Por Leslie Solís (@Leslie_fs) y Layda Negrete (@LaydaNegrete)

A pesar de representar una enmienda a una falta grave, la recaptura del Chapo dio pie a una fiesta a la que estuvieron invitados los funcionarios de la administración pública federal. En la celebración que rindió especial tributo a las fuerzas de seguridad, el presidente Enrique Peña Nieto terminó por catalogar el evento como un “importante logro en favor del Estado de Derecho en México”.

Al día siguiente de la detención, la Procuradora General de la República, Arely Gómez, informó que Guzmán Loera sería “trasladado nuevamente al centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano”, es decir, al mismo centro penitenciario del cual se fugó en julio de 2015 —tan solo seis meses antes^[1]. La decisión parece extraña, ya que se sospecha que Guzmán Loera tuvo acceso a losplanos del centro del que logró escapar.

En el país existen tres centros penitenciarios federales de alta seguridad: el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1 “Altiplano” (Estado de México), el Cefereso 2 “Occidente” (Jalisco) y el Cefereso 3 “Noreste” (Tamaulipas). El Chapo ha logrado escapar de dos de éstos: del penal de Occidente en febrero de 2001 y del Penal del Altiplano en julio de 2015, como ya lo mencionamos.

La evaluación independiente de los penales de máxima seguridad del país realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2014 nos muestra que el Altiplano presenta pocas ventajas sobre las otras dos opciones que tenían disponibles nuestras autoridades federales para albergar al Chapo o sobre el promedio de Ceferesos del país. Esta evaluación también revela que la gestión de estos centros de máxima seguridad está lejos de ser impecable.

Deficiencias en aspectos de seguridad en los tres penales de máxima seguridad del país

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) que elabora la CNDH año con año es por el momento la única evaluación externa publicada sobre las condiciones de todos los centros de privación de libertad estatales, federales y militares. Este ejercicio analiza una serie de factores ponderando aspectos de seguridad, al lado de aspectos de infraestructura y de protección de derechos humanos.[2]

A la luz de los criterios del DNSP, los tres centros tienen calificaciones globales muy cercanas entre sí, aunque el penal de Occidente en Jalisco cuenta con una ligera ventaja (Figura 1). Es más, parecen presentar pocas ventajas sobre el promedio de Ceferesos en todo el país: por ejemplo, la CNDH califica con 6.98 al Altiplano y 6.6 al Cefereso 3 de Tamaulipas, mientras que el promedio nacional para los centros federales es de 6.83. En el rubro específico de condiciones de gobernabilidad, el promedio nacional para los centros federales es muy similar (7.65) a la calificación de los penales del Altiplano o de Tamaulipas (7.71 y 7.68, respectivamente).

En general, los centros federales en el país, y en particular los tres Ceferesos de máxima seguridad, cuentan con muy buenas calificaciones en cuanto al ejercicio de las funciones de autoridad en temas de control de seguridad y la capacitación de su personal de seguridad y custodia. Sin embargo, el promedio de Ceferesos a nivel nacional también cuentan con buenas calificaciones en estos dos rubros.

Adicionalmente, algo que llama la atención es que los tres penales de máxima seguridad han recibido, en esta administración, calificaciones reprobatorias en otros rubros de seguridad que parecen clave. Así, en el último año de evaluación disponible (2014), dichos centros han merecido calificación de cero en cuanto a la suficiencia de su personal de seguridad, lo cual es inaceptable. Además, tanto el Cefereso 1 (Estado de México) como el 3 (Tamaulipas) reprueban en los aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno –lo cual va en contra de la misma Constitución mexicana, la cual especifica, en su artículo 18, que el sistema penitenciario debe basarse en el respeto a los derechos humanos.

Debilidades y fortalezas en la gestión del penal del Altiplano a lo largo del tiempo

Después de la fuga del Chapo, recordamos en un comunicado que meses antes, más precisamente desde finales de 2014, cuando publicó el Diagnóstico referente a 2013, la CNDH había advertido sobre serias debilidades en el penal del Altiplano. Un año después, como se registra en el DNSP 2014 (publicado a finales de 2015), la CNDH todavía encontraba problemas en cuanto a la suficiencia del personal de seguridad y custodia. Asimismo, señalaba la presencia de objetos y sustancias prohibidas en el Altiplano.

De hecho, entre 2012 y 2014, el Altiplano registró una disminución de la calificación que le otorga la CNDH, al pasar de 7.95 a 6.98. Este deterioro se debió principalmente a una caída de la calificación de los aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno (de 7.44 a 5.6). De igual forma, bajó la calificación de sus condiciones de gobernabilidad, al pasar de 8.64 a 7.71 en el mismo periodo.

Reducción de la sobrepoblación de internos en el Altiplano: un huequito para el Chapo

Una ventaja que presenta hoy el Altiplano en comparación con los penales alternos es el aspecto de espacio. Según datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) —publicados a través de los cuadernos mensuales de estadísticas penitenciarias— la población del Altiplano se ha reducido en meses recientes, resolviendo el problema de sobrepoblación que existía anteriormente y había sido detectado por la CNDH. Así, por ejemplo, de junio —antes de la fuga del Chapo— a noviembre de 2015, la población se redujo de 1 mil 31 a 828, lo cual implica una reducción de 19.7 por ciento en cuatro meses. De forma puntual, en un solo mes, de octubre a noviembre de 2015, bajó la población de este Cefereso de 928 a 828 personas. Esta reducción de 100 personas en un mes significó que el Altiplano pasó de tener una sobrepoblación de 11 por ciento a contar con espacio extra.

Por el contrario, el Cefereso 2, en Jalisco, mantiene una importante sobrepoblación: 33.8 por ciento en noviembre de 2015, de acuerdo con datos de la Segob, es decir que contaba con una población de 1 mil 391 en un espacio para 1 mil 040. Por su parte, la población del Cefereso 3, hasta octubre de 2015 fue casi idéntica a su capacidad (839 personas en un espacio para 836).^[3] Esto nos obliga a cuestionar si un centro penitenciario que cuenta con sobrepoblación puede considerarse de alta seguridad ya que esta situación tiene como consecuencia que el penal cuente con aún menos custodios para cuidar la seguridad de las personas privadas de la libertad y que puede surgir una “disputa por los espacios, los alimentos y los servicios” que debe brindar la institución. 

Mejoras en las condiciones de seguridad del Altiplano que resaltan las autoridades federales 

Independientemente de la evaluación de la CNDH y de los datos de población penitenciaria proporcionada por Segob, las autoridades federales han argumentado que han mejorado las condiciones del Altiplano. Así, afirman que han colocado perros entrenados para detectar el olor de Guzmán Loera, que el Chapo cambiará de celda con frecuencia, que las cámaras de videovigilancia ya no tienen puntos ciegos y que se rellenó con tierra y rejas de acero parte del túnel que el Chapo usó para su escape. Finalmente, han argumentado que el grosor del suelo de cemento aumentó de 12 a 60 centímetros, entre otros aspectos.

Conclusión 

Como ejemplificamos a lo largo de este texto, los centros federales de privación de la libertad considerados de mayor seguridad en México tienen problemas importantes que han sido identificados tanto por la CNDH como por la misma Segob. Es necesario subsanar estas debilidades, pues aspectos tales como el insuficiente personal de seguridad y custodia, la detección de objetos y sustancias prohibidas o la sobrepoblación podrían poner en duda su capacidad de brindar alta seguridad. Tampoco quedan claras las ventajas del penal del Altiplano, o en general de los centros de máxima seguridad, sobre el promedio de los centros federales en el país, pues en 2014 la CNDH evaluó con calificaciones similares varios aspectos, como las condiciones de gobernabilidad, la normatividad, el control sobre la seguridad, la ausencia de actividades ilícitas, la ausencia de cobros, e incluso la capacitación del personal penitenciario (Figura 1). Cabe señalar que algunos cambios recientes –como las mejorías que el gobierno anunció que se realizaron en el penal del Altiplano previo al reingreso del Chapo– aún no se ven reflejadas en estadísticas oficiales ni en evaluaciones independientes, por lo que tendremos que seguir monitoreando y analizando dicha información en cuanto esté disponible.

* Layda Negrete es Coordinadora del Proyecto de Calidad de la Justicia de México Evalúa y Leslie Solís es Investigadora del mismo proyecto.

^[1] La recaptura de Guzmán Loera en Sinaloa ocurrió seis meses después de su fuga del penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, el 11 de julio de 2015, por medio de un túnel de un kilómetro y medio que se construyó sin que las autoridades se dieran cuenta. Este hecho mandó una señal contundente sobre el déficit de calidad en las instituciones encargadas de la impartición de justicia en el país.

[2] El DNSP se basa en cinco rubros: aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, aspectos que garantizan una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno, y grupos de internos con requerimientos específicos.

^[3] Además, de acuerdo con los datos más actualizados disponibles de Segob, el CEFERESO 3, en Tamaulipas, pasó de una población de 839 a una de 0 entre octubre y noviembre de 2015.