Las medidas anunciadas por el presidente Peña en su mensaje del pasado jueves, refuerzan, no cambian, la estrategia de seguridad de los últimos años. Con la llegada de la nueva administración no hubo ruptura respecto a la estrategia de su antecesor, sino una pasmosa continuidad que se refuerza con los planteamientos recientemente anunciados. El presidente Peña ha propuesto reforzar la presencia federal en las zonas más vulnerables; contará con mecanismos para intervenir en aquellos municipios penetrados por el crimen organizado; promoverá una ley para establecer el mando único estatal. En su momento, el presidente Calderón soñó con contar con estos instrumentos que el Legislativo le negó. Mi pregunta es si ésta es la ruta correcta para resolver nuestro problema de seguridad.

El entorno de crisis demanda definiciones claras. Y el presidente Peña está haciendo una apuesta, arriesgada sin duda. En principio el Presidente propone una legislación que permita al gobierno intervenir, incluso disolver, ayuntamientos en los que exista evidencia de penetración del crimen organizado. Lo hizo antes en Michoacán, sin un marco legal que lo sustentara. La primera pregunta es si el gobierno federal tiene las capacidades para hacerlo, la segunda es qué pasará después de dicha intervención. Una cosa es contener o desactivar un conflicto, otra muy distinta es construir condiciones de estabilidad perdurables. En Michoacán parece que logra lo primero, pero está lejos de alcanzar lo segundo. Y éste es el problema: no tenemos un modelo probado que nos indique que el mecanismo pueda funcionar.

Sí tenemos, en cambio, ejemplos de procesos de pacificación que han funcionado. Pocos, pero paradigmáticos. Me llama la atención que no se hayan considerado al momento de definir la nueva oferta en materia de seguridad que ahora nos plantea el gobierno federal. Me refiero concretamente a casos como el de Nuevo León, Chihuahua, particularmente Juárez, y otras plazas que han encontrado los mecanismos para salir adelante. En ellos hay soluciones construidas desde lo local, con actores del propio lugar, en una fórmula en la que, por supuesto, tiene un peso la ayuda y presencia federal, pero no solamente. Ejemplos que desafían el paradigma vigente, pero que se soslayan en el nuevo planteamiento.

El Ejecutivo federal reconoce que hay que plantear con claridad las competencias de cada ámbito de gobierno en lo que respecta a la seguridad y a la justicia penal. Someterá al Legislativo una iniciativa al respecto. Pero al mismo tiempo públicamente se asumió como el único responsable en esta materia. Me llamó la atención que teniendo congregados en el mismo recinto a gobernadores y representantes de otros poderes, no los convocara a construir juntos los entornos de seguridad que merecemos.

Otro dato que llamó mi atención. El Presidente omitió referirse a otro componente de la seguridad, que él mismo puso en la agenda al iniciar su administración: la prevención. En su discurso no hubo mención a este tema ni a la política pública que tiene en marcha en esta materia. Más importante, olvidó a los jóvenes. Lastimosamente, los protagonistas de nuestro drama de violencia e inseguridad. Son jóvenes, mayoritariamente, las víctimas de la violencia. Son jóvenes en situación precaria, los perpetradores de estos crímenes. Son también ellos, los que llenan las calles en manifestaciones motivadas quizá por la incertidumbre de su porvenir. Ellos, otra vez, fueron olvidados.

En su lugar, el Presidente propone un plan emergente, un Plan Marshall, para las regiones más pobres del país. Un proyecto necesario, sin duda, que requerirá de recursos de los que hoy no disponemos y de una capacidad de ejecución que todavía no se ha probado. El Presidente abrió un nuevo frente, enorme, cuando todavía no logra cerrar otros tantos abiertos por las reformas recién aprobadas.

Me pregunto si no tendría más sentido asegurar que la Reforma Educativa pueda implementarse cabalmente en esos lugares que también son los que presentan las mayores resistencias. Asegurar acceso a educación de calidad a niños y jóvenes de esas regiones es un propósito más factible con un potencial transformador que no imaginamos. En esta región, hay que comenzar por lo básico: educación, salud, infraestructura social básica. Si no hemos podido con esto, cómo suponer que podemos convertirlos en polos de desarrollo.

Con todo, el mensaje presidencial marca un antes y un después. La agenda de seguridad y justicia no estará de hoy en adelante en un segundo plano. Falta todavía mucho entendimiento sobre los estragos que la violencia ha causado en nuestra sociedad. Falta empatía de nuestros gobernantes al drama que directa o indirectamente hemos vivido los mexicanos. Yo celebro que los mexicanos expresemos lo que manteníamos en nuestro fuero interno. Que nos atrevamos a decir ya basta. Y que estas expresiones no se queden sólo en eso. Debemos convertirlas en un motor de transformación.

Al calce

No habrá mejor señal de que el gobierno federal se compromete con la legalidad que un proceso justo, apegado al debido proceso, a los detenidos el 20 de noviembre.