Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

La prisión preventiva oficiosa es una aberración. Entiendo lo impopular que puede ser esta afirmación en el país de la impunidad. Escucho el eco de las voces que sostienen que la prisión automática es necesaria porque los delincuentes no deben tener derechos, o las de los que piensan que un sistema de justicia es eficaz en la medida en que encarcela –la cantidad de personas recluidas como sinónimo de éxito–. Lo siento: es y será una aberración.

Afirmo esto basada en mis principios, pero también en la evidencia. La prisión preventiva oficiosa no inhibe la comisión de delitos, no pone freno a la inseguridad. Lo que hace es imponer una pena privativa de libertad sin que medie un proceso que falle si el imputado es culpable o inocente. He conocido historias desgarradoras de personas que llegaron a prisión por esta modalidad y que siguen ahí después de años, porque el expediente se extravió. Las nuevas reglas procesales imponen límites al periodo en que una persona puede estar tras las rejas sin una sentencia, pero como bien sabemos la ley no siempre se observa.

Animal Político publicó esta semana un reportaje con este tema que no tiene desperdicio. Me gustaría que más medios se interesaran por el asunto, para que documenten lo que sucede con las personas que están en prisión sin sentencia. Para que cuenten sus historias, cómo ha sido su proceso allá adentro, por qué están ahí. La gran mayoría no son los criminales descastados que nos pinta el presidente en las mañaneras, son personas humildes que no pudieron detener una decisión extrema por parte del Estado. Lo que pasa en prisión con ellos es una historia que amerita contarse. Son vidas que se transforman en su paso por nuestros centros de “readaptación social”.

En la mejor tradición del populismo penal, se sintió en la feria y abrió el costal. Pensó que estos espejitos podrían mover nuestra atención de lo importante: lo que la justicia busca es resolver conflictos de la manera menos perjudicial posible para todas las partes.

Fue muy sorprendente que el presidente de la República, apenas iniciado su Gobierno, pusiera a consideración del Legislativo una reforma al artículo 19 constitucional para engrosar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Incluyó en él temas de corrupción, de delitos electorales, fiscales… En la mejor tradición del populismo penal, se sintió en la feria y abrió el costal. Pensó que estos espejitos podrían mover nuestra atención de lo importante: lo que la justicia busca es resolver conflictos de la manera menos perjudicial posible para todas las partes. La prisión preventiva no es justicia.

Ojo: eliminar la prisión preventiva oficiosa no implica descartarla como alternativa de medida cautelar en todos los delitos. Sin embargo, tiene que determinarse después de una deliberación: cuando entre el fiscal y el juez se decida que la persona debe estar privada de su libertad porque implica un riesgo para una persona, testigo o el proceso mismo. También se impone cuando el riesgo de fuga está presente. He aquí la diferencia entre una decisión arbitraria y otra que sigue un debido proceso.

Pienso que la postura radical del presidente ha tenido efectos paradójicos. Por un lado, los criminales de cuello blanco, los que señala todas las mañanas, siguen libres –los del pasado y los que se van acumulado en esta administración–. Ellos no han resentido el cambio en la norma (¿alguien puede creer que con la prédica diaria se controla la corrupción?). Por otro, están los que sí resultan afectados: mujeres y hombres en prisión porque son los más fregados en nuestra sociedad.

Hay otro efecto nada menor: la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa parece una señal para los operadores de justicia; una luz verde para el uso abusivo de esta medida. Sólo así se explica que entre diciembre de 2019 y agosto de este año se haya incrementado en 28% el número de personas en prisión sin sentencia.

Este incremento ha afectado más a las mujeres. Con ellas, la justicia se ensaña. Una de cada dos mujeres en prisión espera sentencia. En el caso de los hombres el número es de tres de cada 10. Ambos datos son inaceptables para un sistema que dice sustentarse en el principio de la presunción de inocencia.

El presidente se enojó porque la Suprema Corte echó para atrás la reforma al 19 constitucional, pero ésta hizo su trabajo, que es proteger los derechos de los mexicanos. Tal es la esencia del control constitucional que ejerce. Marca los límites del poder y hace sonar el silbato cuando se cruzan.

Necesitamos que la Corte tramite otros temas de especial relevancia para nuestros derechos. Ese silbato habrá de sonar más veces, antes de que sea demasiado tarde.