La reforma al Poder Judicial no debe hacerse a espaldas de la sociedad
Por Laurence Pantin (@lpantin) y Adriana Aguilar (@adi_aguiarias) | Proceso
El 8 de septiembre de 2020, la Mesa de Trabajo sobre la reforma judicial, organizada por el Senado de la República, tuvo su primera sesión. Con ella inició formalmente la discusión en torno a distintas iniciativas presentadas por parte de senadores, diputados y otros actores, las cuales, si atendemos a su exposición de motivos, pretenden mejorar el acceso a la justicia. El resultado de este proceso legislativo, sin duda, tendrá un impacto en la manera en la que, como integrantes de la sociedad, ejercemos este derecho[1]. Sin embargo, es justo esta voz, la de la sociedad, la que ha permanecido marginada en los espacios de discusión sobre las reformas que el Senado ha previsto hasta ahora.
Que quede bien claro: es muy positivo que los legisladores quieran mejorar la impartición de justicia y el acceso a ella en nuestro país. Es, en realidad, una tarea urgente. Muestra de ello es que, si lo enfocamos desde la materia penal —que suele ser la más observada—, la gran mayoría de los delitos queda impune. Y desde el lado del funcionamiento de los poderes judiciales, son patentes los problemas de ineficiencia y de falta de disponibilidad de los servicios, sobre todo a nivel local. A ello se le suman los casos de corrupción y el hecho de que, tradicionalmente, los poderes fácticos han buscado capturar al Poder Judicial para hacer un uso político de la justicia. El reto, como ven, es enorme.
Para atender estos problemas, desde el inicio del sexenio se ha hablado de la necesidad de una “reforma judicial”. Para ello, los legisladores federales y el mismo Poder Judicial de la Federación, mediante el Ejecutivo[2], han presentado alrededor de 80 iniciativas, que versan sobre muy distintos temas —esto sin contar las cerca de 200 iniciativas que también han presentado en materia de justicia penal[3], y que se suelen echar en el mismo saco de la reforma judicial—.
Si lo que queremos es motivar el interés ciudadano sobre el tema, lo primero es fomentar la comprensión de lo que está en juego. Hagamos, pues, un primer deslinde en el conjunto de iniciativas. Una gran cantidad de ellas tiene que ver con los procesos de designación, el diseño y funcionamiento del Poder Judicial Federal. Abarcan materias tan diversas como los cambios de adscripción de juzgadores, el combate al nepotismo, la competencia de la Suprema Corte para revisar resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la presentación de iniciativas de ley por parte del Consejo de la Judicatura, paridad de género, el establecimiento de evaluaciones de control de confianza a los aspirantes al ingreso y promoción de la carrera judicial o el desarrollo de un modelo de elección popular de los ministros de la Suprema Corte.
Varias iniciativas buscan reformar la justicia estatal. Entre ellas, destaca la iniciativa que un grupo de senadores de Morena presentó bajo el liderazgo de la entonces senadora Olga Sánchez Cordero, y que busca fortalecer a los poderes judiciales locales mediante la selección de los magistrados por concurso de oposición y fijar en la Constitución una garantía para que los poderes judiciales locales cuenten con un presupuesto no menor al 2% del presupuesto general del estado. También se ha presentado una propuesta de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que regularía esta labor a nivel local. Asimismo, existe una iniciativa que pretende establecer como requisitos de elegibilidad para el cargo de presidente de un Tribunal de Justicia local la demostración de experiencia previa en el Poder Judicial y no haber sido miembro del gabinete del gobernador.
También se han presentado varias propuestas para fomentar la justicia digital, como es la iniciativa del senador Ricardo Monreal. Plantea una reforma al artículo 17 de la Constitución federal que sienta las bases del uso de tecnologías de la información en el desarrollo de la labor de impartición de justicia en todas las materias. Por su parte, la Diputada Pilar Ortega lideró una iniciativa de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que busca promover el uso de nuevas tecnologías en ciertas etapas procesales.
Dos de cal…
Algunas de esas iniciativas, o facetas de ellas, son positivas. Ahí están, por ejemplo, la que se enfoca en el fortalecimiento de los poderes judiciales locales; la parte de la reforma de Zaldívar que tiene que ver con fortalecer la carrera judicial —aunque pudiera mejorarse— y con la apertura de más espacios para las mujeres, la erradicación del acoso sexual y la consolidación de la defensoría pública; las reformas que buscan mejorar los procesos de selección de los consejeros de la Judicatura y de los ministros de la Suprema Corte, al establecer ciertos requisitos y prohibiciones. También es apreciable la propuesta de comparecencias públicas en la selección de magistrados locales, pues representaría un avance en términos de transparencia y participación ciudadana. Asimismo, van en el sentido correcto las diversas iniciativas dirigidas, tanto al ámbito local como federal, para el establecimiento de la paridad de género como principio de selección de funcionarios del Poder Judicial en todos los niveles. Finalmente, las iniciativas en materia de justicia digital son de gran relevancia, aunque es muy importante analizarlas a detalle para que tomen en cuenta los diversos grados de avance que tienen los poderes judiciales en la materia y se fomente la implementación de soluciones tecnológicas que garanticen el debido proceso y la transparencia en todo momento.
Por otra parte, consideramos que otras iniciativas ponen en riesgo la independencia judicial. Es el caso de la que propone crear una tercera sala en la Suprema Corte, que permitiría el nombramiento de cinco ministros adicionales en un solo sexenio, lo cual abriría la puerta a la selección de perfiles cercanos al Gobierno, expondría a la Corte a intereses políticos particulares o simplemente facilitaría la alteración de su equilibrio ideológico. La que propone suprimir los Consejos de la Judicatura estatales es, quizá, la más frontal en sus propósitos, pero no se quedan atrás las que proponen modificar los procesos de nombramiento de consejeros de la judicatura y ministros mediante el voto popular o procesos que solamente involucren al Legislativo. Y es por el costado de la pérdida de equilibrios que también algunos aspectos de la reforma de Zaldívar son cuestionables; como lo han comentado Hugo Concha o Julio Ríos, la reforma plantea una excesiva concentración de poder en la cúpula del Poder Judicial de la Federación, tanto en la Suprema Corte como en el Consejo de la Judicatura. De acuerdo con estos investigadores, esta concentración amenaza la independencia del órgano a su interior, pero también lo hace vulnerable a injerencias externas. Finalmente, esta gran concentración implica, asimismo, un riesgo al ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia
El contexto importa
Es importante señalar que, si el anuncio de Ricardo Monreal se cumple, estas reformas se van a discutir en un contexto muy especial. Primero, el de un proceso electoral donde el Poder Judicial de la Federación, a través de su Tribunal Electoral, interviene. Dada la concentración de poder en una mayoría legislativa formada por el partido que llevó al presidente al poder, no es descabellado pensar que los legisladores podrían tener la tentación de aprovechar las reformas para capturar o amenazar al Poder Judicial. Por otra parte, en el contexto de la contingencia por covid-19 —que ha detenido la prestación de la mayoría de los servicios de los poderes judiciales, lo que redunda en un rezago importante en muchos poderes locales—, la justicia digital, tema que no estaba inicialmente contemplado en la discusión, se ha vuelto urgente.
Para discutir reformas tan importantes, se necesita una visión integral, una reflexión profunda y una reforma sin prisas. También se necesita un Parlamento abierto, donde jueces, magistrados estatales y federales, expertos académicos y de la sociedad civil puedan intervenir, compartir sus conocimientos y recomendaciones.
En este sentido, desde México Evalúa impulsamos un Foro el año pasado para dar voz a los poderes judiciales —que entonces no la habían tenido—, así como a integrantes de sociedad civil y academia, para discutir la reforma judicial que merecemos.
Ahora, durante la inauguración de los trabajos sobre la reforma judicial, el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Julio Menchaca, refirió que de hecho ya había iniciado el Parlamento abierto, y añadió que “las universidades, los colegios, las barras de abogados, los litigantes y la sociedad en general” podrán ser parte de la discusión. Pero al 15 de septiembre no se había dado a conocer alguna convocatoria que abriera el registro para los interesados. Cabe remarcar: solamente se puede considerar Parlamento abierto un proceso basado en la transparencia y que incluya a una pluralidad de voces de expertos de la sociedad civil y de la academia, así como de los poderes judiciales de todos los niveles.
La decisión de abrir o no este espacio dejará en claro si la verdadera intención de los legisladores consiste efectivamente en mejorar y ampliar el acceso a la justicia o, por el contrario, lo único que pretenden es fortalecer el control político sobre los poderes judiciales. En particular, se podrá saber si la 4T iba en serio cuando dijo que quería hacer las cosas de maneras distintas o si quiere dejar una huella más en la tradición del uso político de la justicia.
Esto está en juego,
nada más ni nada menos.
[1] Es preciso señalar que la modificación de las leyes no es la única vía para mejorar la impartición de justicia De hecho, ésta depende también, y en gran parte, de la voluntad política de los tomadores de decisión en los poderes judiciales, los cuales pueden implementar muchos cambios desde adentro. En cierta medida, estos cambios pueden depender de la disponibilidad presupuestal con la que se cuenta, sobre todo a nivel estatal, donde muchos poderes judiciales han tenido restricciones que les han impedido desarrollarse de manera adecuada. Esta disponibilidad, a su vez, depende de la voluntad de los poderes ejecutivo y legislativo, pues son los que intervienen en la discusión y aprobación presupuestal. El tema de los recursos es tan importante que algunas de las iniciativas de reforma planteadas lo incluyen.
[2] Dado que el Poder Judicial de la Federación no tiene la atribución para presentar iniciativas legislativas, el Ejecutivo aceptó presentar la “Reforma Judicial con y para el Poder Judicial” que propuso el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar.
[3] Algunos de los temas abordados por estas iniciativas son la ampliación o limitación de la prisión preventiva, creación de fiscalías en materia de feminicidios, supuestos de flagrancia o presentación de medios de prueba durante la audiencia inicial en materia de prisión preventiva oficiosa, para mencionar solamente algunas. También se espera que el propio Fiscal General de la República presente sus tan anunciadas propuestas de reforma, después de la salida en falso que dio al respecto a inicio del año. Si bien los senadores parecen querer discutir estas reformas y las que tienen que ver con la “reforma judicial” en un mismo momento, se trata de temas muy distintos y ponerlos todos en la misma canasta puede dificultar su discusión, confundir al público y quizás generar incentivos perversos.
