Desde la psicología, se define a la negación como un mecanismo de defensa en el que un individuo rechaza una realidad para evitar un conflicto o para escapar de su responsabilidad. Ante la evidente crisis de derechos humanos en la que se encuentra sumergido el país, la negación ha sido la reacción desde las autoridades. Negar el problema, sin embargo, sólo se traduce en imposibilidades para enfrentarlo, para proponer soluciones y para poner fin a la situación. Hoy, esa carencia de soluciones efectivas empieza a tener consecuencias tangibles para el gobierno mexicano.Hace apenas unas semanas, autoridades mexicanas declararon que los hechos sucedidos en Iguala, donde desaparecieron decenas de estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, no reflejan la situación general del país y que se trata de un caso excepcional.

Sin embargo, por muchas razones, lo sucedido en Iguala en septiembre del 2014 es paradigmático y complejo: desde lo trágico y doloroso de los hechos, los vaivenes en la investigación, los múltiples tropiezos de la autoridad y las dudas que no han sido resueltas. Pero las violaciones de derechos que se han cometido no son, muy a nuestro pesar, un caso aislado. Están ahí los hechos sucedidos meses antes en Tlatlaya; están Apatzingán y Tanhuato; están los miles de desaparecidos, torturados y asesinados por elementos de las fuerzas de seguridad.

Pocos han puesto atención, por ejemplo, en las otras víctimas de aquellos casos, quienes, en un afán de la autoridad por encontrar culpables, han sido detenidas, muy probablemente torturadas y públicamente condenadas. De acuerdo conalgunos medios de comunicación, hasta hace unos días habían sido detenidas 115 personas por los hechos sucedidos en Iguala. La tortura y los malos tratos aparecen excesivamente relacionados con la obtención forzada de confesiones y a la averiguación de información, de acuerdo con las conclusiones preliminares de la visita a México del Relator sobre la tortura de la ONU -mismas que también fueron rechazadas y descalificadas por el gobierno mexicano en mayo pasado. ¿Qué nos haría pensar que en este caso fue diferente?

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), detalló en su informe sobre los acontecimientos de Iguala que 77% de los detenidos[1] presentó lesiones de distintos tipos, y enfatizó que “es muy probable que al menos una parte de los detenidos sufrieran lesiones en el contexto de un abuso y exceso de fuerza con carácter intencionado”. Un reportaje publicado el pasado septiembre por la revista Proceso en colaboración con el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, evidencia también cómo algunos de los imputados fueron detenidos arbitrariamente y fueron sometidos a tortura. Incluso, en la versión pública del expediente del caso Iguala, recién divulgado por la PGR, existen evidencias que hacen presumir el uso de tortura en los detenidos. Por otra parte, también fue violada su presunción de inocencia. Algunos de ellos fueron condenados públicamente en los medios de comunicación nacionales, donde se mostró su imagen “confesando” ser parte de un grupo de delincuencia organizada y ser responsables de la incineración de los cuerpos de los estudiantes desaparecidos [2].

El uso de chivos expiatorios es una práctica recurrente de las autoridades, como una salida de escape ante la presión social y mediática en la exigencia de justicia. Esto no es excepcional: repetidas veces vemos en los medios de comunicación los rostros y nombres completos de personas que son exhibidas y públicamente condenadas como delincuentes, en flagrante violación a la presunción de inocencia. Muchas de las detenciones se dan en contextos de abuso por parte de las autoridades, y la tortura y malos tratos son conductas reiteradas. La negación de esta realidad por parte de las autoridades del Estado impide tener mecanismos certeros para medir la magnitud del fenómeno[3]. Sin embargo, diferentes instituciones tanto académicas como de la sociedad civil han realizado esfuerzos por evaluar la dimensión del problema.

Una encuesta realizada por el CIDE en 2012 a internas e internos en centros de reclusión federales mostró que a 92 por ciento de las personas encuestadas que no fueron detenidas en flagrancia no les fue mostrada ninguna orden por escrito al momento de su detención, lo que hace presumir detenciones arbitrarias. Además, 54 por ciento de los encuestados dijeron haber sido amenazados al momento de su detención. A 49% se les amenazó con levantarles cargos falsos. 64 por ciento fueron insultados o humillados. Finalmente, 57 por ciento fueron golpeados. Entre los golpes y agresiones propinados son más frecuentes las patadas y puñetazos, pero también ocurren en gran proporción la asfixia, la inmersión en agua, los toques eléctricos y quemaduras, e incluso existen casos de lesiones penetrantes y violencia sexual. En resumen más de la mitad de las personas que fueron encuestadas fueron sometidas a malos tratos al ser detenidas.

De acuerdo con la misma encuesta, 35 por ciento de las personas interrogadas aseguró que se utilizaron amenazas o se empleó fuerza física para obligarlos a declarar o cambiar su declaración. De las personas que confesaron ser culpables del delito que se les imputó, 30 por ciento aseguró que lo hizo por haber sido torturados o golpeados. Estos datos revelan que el uso de maltratos y tortura es una práctica recurrente y que es empleada, en muchas de las ocasiones, para obtener declaraciones o confesiones[4].

Por si fuera poco, hace algunos días, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura señaló al Estado mexicano como responsable de la detención arbitraria y la tortura de cuatro jóvenes por parte del Ejército y, por ello, recomendó ponerlos en libertad e indemnizarlos.

¿Se puede decir, con estos datos, que las violaciones graves a derechos humanos no son generalizadas? ¿Son las detenciones arbitrarias, la condena sumaria sin juicio previo y la tortura cuestiones aisladas y extraordinarias? La realidad es que el gobierno no puede continuar silenciando una situación que sí, existe y que sí, es generalizada. Apenas hace unos días, el mismo Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el contexto de su visita a México, hizo énfasis en que “ignorar lo que está sucediendo en este gran país no es una opción para nosotros y no debe ser una opción para los políticos […] cuya responsabilidad es proteger a los ciudadanos y las ciudadanas”.

No se esfuma un problema con sólo negarlo, sino que permanece y empeora. La negación como mecanismo de defensa sólo impide encontrar y llevar a cabo soluciones que pongan fin al espiral. Reconocer y aceptar que en México existe una situación sistemática de violaciones graves a derechos humanos es la reacción más inteligente que puede darse desde el gobierno y es la única forma en que pueden ofrecerse herramientas efectivas para hacer frente al problema y, de una vez por todas, poner un fin al lastimoso momento por el que México está pasando.

* Karen Silva es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Desde 2011 ha participado en diversos proyectos dentro del CIDE como asistente de investigación, entre los que se encuentra la Primera Encuesta Realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social. Se incorporó al Programa a partir de 2012. Sus principales temas de investigación son la política de drogas, política criminal, sistemas de procuración e impartición de justicia penal, sistema penitenciario, instituciones de seguridad y derechos humanos.

[1] El grupo de expertos analizó los informes de integridad física de 80 personas detenidas, en el expediente de la Procuraduría General de la República.

[2] Aquí pueden leer un análisis realizado por Layda Negrete, en el que explica cómo el ex procurador de la República Murillo Karam realizó, entre otras violaciones a la ley y la Constitución y en tan solo unos minutos, una condena sumaria, y sin juicio previo ante los medios de comunicación, de unos individuos interrogados en contextos teñidos por tortura.

[3] En este texto, Layda Negrete y Leslie Solís explican la importancia de reconocer y medir la magnitud del problema de la tortura, para así poder estar en posibilidades de atenderlo. Esta importancia es extensible a todas las violaciones graves de derechos humanos, en el sentido de que es necesario contar con mecanismos certeros que permitan medir de manera sistemática el fenómeno, para así poder hacer frente de manera más puntual y adecuada al problema.

[4] Por otro lado, cifras de Amnistía Internacional muestran que entre 2010 y 2013, la CNDH recibió más de 7 mil quejas por torturas y otros malos tratos, aunque se ha reducido el número de quejas en 2014. La misma CNDH, en su último informede actividades, reconoce que “la situación de los derechos humanos en México atraviesa un periodo de crisis que se presenta como el entorno más difícil en los 24 años que tiene de existencia este organismo” y agregó que “los recientes casos, que han lastimado sensiblemente el tejido social, se encuentran relacionados con graves violaciones a los derechos fundamentales, entre ellos: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales”. También, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) documentó, a través de solicitudes de información realizadas a la PGR, que entre diciembre de 2006 y diciembre de 2014, la PGR ha recibido 4 mil 055 denuncias por tortura.