La política de seguridad no ha salido de la caja negra

David Ramírez-de-Garay (@DavidRdeG) | Animal Político
La teoría de ventanas rotas (Broken Windows) es un modelo que explica la criminalidad urbana a partir del desorden. Si en un barrio se esparcen las señales de deterioro (grafitis, carros abandonados y vandalismo), los habitantes comenzarán percibir que el espacio público es inseguro y reducirán su uso. Este abandono erosiona la relación con las autoridades y, en caso de existir un problema, los habitantes no acudirán a la policía. En este punto, las calles se vuelven un escenario propicio para la criminalidad (Wilson y Kelling, 1982).
A partir de este mecanismo, la teoría sirvió de base para una diversa gama de estrategias de trabajo policial enfocado en atajar la reproducción del desorden y, por lo tanto, de la criminalidad. A este paquete de estrategias de trabajo policial se le conoce como política de tolerancia cero.
Una de las adaptaciones más controversiales fue el stop-and-frisk. Este procedimiento permitía a la policía realizar un cateo físico y un interrogatorio a cualquier persona que, a juicio del policía, provocara una sospecha razonable (reasonable suspicion). El objetivo era mantener o restablecer el orden, decomisar objetos ilegales –como armas o drogas– y desincentivar su uso.
Hacia finales de la década de los 80 e inicios de los 90 el stop-and-frisk fue una de las herramientas predilectas de trabajo policial en Nueva York durante las administraciones de Rudolph Giuliani (1994–2001) y Michael Bloomberg (2002–2013). Bajo la apariencia de que constituía una buena práctica de política pública, la estrategia ganó empuje y se replicó al interior y al exterior de EU. Un impulso más político que basado en evidencia.
Con el paso de los años se incrementó la información generada por las ciudades que implementaron la política de ventanas rotas. Con esta información, se comenzaron a realizar evaluaciones sobre los efectos de la perspectiva y del stop-and-frisk. Uno de los hallazgos más importantes fue que la reducción de la incidencia registrada en ciudades como Nueva York no estaba relacionada con la política de ventanas rotas (O’Brien, Farrell y Welsh, 2019).
La nueva evidencia comenzó a mostrar que las estrategias punitivas estaban generando otro tipo de problemas. Por ejemplo, se habían incrementado de manera significativa las detenciones y las quejas por parte grupos minoritarios, como los grupos afroamericanos y latinos.
Para efectos prácticos, está política policial, lejos de reducir la incidencia criminal, tuvo consecuencias que complicaron la lucha contra la seguridad. El empleo de estereotipos raciales como el principal criterio detrás de las detenciones, afectó de manera directa al contacto entre policías y grupos minoritarios. Con el paso del tiempo esto ha cristalizado en conflictos que desencadenan el uso de estrategias particularmente severas y violatorias de Derechos Humanos contra grupos minoritarios.
¿Por qué resulta relevante este ejemplo? Porque la evaluación que he mencionado no hubiera sido posible sin que el concepto de transparencia estuviera implantado como un modelo de gestión de la administración pública. Me explico. Gran parte de los trabajos que se realizaron para evaluar los efectos de la política de cero tolerancia empleó información generada por las instancias públicas, como los reportes policiales sobre las detenciones.

Nuestra transparencia es mero formalismo

¿Este tipo de trabajo sería posible en México? Tristemente, la respuesta es no. Por lo menos, no en el estado actual que guarda la transparencia gubernamental en las instancias de seguridad. Cualquiera que esté interesado en el estudio de la criminalidad y los fenómenos que la acompañan, requiere de información generada por las instancias administrativas y de datos oficiales sobre diversos aspectos del fenómeno. En México el acceso a dicha información se encuentra muy limitado.
Tan sólo pensemos en la información policial como insumo. En el contexto mexicano esta información es muy difícil de obtener por dos razones: no se genera o no se comparte por razones de seguridad. La transparencia y el acceso a la información pública, en general, tienen un importante nivel de rezago en las instituciones de seguridad en todos los niveles de gobierno. Se ha adaptado la transparencia y la rendición de cuentas en la dimensión formal, pero ha quedado pendiente su implementación como un elemento propio de la gestión institucional.
En este sentido, la transparencia es un atributo de la información gubernamental en el momento mismo en que se genera, y no sólo un procedimiento administrativo para responder peticiones de información. Un ente gubernamental es transparente cuando “mantiene un flujo de información accesible, oportuna, completa, relevante y verificable” (Cejudo, et al., 2012: 18).
Que la transparencia se haya quedado en el formalismo y no haya irradiado al modelo de gestión nos está generando severas consecuencias. Como muestra un botón: el país lleva más de 12 años usando a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y, hasta la fecha, no es posible calcular un índice de letalidad a partir de registros oficiales.
Recientemente se presentó el Informe sobre uso y abuso de la fuerza letal en América Latina: Un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela. Una de sus principales recomendaciones apunta justo en dirección al vínculo entre transparencia y gestión: “Debe existir, a nivel nacional y subnacional, un registro preciso sobre personas muertas y heridas en incidentes en los que participen miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Es indispensable, además, que estos datos sean divulgados regularmente, de forma que sea posible monitorear el fenómeno y tomar, en su caso, medidas preventivas o correctivas” (Pérez, Silva, Cano, 2019: pág. 171).
Cualquier ciudadano que esté interesado en conocer aspectos internos del funcionamiento policial se topará con toda una serie de problemas cuyo origen está en la falta de incorporación de las nociones de transparencia y rendición de cuentas en los flujos de información y sus procesos organizativos. Como resultado, no sólo se perpetúan instituciones que operan como cajas negras, sino que la falta de transparencia se convierte en contexto propicio para el mal funcionamiento de las instituciones.
Pero la transparencia también es un insumo clave para la evaluación de política pública. En este sentido, la política pública enfocada a mejorar la seguridad de los ciudadanos tendría que estar sujeta constantemente a evaluación. Dada la falta de transparencia en las instituciones de seguridad y sus procesos, su evaluación es por demás complicada.
Las políticas públicas de seguridad que se han implementado (o intentado implementar) en los últimos 12 años se han caracterizado por la falta de evaluación. A pesar de ello, no son pocos los ejemplos de las políticas que siguen apareciendo como la solución al problema. Como es el caso de la prisión preventiva oficiosa para reducir la incidencia o el uso de armas de fuego. Gran parte de ellas o no han sido evaluadas o desatienden de manera franca la evidencia que se ha acumulado en otros países.
Las políticas públicas de seguridad y justicia no pueden estar exentas de las obligaciones de transparencia. La importancia de la ‘socialización’ de la información que generan se extiende hacia la planeación misma de la política y de su evaluación, requisitos indispensables para lograr que las instituciones públicas cumplan con sus objetivos.
¿Qué hacer? Hay que diseñar planes específicos para lograr que las policías adopten la transparencia en sus formas de trabajo. De igual forma hay que destinar recursos para que las organizaciones tengan las capacidades técnicas y organizacionales para mejorar sus modelos de gestión. Todo lo anterior sin olvidar que los propios funcionarios también tienen que ver a la transparencia como un valor intrínseco a su trabajo y no como una carga.

Brevísima bibliografía
Cejudo, G., López S. & Ríos A. (2012). La política de transparencia en México: instituciones, logros y desafíos. México. CIDE.
O’Brien, D. T., Farrell, C., & Welsh, B. C. (2019). Looking through broken windows: the impact of neighborhood disorder on aggression and fear of crime is an artifact of research design. Annual Review of Criminology, 2, 53-71.
Pérez C., Silva C., y Cano I. (2019) Informe sobre uso y abuso de la fuerza letal en América Latina: Un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Ciudad de México. https://www.monitorfuerzaletal.com/app/yYbe3CMw0yphPI1GCmbriz2Ggz0rnC52hwINtj7j.pdf
Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (1982). Broken windows. Atlantic monthly, 249(3), 29-38.