La presidencia de Arturo Zaldívar: lo bueno, lo delicado y lo esperanzador

Laurence Pantin (@lpantin) | Nexos 

Sus cercanos cuentan que, pese a ser un abogado litigante muy exitoso, Arturo Zaldívar buscó ser ministro de la Suprema Corte porque le mueve algo más que el dinero: la vocación por el servicio público.

Una vez que llegó allí, justo a mitad del sexenio de Felipe Calderón, comenzó a forjarse una reputación de ministro garantista, preocupado por el respeto a los derechos humanos y el debido proceso. Por ello, su ascenso en enero de 2019 a la presidencia no sólo de la Corte, sino también del Consejo de la Judicatura Federal, generó altas expectativas.

Con un estilo refrescante y una visión moderna de la impartición de justicia, el ministro presidente se presentó como aquél que pondría orden en el Poder Judicial Federal y garantizaría la independencia del mismo. No obstante, en sus primeros meses de mandato ha enviado mensajes cruzados que vale la pena analizar.

Lo bueno

Por una parte, a los pocos días de su llegada, y frente a los reclamos por el nivel de sueldos de los más altos funcionarios del poder judicial federal, logró que sus pares en la Suprema Corte y en el Consejo de la Judicatura redujesen su remuneración en 25% con respecto a 2018, sin afectar las de los servidores de más baja categoría.

Zaldívar también es el primer presidente de la Suprema Corte, en los últimos lustros, que ha reconocido de manera directa y abierta que el nepotismo es generalizado en el Poder Judicial Federal y que existen focos de corrupción. De hecho, fue muy sincero cuando explicó que contratar a familiares no es ilegal y, al ser una práctica común en el poder judicial, no se ve mal en éste. Esta apertura es importante porque solamente cuando se reconoce que existe un problema se pueden buscar mecanismos para resolverlo.

En ese sentido, es un acierto que, como presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Zaldívar haya buscado fortalecer algunos aspectos de la carrera judicial, al fijar en un acuerdo general del pleno del Consejo reglas más claras para la ratificación, adscripción, readscripción y reincorporación de jueces y magistrados. ¿Qué ayudó a clarificar? Por ejemplo, pese a que el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación enumera los elementos que debe tomar en cuenta el Consejo de la Judicatura para ratificar a los jueces y magistrados (como son el desempeño en el ejercicio de su función, los resultados de las visitas de inspección, su grado académico y cursos de actualización, así como el no haber sido sancionado por falta grave), en la práctica los juzgadores federales solían ser ratificados de manera casi automática. La única razón por la cual, excepcionalmente, podían no serlo era por alguna queja merecedora de una sanción. Así, el reciente acuerdo del Consejo endurece el proceso de ratificación de los juzgadores, al precisar los criterios citados en el artículo 121 y, más sustancial, especificar la manera en que serán evaluados, estableciendo los plazos, la puntuación aprobatoria y el tipo de información solicitada para tramitar la ratificación. De hecho, a raíz de este cambio el Consejo de la Judicatura Federal anunció su decisión de no ratificar a un magistrado “por acreditar deshonestidad en su actuar profesional”.

Asimismo, el acuerdo del Consejo instituye reglas más claras y objetivamente ponderadas para las adscripciones, lo que contribuye a darles certidumbre a los propios funcionarios judiciales y a reducir la arbitrariedad en estos procesos. También es positivo que el mismo acuerdo prevea que uno de los criterios que se tomarán en cuenta en los cambios de adscripción es la presencia de familiares en el mismo juzgado o tribunal.

También se tiene que dar crédito al ministro Zaldívar por haber incluido, dentro de las prioridades del Consejo de la Judicatura Federal para el próximo año, el fortalecimiento de la seguridad de los empleados del poder judicial y la implementación de un servicio profesional de carrera para sus funcionarios administrativos, dos elementos desatendidos hasta ahora. En efecto, ambos rubros aparecen como ejes de trabajo del Consejo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020.

Finalmente, pese a las críticas que le han llegado por ello, otro de sus méritos es la disposición a comunicar más, que parece responder a una voluntad de acercar el Poder Judicial a los ciudadanos.

Lo delicado

Ahora bien, algunos de estos aciertos podrían tener un doble filo. Es de celebrarse que Zaldívar sea el primer presidente del Poder Judicial en ofrecer una conferencia de prensa, pero el momento y tema principal que escogió no fueron idóneos. En efecto, a una semana de que Eduardo Medina Mora anunciara su salida de la Suprema Corte –sin una justificación clara y puntual dada por él mismo o el presidente de la República ni por el Senado–, los medios esperaban una reacción de parte de Zaldívar sobre este tema; sin embargo, no fue el caso. El ministro presidente de la Corte, más bien, tenía otra intención: informar de la suspensión de un magistrado por “inconsistencias graves” en su situación financiera. Aunque no reveló su nombre, a las pocas horas se supo que se trataba de uno de los magistrados encargados de resolver sobre las suspensiones al proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, y que se había pronunciado por mantener tales suspensiones. En suma, dio la impresión de que se trataba de un mensaje velado a los juzgadores que resuelven en contra de los intereses del presidente López Obrador.

Y allí está el otro lado de la moneda: si bien es notable la política de ‘indulgencia cero’ que ha emprendido Zaldívar en contra de los funcionarios judiciales que incurren en prácticas indebidas, los procesos disciplinarios no deben dar pie a la interpretación de que son utilizados para someter a los juzgadores, ni tampoco dejar de cumplir con el correspondiente debido proceso.

Finalmente, se echa en falta que el titular del Poder Judicial federal no responda a los fuertes cuestionamientos y ataques en contra de la institución por parte del presidente de la República o de ciertos senadores, con la misma vehemencia con la que defendió las críticas que recibió por declarar su simpatía ideológica y coqueteos con el mismo Andrés Manuel López Obrador.

Y quizás éste sea el meollo del asunto: no tenemos que olvidar que Zaldívar es el primer presidente de la Corte que no proviene de la carrera judicial. Lo que algunos consideramos en principio como una novedad provechosa –porque la “endogamia” en el Poder Judicial no es sana–, ciertos integrantes del mismo Poder Judicial lo ven como su pecado de origen. Precisamente por ello, Zaldívar no debería olvidarse de levantar el escudo para defender a los muchos funcionarios judiciales que hacen su trabajo con dedicación e integridad, ante las generalizaciones que lanzan sistemáticamente y que manchan su reputación.

Lo esperanzador

Ahora que reconoció su afinidad ideológica con el presidente López Obrador –lo cual no fue sorpresa para nadie y no está mal en sí[1]–, Zaldívar tiene otros tres años para probarle a los dudosos que, en los hechos, esta cercanía, al menos en su caso, no implica adhesión partidista ni mucho menos sumisión política.

Como ministro, Zaldívar demostró su integridad personal e independencia, pues en varias ocasiones fue capaz de enfrentarse y de resistir a las presiones del presidente Felipe Calderón, a quien debía su nombramiento en la Suprema Corte. Y ahí está su actuación frente a los casos de la Guardería ABC y Florence Cassez para retratarlo.

No se puede esperar menos de él, ahora que preside la institución.

[1] A partir del momento en que el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte es político y no basado en un concurso de oposición como para otras categorías de funcionarios, se acepta la posibilidad de que el Ejecutivo proponga ministros con los cuales comparten ciertos principios o una cierta visión del mundo, es decir, una ideología. De hecho, por ello se planteó en la reforma de 1994 que la designación de los ministros de la Corte sea escalonada, como es el caso en muchas partes del mundo. Esto busca evitar que un mismo presidente seleccione a una mayoría de ministros que podría serle afín. Ahora bien, no es lo mismo que un ministro coincida con el presidente en torno a la defensa del derecho al aborto o del matrimonio entre personas del mismo sexo, por citar unos ejemplos, a que compartan un mismo proyecto político o partidista.