificaciones forzosas que empresas y gobierno tuvieron que ejecutar por la pandemia de covid-19, México pudo haber aprovechado el momento para consolidar más sus relaciones comerciales con Estados Unidos mediante el T-MEC, y sumarse a políticas que aprovecharan el potencial de reubicación geográfica de inversiones norteamericanas. Sin embargo, la política pública va en sentido contrario a estas ideas, y promueve poco a poco el cierre de la economía al mundo, incluida la atracción de inversión. Según la Encuesta de percepción del ambiente económico que realiza mensualmente el Banco de México, a septiembre de 2021 el 50% de los encuestados reveló no estar seguro de si la coyuntura es un buen o mal momento para efectuar inversiones, lo que podemos tomar como un indicador de incertidumbre. Cabe señalar que de diciembre de 2018 hasta septiembre de 2021 el número de encuestados con este tipo de incertidumbre aumentó 138%.
Lo anterior es producto de decisiones como la desaparición de ProMéxico, las cancelaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y de la planta cervecera en Mexicali de Constellation Brands, así como los constantes asedios a la inversión privada, sobre todo en materia energética, demuestran el cambio de rumbo que la administración actual ha realizado hacia un mayor proteccionismo y cristalización de amenazas a los derechos de propiedad de particulares, justificado tanto por la creencia irrestricta de que el “poder económico”, representado por el capital privado, debe someterse al ”poder político”, representado por el Gobierno federal.
¿Más botones de muestra? En el Informe Sobre las Inversiones en el Mundo 2021 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) se lee que los países con aumento de IED en 2020 fueron China (5.6%), Hong Kong (61%) y la India (25%). De las 20 economías receptoras de IED más importantes del mundo, México figura en el lugar 14, con cifras a 2019 que ascienden a 35 mil millones de dólares (mmd), cifra muy por debajo de Brasil, que se ubicó en el lugar 6° de la tabla y que recibió un monto en inversiones del orden de 72 mmd ese año. El análisis indica que la disminución de los flujos hacia las industrias automotriz y de generación de energía eléctrica dio lugar a una reducción del 6% de la recepción de inversión para México en un año. Las manufacturas, señala el reporte, son las que más están sufriendo una brusca contracción global. En el primer trimestre, el número de proyectos en nuevas instalaciones manufactureras anunciados en Latinoamérica disminuyó en un 73%; México y Brasil registraron descensos respectivos de 48% y 64% en los flujos destinados a esa industria en el primer trimestre de 2020, respecto al mismo periodo de 2019.
En contraste, países como Costa Rica y República Dominicana registraron para el mismo periodo aumentos en IED de 13% y 19%, respectivamente, impulsadas por inversiones en zonas económicas especiales y desarrollo de los sectores de las telecomunicaciones y de las energías renovables para generación de energía eléctrica.
Y encima de todo esto, una iniciativa de reforma energética
El presidente López Obrador presentó ante el Congreso de la Unión el pasado 30 de septiembre una propuesta de reforma energética que en tan sólo dos semanas ha cimbrado aún más las expectativas sobre la competitividad del país. Como hemos ya analizado desde México Evalúa, y sumados a numerosas voces que coinciden en la preocupación, resumimos por qué esta iniciativa dañaría severamente la competitividad del país:
- Porque elimina la competencia entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la iniciativa privada mediante la garantía de 54% mínimo del mercado para la primera, y la revocación de todos los permisos y contratos que el sector privado sin intención de indemnizar conforme a las ley de expropiación. Esto, en clara violación al principio de irretroactividad de la ley y configurando escenarios claros para arbitrajes internacionales por expropiaciones indirectas, que se calculan en 1.2 billones de pesos, equivalente a 7% del PIB.
- Porque declara a la electricidad como “área estratégica” de uso exclusivo del Estado, que se puede interpretar como una intención de apropiación del gobierno del derecho al uso del sol y del viento para luego cobrar derechos de uso a los particulares que aumentarán sus estructuras de costos.
- Porque cancela la existencia de órganos reguladores autónomos, entes elementales para asegurar el ‘piso parejo’ y la transparencia en mercados con asimetrías por el tamaño y la naturaleza de jugadores preponderantes, como sucede en el mercado energético.
- Porque delega en la CFE el control total y exclusivo de toda la cadena de valor del sector eléctrico, incluyendo la proveeduría, y la política pública para llevar a cabo la transición energética, cuestión que en principio debe ser un esfuerzo conjunto de los sectores público, privado y social .
- Porque modifica las reglas del despacho eléctrico para migrar el CENACE a la CFE a fin de controlar sin transparencia y con discrecionalidad. En efecto, la iniciativa indica que se privilegiará (sin usar los costos de generación de referencia y sin mecanismos de vigilancia y control) el despacho de la electricidad de sus plantas, muchas de ellas caracterizadas por ser más costosas y contaminantes. Para ilustrar estas brechas, basta entender que actualmente más de la mitad de la energía es generada por plantas propiedad del sector privado, cuyos costos promedio de generación por MWh de las plantas de ciclo combinado de CFE son 4.5 veces menores en promedio que los costos de generación por MWh de los generadores privados de energía eólica y solar.
De aprobarse esta reforma, las estructuras de costos del suministro eléctrico presentarían alteraciones importantes que tarde o temprano implicarían la quiebra de los participantes en el mercado. Además, dar preferencia al despacho de generadores más caros repercutirá en los precios finales, particularmente para la industria que actualmente no goza de subsidio tarifario. Dada la transversalidad de la incidencia del sector eléctrico en toda la economía a través de la incorporación de valor agregado y, por ende, en el crecimiento económico del país, el efecto inflacionario de esta reforma sería inevitable. De acuerdo con el robusto análisis que realizaron Vaca et al. en un estudio de la matriz insumo-producto de México, un incremento de precios en el subsector de electricidad de 30% implicaría un aumento en los costos de insumos intermedios de la economía mexicana equivalente a 20.4% para el subsector de la electricidad, e incrementos mayores a 1% en subsectores como suministro de agua y gas por ductos, fabricación de productos minerales no metálicos, productos textiles, entre otros, obviamente con sus respectivos impactos en los precios generales de la economía.
Una moción por regresar a las buenas prácticas
Las economías más exitosas atraen y retienen inversión y talento. Estudios especializados en descubrir qué hacen esas economías para lograrlo revelan cuatro cualidades comunes: establecen incentivos fiscales a las empresas; dan garantías regulatorias –como reguladores autónomos o respeto a los acuerdos internacionales– ante eventuales cambios en los ciclos políticos; establecen sistemas de incentivos para promover inversiones específicas –como ocurrió con el caso de las sociedades de autoabasto desde los años noventa-, y prestan a las empresas soporte técnico y de negocios que les ayuden a obtener información y a encontrar proveedores e insumos necesarios para el funcionamiento de los negocios, como lo hacía la extinta ProMéxico.
Estos ejemplos dan cuenta de que las políticas públicas actuales de México van en sentido contrario a lo que hacen los países exitosos. De esto trata el nudo actual. Exijamos al Poder Legislativo la más alta responsabilidad en la votación de una iniciativa de reforma energética que evidentemente no llevará a México a una mejor condición de crecimiento y desarrollo, y que, además, nos expondrá al juicio internacional por nuestra falta de seriedad frente a los retos de la emergencia climática, los cuales necesitan de la cooperación de todos los sectores bajo ciertos equilibrios, y no la actuación de una entidad gubernamental con poderes superlativos.
